El martes pasado, varias organizaciones de derechos humanos de Colombia, y organizaciones de la sociedad civil, le solicitaron al presidente del gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, su apoyo en la lucha contra la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos, cometidas en su mayoría por la fuerza pública y por los grupos paramilitares, que a pesar de lo que se dice, no se han desmovilizado.

 

 

El evento contó con la presencia del representante de la Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO), Emmanuel Raison, Juan Acevedo de la Corporación Reiniciar, Enrique Santiago, representante de la organización Justicia por Colombia, y Eduardo Carreño, miembro del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y vocero de la Coordinación Colombia Europa estados Unidos.

Según la agencia de prensa Europress, el abogado Eduardo Carreño precisó que en la actualidad 133 congresistas colombianos están siendo investigados por sus vínculos con el paramilitarismo, de los cuáles 45 están presos y otros 20 ya han sido condenados a penas de entre 5 y 7 años de cárcel por delitos de “concierto para delinquir agravado” y “constreñimiento a los electores”.

Estas cifras ponen de relieve, a su juicio, las relaciones entre los paramilitares “con políticos vinculados al uribismo”, al tiempo que denunció la presión que ejerce el Gobierno de Uribe a las instancias judiciales “para favorecer a sus amigos” investigados y en algunos casos “familiares” del mandatario.

Por su parte, según la misma agencia, el representante de la organización Reiniciar, Juan Acevedo, lamentó que aunque en los últimos cinco años 3.000 paramilitares se han desmovilizado en Colombia no existe “ni un solo caso de sanción en firme contra estos paramilitares” por sus actividades.

Ejecuciones Extrajudiciales Y Desapariciones

Carreño denunció también el escándalo de los llamados ‘falsos positivos’ o “ejecuciones extrajudiciales” cometidas en el país, muchas de ellas atribuidas a las fuerzas del Estado, mientras que el número de personas desaparecidas se eleva a unas 50.000 en todo el país, según datos de la Fiscalía colombiana.

Entre 2002 y 2008 se registraron 14.700 ejecuciones extrajudiciales en Colombia y Carreño puso de relieve que en los dos últimos años 2.200 familias colombianas han denunciado la desaparición y asesinato de familiares suyos reclutados por las fuerzas de seguridad del Estado bajo la promesa de un contrato laboral aunque posteriormente fueron presentados como secuestradores, mientros de la guerrilla o paramilitares y asesinados.

Carreño lamentó que aunque el Gobierno ha destituido a 40 miembros de la fuerza pública, incluidos tres generales, “las investigaciones penales contra ellos no se han desarrollado”, motivo por el cuál solicitó al Ejecutivo español que “acompañe estos procesos judiciales” para garantizar la Justicia, el fin del exterminio de opositores políticos y el libre ejercicio de profesiones como la defensa de los Derechos Humanos y el periodismo.

Escuchas ilegales

Carreño denunció también el escándalo de las escuchas ilegales efectuadas por “un grupo clandestino creado dentro del DAS” para espiar a opositores, sindicatos, activistas de Derechos Humanos, periodistas y magistrados.

Precisó que la Fiscalía General colombiana impulsó una investigación de las escuchas ilegales que contribuyó a la detención de 12 altos funcionarios de los servicios de Inteligencia del país, incluido el ex jefe del DAS Jorge Nogueira, acusado de perpetrar varios homicidios de dirigentes sindicales, así como la de otros “cuatro secretarios privados del presidente”.

Por otra parte, Acevedo denunció que en los últimos años el número de desplazados forzosos se ha “incrementado dramáticamente” en el país hasta contabilizar cinco millones y, asimismo, puso de relieve “los problemas muy graves” de despojo de tierras –6 millones de hectáreas– de comunidades rurales e indígenas. De hecho, 34 pueblos indígenas del país están ya “en peligro de extinción”.

Asimismo, abordó otros dos problemas que afronta Colombia como son el número “preocupante” de sindicalistas asesinados en el país –39 en 2008 y 30 en lo que va de año–, cifras que demuestran que Colombia es “el país más peligroso para el ejercicio de la labor sindicalista” y, en segundo lugar, la “situación dramática” de las violaciones y abusos cometidos contra las mujeres en Colombia como “arma de guerra”.

Ante estos hechos, Acevedo advirtió de que “Colombia vive o camina peligrosamente hacia una desinstitucionalización” del Estado, no sólo por los “ataques sistemáticos” contra todos estos colectivos sino también por su absorción de “los organismos de control y fiscalización del Estado”.

Bases militares en Colombia

Para Acevedo el acuerdo militar suscrito recientemente entre Bogotá y Washington por el que el Ejército estadounidense podrá utilizar hasta siete bases en territorio colombiano supone “la demostración más palpable del fracaso” de la política de seguridad impulsada por Uribe y advirtió de que los 800 soldados y 600 contratistas estadounidenses que podrán desplegarse en las bases colombianas podrían cometer “graves violaciones a los Derechos Humanos” con total “impunidad”.

Por ello, instó al Gobierno español a que desde la presidencia de la UE apoye la denuncia de estas organizaciones con el objetivo de que “se revierta el acuerdo”.

Otras peticiones y recomendaciones

Acevedo instó al Gobierno español, en vísperas de que asuma la presidente de turno de la UE en enero de 2010, en primer lugar a que reconozca que el conflicto armado en Colombia continúa y contribuya a promover una política de diálogo para alcanzar “una solución política” al mismo.

Asimismo, instó al Gobierno a que desde la presidencia de la UE “condicione la firma” del Tratado de Libre Comercio que negocian la Unión Europea y Colombia “al respeto de los Derechos Humanos”.

Por su parte, el representante de la organización Justicia por Colombia, Enrique Santiago, instó al Gobierno español a condicionar su cooperación con el Estado colombiano “al respeto estricto de los Derechos Humanos” y aclare si fondos de cooperación han sido “desviados” para “militares que cometen crímenes de lesa humanidad” en forma de “recompensas por estos falsos positivos” y, por otra parte, le instó a que “cese la cooperación militar” con Colombia por el conflicto interno.

Además, instó a la Comunidad de Madrid a aclarar si parte de la ayuda al desarrollo medioambiental regional destinada a la formación de “paramilitares reconvertidos en guardabosques” en Colombia implica a efectivos “investigados por “graves violaciones”.

Igualmente reclamó que el Gobierno español se comprometa a apoyar los principios de “verdad, justicia y reparación” para que se conviertan “en una realidad” en Colombia e impulse desde la presidencia de la UE “mecanismos concretos de acompañamiento diplomático” para garantizar la protección de las victimas.

Por su parte, Raison precisó que este martes reclamaron en un encuentro con el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, que el presidente Zapatero muestre “un apoyo público” a la campaña internacional que impulsan ‘Colombia: defensores de Derechos Humanos bajo amenaza’ y “acoja sus recomendaciones”, a lo que De Laiglesia les respondió que los Derechos Humanos constituirán “una de las prioridades” de la presidencia española.

Igualmente, le reclamaron a Zapatero que apoye la “apertura de una investigación” de todas estas violaciones por el Tribunal Penal Internacional.