Nuestro punto de partida: un mundo en rápida transformación que favorece a los grandes capitales  

Las transformaciones del orden geopolítico global en las últimas décadas han consolidado una crisis estructural que pone en jaque nuestra soberanía, volcando sus efectos más brutales sobre el territorio de América Latina. Vivimos una profunda crisis del multilateralismo donde el sistema jurídico internacional, con la ONU y la OMC a la cabeza, se muestran impotentes y cómplices ante las violaciones flagrantes de los derechos humanos básicos. En este escenario, el discurso “antiglobalización” de la derecha global, encarnado por figuras como Donald Trump, ha puesto a las resistencias y movimientos sociales en un gran problema. 

Esta parálisis institucional global coincide con una feroz crisis energética y ecológica que vuelve a colocar al petróleo en el centro de la escena bélica, sumando ahora la disputa por el acceso a minerales críticos para la transición energética corporativa, la hiper-digitalización y el crecimiento armamentista alarmante, a la vez que los precios históricos de los metales preciosos como el oro (en tanto reserva de riqueza) impulsa aún más el extractivismo minero. 

Así, nuestro continente se ha convertido en el foco de una agresiva disputa geopolítica por el control del agua y los minerales críticos. Para garantizar este despojo, los poderes hegemónicos despliegan estrategias de chantaje, bloqueos y asedios políticos y económicos contra naciones como Cuba, intervenciones militares explícitas como en el caso de Venezuela, o la intervención electoral estadounidense y la represión militarizada de las organizaciones y comunidades como los que sufre el pueblo de Honduras.

Hoy vemos un capítulo alarmante en nuestra propia región. Los gobiernos latinoamericanos operan como gerentes locales del mercado, sosteniendo todas las condiciones jurídicas, impositivas y fácticas para atraer al capital transnacional. Al imponernos estos proyectos a las comunidades locales sin debate público ni información previa, los Estados exponen con absoluta claridad el rol de subordinación que el capitalismo le asigna a América Latina: la explotación intensiva de nuestros bienes comunes. ¿Cómo se sostiene este saqueo? Mediante la creación forzada de zonas intensivas de acumulación que, detrás de falsas promesas de “derrame de dólares” y cifras macroeconómicas de “crecimiento”, esconden una profunda desigualdad, procesos de despojo y desplazamiento y la desarticulación completa de nuestros derechos humanos, sociales, laborales, indígenas y ambientales.

El resultado de este modelo es la consolidación de zonas de sacrificio ambiental y sanitario, donde se siembra enfermedad y muerte para garantizar las ganancias corporativas. Esta es la verdadera cara del desarrollo capitalista: un beneficio exclusivo para las empresas transnacionales donde el extractivismo es su forma más visible y violenta.

La arquitectura jurídica global y el sistema de arbitraje internacional

En las últimas décadas, el capital transnacional ha ensayado múltiples y perversas formas de garantizar sus ganancias extraordinarias a costa del sufrimiento de nuestros pueblos. La expansión de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) no han sido herramientas de desarrollo, sino los mecanismos coloniales que permitieron consolidar una estructura regulatoria a la medida de las grandes transnacionales. A través de este entramado jurídico, las corporaciones han sometido los territorios y comunidades a las dinámicas del capital global. 

Es en este marco de entrega donde surge el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados, conocido como ISDS (por su sigla en inglés). La conformación de estos tribunales internacionales de arbitraje —verdaderos jurados mafiosos— tiene como único objetivo garantizar la impunidad y el libre movimiento de entrada y salida del capital en nuestros territorios. ¿Cómo funciona esta trampa? Permitiendo que las empresas demanden a los Estados si consideran que cualquier política pública soberana (incluso las concebidas para proteger el medioambiente o la salud de la población) afecta sus proyecciones de ganancias. Estas demandas eluden por completo a las cortes nacionales, pisoteando las constituciones de los países. En todo el mundo, estos tribunales corporativos han garantizado ganancias multimillonarias para las transnacionales, saqueando el interés público y las arcas de los Estados.

Hoy vemos un nuevo capítulo de este saqueo en nuestra propia región. América Latina está siendo asediada con más de 400 demandas, la mayoría de ellas asociadas a proyectos extractivos o financieros que las grandes corporaciones han visto frenados, muchas veces, gracias a la presión de las luchas territoriales. Colombia, México, Bolivia, Honduras, Perú, Panamá, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Chile y Argentina son sólo algunos de los países que sufrimos los impactos económicos, ambientales y sanitarios de este sistema jurídico de la impunidad. El crecimiento de los costos (ya sea por el pago de laudos escandalosos o por los procesos administrativos que conlleva el sistema) y la pérdida planificada de capacidad por parte de los Estados para interponer medidas de protección a la población, promueven el avasallamiento impune de los territorios.

