Durante el primer semestre de 2006, la situación de derechos humanos
continuó siendo crítica en el departamento de Arauca, considerado como
un laboratorio de guerra y puntal de la política de “seguridad
democrática”, cuya puesta en práctica se ha opuesto a principios y
estándares básicos de derechos humanos como se señala a continuación:

Al lado de las constantes violaciones sistemáticas y generalizadas, no
han cesado los casos de participación de tropas del ejército y la
policía en acciones contra la población civil en decenas de veredas e
incluso en varios municipios. Las detenciones masivas y arbitrarias se
han repetido a lo largo del periodo.

La fuerza pública sigue utilizando su red de informantes y de
reinsertados de los grupos armados ilegales, que involucran, sin
prueba alguna y solo para obtener beneficios, a humildes ciudadanos en
el conflicto armado, obstaculizando la aplicación de normas del
derecho internacional humanitario (DIH).

Detenciones masivas

Entre enero y agosto de 2006, cerca de 1.600 personas fueron detenidas
arbitrariamente, desconociéndose los derechos a la libertad personal y
al debido proceso, en la mayoría de los casos con base en acusaciones
falsas de reinsertados e informantes.

Las situaciones más graves se presentaron en Pueblo Nuevo, municipio
de Tame, el domingo 5 de marzo, en Saravena el 6 de mayo, y en Fortul,
el 13 de agosto.

En Pueblo Nuevo, tropas de la Móvil 5 del Ejército, al mando del mayor
Rodríguez, reunieron a cerca de 1.500 pobladores en el Colegio
Agropecuario de esa población. Allí se les anunció que se trataba de
una operación de búsqueda de terroristas para lo cual se valen de tres
reinsertados de la guerrilla que a dedo señalan a las víctimas de su
atropello, en una clara violación de las disposiciones legales. De
este lugar se llevan detenidos a 13 humildes pobladores. En el
transcurso de los últimos meses fueron detenidos 11 personas más.
Entre ellos Ricardo Sanabria, presidente de la junta de acción
comunal, quien posteriormente fue dejado en libertad junto con nueve
personas al ser demostrado el montaje a que se vieron expuestos. Así
mismo, el 30 de julio fue detenido Gilberto Guzmán Diaz, ex alcalde
del municipio de Fortul y directivo de la junta de accion comunal.

El 7 de mayo, en Saravena, tropas del Escuadrón de la motorizada del
Ejercito, procedieron a detener a 25 personas, quienes fueron
conducidas al Batallón Revéiz Pizarro; de las cuales 14 son
judicializadas por el supuesto delito de rebelión y conducidas a la
cárcel de Arauca (capital).

Y el 26 de mayo, en vísperas de la elección presidencial, en la vereda
Panamá de Arauca, tropas de la Brigada XVIII sacan de sus casas y
negocios a más de 100 pobladores sin ningún requerimiento judicial y
conducidos a un lote alambrado. En ese lugar son fotografiados,
reseñados y objeto de registros fílmicos, y solo dejados en libertad
unas horas después con la advertencia de que “no debían votar en
contra del presidente Uribe”.

La dirigencia social de Arauca fue objeto nuevamente de montajes
judiciales. Esta vez ocurrió en el municipio de Fortul, el 12 de
agosto, cuando en horas de la noche fueron arrestados varias decenas
de ciudadanos por tropas pertenecientes al Grupo de caballería No 18
Reveiz Pizarro, al mando del mayor Salinas. Los dirigentes fueron
llevados a la estación de policía, y 16 fueron judicializados, entre
ellos están Esaud Moreno, miembro de la misión médica, Pedro Bueno,
miembro del Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra, Abdón
Goyeneche y Wiliam Sáenz, directivos de la Asociación de Educadores de
Arauca, Nubia Chacón y Marina Rodríguez, dirigentes comunales, los
hermanos Wilmer, Javier y Edwin Hinestroza, entre otros. En el
transcurso de estos meses fueron arrestados otros cuatro líderes.

El domingo 1 de octubre, en Arauquita, y en la inspección Panamá de
esta ciudad del departamento de Arauca, ocurrió otra detención masiva
ilegal cuando tropas de la Brigada XVIII detuvieron a 16 personas, 10
de las cuales fueron trasladas a la capital, Arauca. Entre los
detenidos figura Miguel Rodríguez, destacado dirigente del Polo
Democrático Alternativo de la región y líder del sector del
transporte. La lista parcial de los detenidos, a quienes se les
judicializó por el delito de rebelión, es la siguiente: Miguel
Rodríguez, Miguelina Roa, enfermera del hospital San Lorenzo de
Arauquita, Rodolfo Páez, Gelmon Castilla, Manuel Cruces, Luis Duarte,
Catalino González, Jhon Fernández Rojas, Henry Meneses, Pablo Alfonso
Quiroga, Héctor Giraldo, Hamiht Londoño y Luisa Veleño.

