Manuel nos cuenta, que todos los días están llegando nuevas personas desplazadas o víctimas de la violencia a Bogotá, hecho que ha generado una especie de ruptura de las mismas sociedades que confluyen en la ciudad, lo que ha ocasionado un enfrentamiento entre los pobres marginalizados (los ocupantes) y los que son victimas del conflicto (los desplazados) para hacerse a los Servicios del Estado.
“Es que todo se lo dan a los desplazados; pero es que los desplazados tampoco están recibiendo nada; lo que reciben también es precario ”
Aunque este problema es aún más complejo, profundiza Manuel, ya que observa la difícil tarea en que un ente (instituciones prestadoras del servicio estatal) territorial “tengan la responsabilidad de garantizar medidas de atención a las víctimas y a la par tengan que estar brindando, como es su obligación, una política de bienestar para las personas que son propias de su territorio, sin que los otros no lo sean; entonces, llevar como los dos procesos de bienestar es supremamente complejo, y más que esto se refleja en escenarios de violencia; por ejemplo, en los colegios se presenta discriminación con las personas desplazadas”
Algo de historia; con la ley 1448 inicia un proceso institucional por la reconstruccion integral de las victimas y posteriormente se activa un proceso que genera debate a esta política. Pero no hay que olvidar que para que se diera este proceso habían transcurrido más de 40 años de trashumancia hacia Bogotá por causa de distintos tipos de violencia, en su mayoría por ejercicios de destierro. El CODHES (Consultoria para los Derechos Humanos y el Desplazamiento) en su boletín 44 señala como desde 1985 ha habido un éxodo de 2 millones 900 mil colombianos y colombianas dentro de su propio territorio, sin que el Estado lo haya podido evitar y sin la capacidad de garantizar la reparación integral.
En Bogotá, localidades como Ciudad Bolivar en Bogotá, inician su fundación como un gran asentamiento de desplazados, que debieron abandonar sus tierras, desde distintas poblaciones colombianas, desde que inicio la intensificación de la violencia armada.
Miremos las cifras, según estudios del CODHES entre 1995 y 1996 fueron desplazados por causa de la violencia alrededor de 181 mil personas, lo que indicaba que cada hora en Colombia se desplazaban 4 familias , dando como porcentaje para la época de uno por cada cuarenta colombianos en situación de desplazamiento.
Para el 2009 el CODHES estimó una tasa de crecimiento continuo con los años anteriores, con un registro de 286.389 para este año, que siendo decreciente al del año anterior en un 24 %, ven preocupante el nivel y el desarrollo del desplazamiento interno, boletín número 76.
EL CODHES para el 2012 dice que en la cifra elaborada por organismos oficiales de un número de 3 millones 800 mil desplazados, existe un subregistro del 25 por ciento. Afirma, que en lo corrido de los años hasta el 2012 la cifra supera los 4 millones de desplazados, siendo las cifras más críticas el 2000 y el 2002. Por lo tanto, es preocupante las cifras en el número de desplazados, y la imposibilidad que los procesos para que una verdadera justicia de reparación integral de las victimas sea real.
La pregunta, entonces, es razonar si en verdad se cumple el objetivo principal de la ley, en medio del conflicto ¿se ha hecho posible el goce efectivo de los derechos de la verdad, la justicia y la garantía de no repetición, reconociendo la condición de las víctimas y la condición de una vida digna para cada uno de ellos a través de la materialización de sus derechos constitucionales?
Colombia Informa sostuvo una conversación con Andrea y Manuel para intentar darle una respuesta a esta pregunta, con el fin de aclarar un poco la situación de los desplazados en la ciudad de Bogotá.
