Bogotá, 7 de julio de 2026. El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), como representante de víctimas, se permite informar que la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia vinculó al exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Maza Márquez, al caso por el magnicidio del candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez como presunto coautor del delito de homicidio con fines terroristas y como autor del delito de concierto para delinquir, al considerar que existen elementos que permiten atribuirle presunta responsabilidad en el crimen. 

La Fiscalía decidió no imponerle medida de aseguramiento, argumentando razones humanitarias y de control, dada su avanzada edad, un estado de salud crítico e irreversible y al hecho de que ya se encuentra bajo un régimen de libertad condicional vigilado por un juzgado de ejecución de penas. La falta de una medida privativa de la libertad no se da por inocencia, sino porque se determinó la inexistencia de riesgos procesales actuales. 

Sin embargo, dispuso que el procesado deberá continuar sujeto a las obligaciones y controles derivados del mecanismo de libertad condicional que actualmente cumple dentro del proceso por el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, sin perjuicio de las actuaciones procesales que se requieran dentro de la presente instrucción, así como comparecer cada vez que sea requerido, mantener actualizado su domicilio y datos de contacto para evitar que se le revoquen beneficios. 

En la decisión también se ordenó la práctica de nuevas pruebas y autoriza la declaración de Oscar Freddy Paredes Muñoz, exjefe de Inteligencia del DAS en Medellín. 

La resolución expone que el magnicidio de Carlos Pizarro ocurrió en un contexto de violencia sistemática contra dirigentes políticos de oposición y recoge múltiples elementos de investigación relacionados con el presunto debilitamiento del esquema de seguridad asignado al entonces candidato presidencial, así como con la posible actuación de estructuras criminales que habrían contado con participación de agentes estatales. 

Desde el Cajar reiteramos que el esclarecimiento integral del asesinato de Carlos Pizarro Leongómez constituye una deuda histórica con las víctimas, la sociedad colombiana y la democracia. La determinación de las responsabilidades de quienes habrían participado en la planificación, facilitación o ejecución de este crimen resulta indispensable para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la no repetición. 

La Fiscalía abordó el caso bajo la línea de crimen de lesa humanidad, vinculando el asesinato de Carlos Pizarro con un patrón sistemático y generalizado contra líderes de izquierda del país. Dentro de la investigación se consolidaron los siguientes hallazgos: 

• Aparato organizado de poder: complicidad entre directivos/agentes del extinto DAS y paramilitares.  

• Debilitamiento de seguridad: antes del atentado, se alteró el esquema de escoltas del candidato presidencial, retirando personal experimentado e introduciendo cómplices del crimen. 

• Silenciamiento: El sicario que disparó dentro de la aeronave fue abatido por el escolta del DAS Jaime Ernesto Gómez Muñoz (recientemente condenado por estos hechos). La Fiscalía concluyó que esta acción no fue defensiva, sino una fase estructural para garantizar la impunidad y acallar al autor material.   

• Desviación de la investigación: el extinto DAS implementó una narrativa sostenida para culpar exclusivamente a Pablo Escobar, presionando a testigos con el fin de ocultar la alianza con las estructuras paramilitares. 

El magnicidio de Pizarro 

El 26 de abril de 1990, mientras viajaba en un vuelo comercial de Bogotá con destino a Barranquilla, Carlos Pizarro Leongómez, líder político y candidato presencial del partido Alianza Democrática M-19, fue asesinato por un sicario. En 2010, la Fiscalía General de la Nación declaró este magnicidio como crimen de lesa humanidad, lo que implica que la justicia colombiana tiene que seguir investigando el caso y no podrá ampararse en el paso del tiempo para detener las labores dirigidas a esclarecer los hechos. 

Durante los 36 años que han pasado, la familia Pizarro Leongómez y sus representantes la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (Cajar) emprendieron acciones judiciales que dieron como resultado la sentencia contra los hermanos Castaño en 2002 y la vinculación de funcionarios del extinto DAS en 2015, así como el llamado a indagatoria de Maza Márquez por parte de la Corte Suprema de Justicia.  

En septiembre de 2024, una resolución de acusación de la Fiscalía señaló a Manuel Antonio González Enríquez, antiguo director de protección del DAS como posible coautor del asesinato y facilitador del encubrimiento del crimen. En 2025 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme condena de 20 años de prisión contra Jaime Ernesto Gómez Muñoz, antiguo integrante de la inteligencia colombiana y escolta del entonces candidato presidencial.  

En el ámbito internacional, los familiares, con el acompañamiento de sus representantes, lograron que el Estado colombiano reconociera su responsabilidad internacional por el magnicidio de Carlos Pizarro durante audiencia pública que se llevó a cabo en 2024 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Sin embargo, no ha habido esclarecimiento sobre las profundas alianzas entre agentes del Estado y grupos paramilitares para perpetrar este crimen en contra del candidato presidencial, así como tampoco sobre la identidad de todos los responsables y su grado de participación.