Bogotá, 14 de julio de 2026 – Las Plataformas nacionales de Derechos Humanos y búsqueda de la Paz agrupadas en: la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, condenamos la decisión del señor Abelardo de la Espriella, quien asumirá la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto, de eliminar distintas dependencias del DAPRE, entre ellas: la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional; la Consejería Comisionada de Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, para delegar sus funciones a entidades como los Ministerios de Interior, de Relaciones Exteriores y de Defensa. Resulta desafortunada y altamente preocupante esa decisión en tanto la misionalidad de dichas entidades destinatarias no está directamente enfocada a la superación de los factores de violencia, ni a la protección integral de los derechos humanos.

Suprimir entidades que por varias décadas han ocupado un lugar central para la interlocución y concertación de acuerdos sociales, así como el impulso de políticas públicas para la vigencia de los Derechos Humanos, en un Estado que sigue adoleciendo de garantías sustanciales  para los mismos,  deja muchas incertidumbres para la convivencia y la dignidad del pueblo colombiano en los próximos años, cuyas consecuencias se medirán en derechos vulnerados, libertades restringidas y vidas perdidas.

Desde hace 33 años Colombia tenía una deuda con Naciones Unidas en la formulación e implementación de un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, el cual recientemente ha sido acordado. La Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario es la encargada de la orientación, impulso, seguimiento y coordinación de la institucionalidad estatal para su implementación. Dispersar estas funciones entre las entidades mencionadas devuelve al Estado colombiano a una situación de inercia frente al compromiso con las garantías para la vigencia plena de derechos, especialmente para los sectores tradicionalmente marginados, discriminados y afectados por el conflicto armado interno.

En lugar de eliminar la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el Estado Colombiano requiere  elevar la jerarquía de los Derechos Humanos dentro del entramado institucional, de manera que se articulen efectivamente todos los organismos  involucrados en  la superación de la actual crisis humanitaria.

Asimismo, la desaparición de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final pone en riesgo el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 y vulnera la Constitución al afectar a la institucionalidad responsable de la implementación. Además de muchos otros aspectos, esta decisión debilita en específico el punto 3.4 del Acuerdo, relativo a ‘las garantías de protección y seguridad para personas en proceso de reincorporación, defensoras y defensores  de derechos humanos y comunidades vulnerables’, y dificulta la posibilidad de aplicar la política pública para el desmantelamiento de estructuras criminales. Entregar estas funciones a un Comisionado Nacional de Seguridad desvirtúa la política de paz, y podría facilitar la materialización de los anuncios hechos por el presidente electo contra opositores políticos, defensores de derechos humanos y líderes sociales que han sido tildados como enemigos de la patria, desde un discurso que en la historia reciente de Colombia ha derivado en agresiones físicas, asesinatos y prácticas sistemáticas de persecución y eliminación de partidos políticos de oposición, movimientos sociales y organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

Hacemos un llamado a que el gobierno entrante reconsidere lo anunciado, y mantenga la arquitectura institucional para la paz y los derechos humanos. También invitamos a la comunidad internacional a que observe con atención el desarrollo de esta situación y vele por el cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales de Colombia en materia de Derechos Humanos y Paz.

Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos.

Alianza de Organizaciones Sociales y Afines.

Plataforma Colombia de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.