“Se esconde la pobreza para que la inversión se garantice, por eso es que los sectores con mayor población desplazada está en la periferia: San cristobal, Ciudad Bolivar, Bosa, Kennedy, Suba…”
La mayoría de victimas en el país del conflicto armado llegan a Bogotá en busca de oportunidades. Además cada uno o una, según sea el caso, deben pasar por un difícil proceso burocrático que viene desde el reconocimiento a cada lugar que llega como víctima hasta poder conseguir un techo en que descansar, por otro lado, la mayoría desconocen cuales son los procesos que deben seguir según la ley, para que sus derechos no sigan siendo vulnerados y puedan acceder a los “beneficios”.
“Se crean medidas de atención (para las víctimas) estando en el conflicto, negando el conflicto… bajo la excusa de un régimen de transición”
Las peripecias que debe hacer un desplazado al llegar a Bogotá son muchas, teniendo en cuenta las distintas trabas gubernamentales que debe llevar a cabo para ser reconocido como víctima. El desterritorializado debe iniciar una nueva vida en ceros, dejando atrás el producto de varios años de trabajo. Por tanto al llegar a la ciudad debe activar las redes sociales, si las tiene, para poder sobrevivir y conseguir algún empleo, seguramente informal, y en otros casos, si no encuentra más posibilidades hacer parte de los habitantes de la calle y ejercer la mendicidad.
“…el conflicto no se ha acabado, entonces, ¿cómo hacer proyectos o políticas amplias que lleguen o que desencadenen por ejemplo la reconciliación si no se hace el camino que es el acceso a la justicia, la verdad, la reparación, las garantías de no repetición, que eso sería como lo ideal?, pero mientras esté el conflicto en caliente creo que es muy difícil”
El Estado ha sido incapaz de realizar la reparación de las víctimas del conflicto armado, al no garantizar el cumplimiento de la ley de reparación integral, los desplazados han tenido que esperar varios años sin que se les resuelva su situación, y en la mayoría de casos mantener sus situación en la impunidad.
“La ley bandera del gobierno pasado era la ley 975 y a siete años de su implementación tenemos 4 o 5 sentencias que resuelven temas de reparación y ni siquiera el tema de Mapujan que fue la sentencia de reparación ha sido entregada”
“Esas leyes de reparación tienen unas trampitas, por ejemplo, el decreto 1290 y fue unas de las cosas que adopto la ley 1448, anuncia que el plazo para hacer efectiva la reparación es de 10 años. El tiempo en el que yo declaro y en el que me es entregada la reparación puede ser hasta un tiempo indefinido. Una cosa es que yo declare, otra que me reconozcan y otra que me entreguen, y entre que me reconozcan y me entreguen hay un plazo de 10 años, entonces imaginensen cómo en que forma se puede pensar en reparación integral en un año, en un marco jurídico como ese. Una viejita que venga acá porque perdió su familia completa y espere 10 años para esperar la reparación y mientras espere ya no esté ”
Manuel y Andrea finalmente nos hablan de la importancia de tomar conciencia y que las personas afectadas sean sujetos políticos transformadores desde la organización colectiva para poder cambiar prácticas terribles “como es de creer que el derecho a la verdad se soluciona en un estado judicial, porque la verdad que se cuenta, es la verdad de los victimarios y más con un marco como el de justicia y paz”.
“¿Cómo garantizar reparación desde lo comunitario?, esa es la pregunta que se nos empieza a plantear. Desde el derecho crítico, uno puede comenzar a pensar en eso. ¿Cómo el derecho crítico me ayuda a buscar la respuesta a la reparación comunitaria?, ¿Cómo desde lo comunitario se puede hablar de verdad?, ¿Cómo desde lo comunitario se puede hablar de justicia?
El CAVIDH es un centro de asistencia a víctiams que funciona en asocio con la Secretaria de Gobierno de Bogotá, en función al acuerdo 370 de 2009, derivado de los lineamientos de las políticas públicas, para favorecer a las víctimas de las graves violaciones a los DDHH, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. En estos momentos 8 de estos centros están ejerciendo estas labores en el Distrito Capital.