La afectación de las comunidades, en la mayoría de los casos comunidades originarias íntimamente relacionadas con estos territorios vulnerados, implica una violación sistemática de derechos fundamentales asociados a nuestra soberanía territorial, la salud, la educación, al ambiente sano y a la vida misma. Junto con esto, la respuesta corporativa es la violencia: quienes se oponen al desarrollo de estas actividades destructivas son criminalizados, perseguidos, encarcelados e incluso asesinados por las fuerzas represivas y grupos paramilitares.

Esta arquitectura de la libre movilidad de capitales y mercancías va en detrimento directo de la posibilidad de generar mecanismos reales para mitigar o reducir la emergencia climática global. Lejos de frenar el colapso, este entramado jurídico para la ganancia no sólo avala la emisión criminal de gases de efecto invernadero, sino que las potencia, generando intercambios comerciales ineficientes e insostenibles en términos ambientales.

Este andamiaje regulatorio global se caracteriza por una ausencia total de participación ciudadana, socavando la autodeterminación de los pueblos. Las principales partes damnificadas en este proceso (nuestras comunidades, pueblos originarios, trabajadores y trabajadoras, mujeres y niñeces) no tenemos mecanismos en ninguna de las instancias nombradas para controlar y, todavía menos, para influir en las decisiones que destruyen nuestro futuro. Todo se resuelve a puertas cerradas en tribunales de arbitraje extranjeros que responden al dinero.

En suma, esta arquitectura jurídica de la impunidad viola sistemáticamente los derechos humanos, ambientales, indígenas, sanitarios, económicos y políticos de los pueblos de América Latina para llenar los bolsillos de un puñado de corporaciones transnacionales.

¿Quiénes somos y qué proponemos frente a esto?

Desde hace décadas, las resistencias populares luchamos contra el saqueo de nuestros territorios bajo la certeza de que la naturaleza no se privatiza y que los bienes comunes sostienen nuestra cultura, identidad, vida y trabajo. No podemos permitir que la tierra se entregue ignorando las necesidades e intereses de las comunidades campesinas, pueblos originarios y afectados directos por el extractivismo.

Hoy nos encontramos ante un cambio de época que nos obliga a reconvertir discursos y estrategias. Aunque el escenario para construir alternativas al sistema es complejo y está marcado por el cierre de espacios de la sociedad civil y la persecución gubernamental, nuestra articulación y los procesos de fortalecimiento y ejercicio de los derechos desde abajo se vuelven fundamentales.

Por esto, en abril de 2026, activistas ambientales, abogados/as, lideres y lideresas de pueblos originarios y movimientos territoriales, representantes de organizaciones sindicales y del movimiento feminista nos hicimos presentes en el Encuentro de Formación de Defensores/as Comunitarios/as y de los Territorios. Desde los rincones más lejanos de nuestro continente: Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, nos hicimos presente para articularnos frente al entramado jurídico de estas grandes corporaciones, socializar los impactos de estas dinámicas en nuestros territorios, realizar un diagnóstico común y establecer líneas de trabajo que nos permitan plantear una resistencia regional para, desde allí, construir nuestro mundo. Quienes fuimos parte de este encuentro, decidimos constituir la Red continental América Latina Soberana – Frenemos las demandas de las transnacionales, con el objetivo de consolidar la red de articulación y fortalecer nuestro trabajo territorial en torno a estas temáticas.    

Entendemos que el ejercicio de los derechos colectivos desde lo local, la articulación regional y con alianzas estratégicas comprometidas y la movilización en las calles siguen siendo la herramienta más efectiva para frenar esta avanzada extractivista. Frente a la violencia institucional y los riesgos reales que enfrentan quienes defendemos el territorio, es urgente robustecer el resguardo comunitario, subsanar los problemas de articulación interna y resolver la falta de recursos para el trabajo desde y con las bases.

Para potenciar la riqueza histórica de las organizaciones sociales y desarrollar nuevas herramientas, definimos que es fundamental:

–        Generar dinámicas articuladas de investigación, promoviendo la sistematización, información y formación interna en torno a las demandas de las empresas transnacionales en nuestros países;

–        Consolidar una estrategia comunicacional común, sólida que complemente la acción en los territorios;

–        Promover la red y las alianzas Sur-Sur y conectar la acción local con redes globales;

–        Fortalecer las soberanías territoriales y comunitarias de los pueblos, rediscutiendo el rol del Estado y sus capacidades.