La persecusión política y estigmatizacion en contra del movimiento
social y campesino por parte del estado y más concretamente de sus
fuerzas militares que obra en conjunto con la Fiscalia, Unidad
Estructura de Apoyo, que opera dentro de la Brigada XVIII de Arauca.
Durante este año hacen que los líderes sociales campesinos tengan que
soportar una persecución judicial, que busca además de intimidar a la
comunidad, privar a las organizaciones de sus mejores dirigentes,
campesinos que han sido detenidos por el delito de rebelión,
utilizando para ello a supuestos reinsertados, el poder de las fuerzas
militares y la falta de independencia de la Fiscalía Unidad de
Estructura de Apoyo que realiza las investigaciones.

Los atropellos contra la población civil

En el mismo periodo, fueron asesinadas por el Ejército Nacional cinco
personas: Orlando Santos, de 18 años, jornalero, cuyo cadáver
apareciera con señales de tortura en la zona rural de Saravena, el 6
de marzo. El 26 de febrero éste joven había sido retenido ilegalmente
por el ejército acusado de ser guerrillero, maltratado física y
psicológicamente y dejado en libertad pocas horas después y reportado
como guerrillero muerto en combate por miembros del batallón Revéiz
Pizarro. Este caso es similar al de Ismael Flórez Gauta de 40 años,
asesinado el 1 de abril de 2006 en el sector rural de Tame, por
miembros de la brigada movil 5; al del joven Carlos Alberto Moyano,
muerto el 30 de abril en el municipio de Fortul, al de Edilia Peña,
madre de cuatro niñas, acribillada por el ejército el 14 de mayo, en
cercanías de la inspección Panamá de Arauca y presentada ante los
medios como “subversiva dada de baja en combate”. Al de Aníbal Florez
Becerra, ejecutado el 19 de agosto de 2006 en inmediaciones del puente
de Banadia II, sector rural de Saravena, por miembros de Batallón
Revéiz Pizarro.

En el mismo lapso, las tropas, en una flagrante violación al DIH que
prohíbe la ocupación de escuelas como lugares de operaciones de
guerra, se tomaron cuatro centros educativos, sin contar el Colegio
Agropecuario de Pueblo Nuevo, ya señalado: el 21 de enero, la escuela
El Cóndor, vereda Caño Verde, Tame, por parte de la Móvil 5; el 18 de
julio, soldados del Batallón Héroes de Pisba, las escuelas de las
veredas El Oasis, Fundación y Brisas del Caranal, donde permanecen por
espacio de una semana.

En su afán por militarizar la vida de todos los ciudadanos, a quienes
se sigue considerando equivocadamente como afines a los grupos armados
ilegales, han ocupado decenas de veredas y corregimientos
involucrándolos en el conflicto. Así, en estos ocho meses, la Móvil 5
se ha tomado poblaciones como El Botalón, Puente Tabla, Puerto
Miranda, Nápoles, jurisdicción de Tame, y Vista Hermosa, Los
Fundadores, Los Colonos, de la inspección Panamá de Arauca. Allí se
han tomado las casas de los moradores, pernoctando en pasillos,
alcobas y baños, poniendo en riesgo a la población en medio del
conflicto, lo cual se opone a la función esencial del estado de
garantizar y proteger los derechos y libertades de todos.

Otra de las modalidades puestas en práctica, ilegal y violatoria de
las normas constitucionales, ha sido el empadronamiento. El caso más
flagrante ha tenido lugar en el municipio de Arauquita. Allí los
ciudadanos que han protestado ante la Defensoría del Pueblo por la
serie de empadronamientos ilegales que viene realizando la policía en
el Banco Agrario de la ciudad desde el 22 de mayo a todas las personas
que se acercan a realizar sus transacciones. La operación incluye
datos de los vehículos y negocios. Citan por ejemplo, el caso de más
de 400 madres cabezas de familia que el 5 de junio, cuando se dirigían
a cobrar el auxilio de Familias en Acción, programa de la Presidencia
de la República, tuvieron que soportar horas de cola mientras varios
agentes anotaban en una planilla todos los datos de identificación.

No han faltado otros hechos graves de las tropas como el acceso carnal
violento que sufriera una mujer campesina el 4 de marzo a manos de un
soldado del Batallón Plan Especial Energético y Vial, en Fortul, acto
cometido en medio de dos garitas de la misma guarnición.

O los disparos que sufrieran los ocupantes del vehículo conducido por
el ciudadano Ignacio Cárdenas, en la vía Aguachica-Chorros, municipio
de Arauquita, el 29 de abril a las 5:30 de la tarde, y que dejaron
como resultado las graves heridas a la niña Patricia Rosero Ramírez de
16 años, causadas por tropas del Batallón Héroes de Saraguro. Del 4
hasta el 24 de septiembre del presente año, una patrulla del ejercito
de la Móvil No 5, Batallón No 11, al mando del teniente de apellido
Ospina, y el sargento de apellido Torres, se acantonó en la casa de
habitación del señor Alfredo Hernández y sus alrededores, ubicada en
la vereda Caño Limón, municipio de Tame. El domingo 24 de septiembre a
la 1:00 p.m se presentó un enfrentamiento entre el ejército y la
guerrilla; en el fuego cruzado y el bombardeo que realizó la fuerza
aérea, resultaron heridos el señor Hernández y su hija de siete años.

Homicidios y conflicto armado

La política de seguridad implementada por el gobierno nacional en el
departamento busca contrarrestar la vulnerabilidad a la que está
sometida la población araucana. Sin embargo, a pesar de que el
departamento es uno de los más militarizados del país, donde los
controles y presencia de la fuerza publica son excesivos, las
desapariciones y homicidios aumentaron sustancialmente este año. Así,
se han presentado más de 35 homicidios.

El 5 de marzo, Juan Bermúdez Rodríguez, fue asesinado por una
organización armada ilegal en la reserva indígena de la etnia Guahibo
Makaguan de Caño Claro, municipio de Tame. EL 6 de marzo su eposa, la
maestra e idigena Luz Miriam Farina Rodríguez, trataba de trasladar el
cuerpo de su esposo para sepultarlo. Fue retenida por el mismo grupo
armado y el 7 de marzo apareció muerta.

El 13 de septiembre de 2006, a las 6:30 de la tarde, en el barrio
Bulevar de la Ceiba, de la ciudad de Arauca, fue asesinado el docente
Gregorio Izquierdo Meléndez, integrante de la Junta Departamental del
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y presidente
del sindicato de Empresas Públicas de Arauca. Este crimen sucedió a
pocos metros de donde fuera asesinado el profesor Germán Eduardo
Solano, socio de la Asociación de Educadores de Arauca. Gregorio
Izquierdo había sido objeto de amenazas por parte de grupos
paramilitares y gozaba de medidas cautelares desde febrero de 2004 por
parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Otra situación que agudiza la problemática de la región es el
conflicto que se presenta actualmente entre los grupos armados
Ejército Nacional de Liberación y Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, donde los más afectados son las organizaciones sociales y
campesinas, y la población civil en general.

Encuentro por la memoria y la dignidad del pueblo de Arauca
Arauquita, 28 y 29 de octubre de 2006

Declaración final

Los participantes del Encuentro por la memoria y la dignidad del pueblo de Arauca, reunidos el 28 y 29 de octubre de 2006 en el colegio municipal Gabriel García Márquez de la ciudad de Arauquita, departamento de Arauca, Colombia, convocados por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, seccional Arauca, la Asociación Campesina de Arauca y la Corporación Jurídica Humanidad Vigente, en representación de las organizaciones sociales, populares, sindicales y de derechos humanos de los municipios de Arauca, Arauquita, Tame, Saravena y Fortul, teniendo en cuenta la grave situación de Arauca

Declaramos:

1.- Que en el último año la región ha vivido una situación de menoscabo de las libertades, garantías y derechos ciudadanos como consecuencia del incremento del accionar de la política de seguridad democrática, que ha convertido al departamento en un laboratorio de guerra contra el pueblo.

2.- Que dicha estrategia enfatiza su ejercicio en las ejecuciones extrajudiciales, segando la vida de los dirigentes sociales y de humildes ciudadanos, y en las detenciones arbitrarias que buscan estigmatizar y castigar todas las expresiones de la oposición democrática y popular para así desvertebrar y desarticular el tejido social.

3.- Que en el departamento no se ha dado ninguna desmovilización de los grupos paramilitares, ya que éstos hacen parte de las mismas fuerzas del orden que actúan bajo la tenebrosa modalidad de las operaciones encubiertas.

4.- Que estas tres estrategias de la seguridad democrática, como son las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y las operaciones encubiertas, buscan desalojar y expropiar a los campesinos de sus tierras, dar vía libre a megaproyectos como la entronización de los cultivos de palma africana, la ampliación de la exploración y explotación de los recursos petroleros, y facilitar la construcción de la llamada “Ruta de los Libertadores para unir los dos océanos, obedeciendo los dictados del Fondo Monetario Internacional, y como una forma de contribuir a la política de Washington de desestabilizar el actual proceso democrático que impulsa la hermana República Bolivariana de Venezuela.

Por todo lo anterior, llamamos al pueblo de Arauca a unir sus fuerzas en defensa de sus intereses sociales y fortalecer y acompañar los procesos organizativos, por la plena vigencia de los Derechos Humanos en la región.

Arauquita, octubre 29 de 2006