Esta frase acogida por primera vez por los familiares de las víctimas de la masacre de Trujillo y organizaciones defensoras de derechos humanos, luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentara su primer informe sobre los hechos en 1995, resume el sentimiento que hoy, luego de 20 años sienten y expresan los mismos, al conocer la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que deja sin valor, los fallos absolutorios proferidos el 4 de enero de 1991 por el Juzgado Tercero de Orden Público de Bogotá y el 20 de septiembre de 1991 proferida por el Tribunal Superior a favor de los jefes paramilitares, Henry Loaiza Ceballos, alias “El Alacrán”, Diego Montoya Sánchez, alias “Don Diego”, el mayor (r) del Ejército, Alirio Urueña Jaramillo, y Diego Rodríguez Vásquez.

 

 

La Corte, de tal forma ordena remitir el proceso a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, para que a su vez aquella lo remita a la Fiscalía Delegada que lo considere pertinente dentro de la órbita legalmente reglada de sus facultades.

Así mismo señala que a la Fiscalía a la cual corresponda el proceso penal deberá ordenar la práctica de pruebas o declarar clausurada la investigación, conforme a su criterio, de acuerdo con lo plasmado en el artículo 393 de la Ley 600 de 2000.

La Corte tomo la trascendental decisión, apoyándose en las conclusiones de la Comisión Especial de Investigación de los Sucesos de Trujillo creada por la Presidencia en 1994 y por el informe del grupo memoria histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Trujillo: una tragedia que no cesa, publicado en 2008.

Esta comisión concluyo, entre otros aspectos, que “las instancias judiciales se abstuvieron de recaudar pruebas pertinentes, fallaron en contra de la realidad procesal y cometieron otras graves irregularidades que impidieron la identificación y sanción de los autores de los sucesos violentos de Trujillo”.

Así mismo argumentó que “los homicidios, las desapariciones forzadas, las torturas y las detenciones arbitrarias que constituyen los sucesos violentos de Trujillo permanecen en la impunidad, con violación del derecho a la justicia que asiste a las víctimas”

Para la Corte, es de especial obligación del Estado, garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, así como adelantar una investigación seria e imparcial que permita sancionar a los responsables y obtener las respectivas reparaciones para las víctimas.

La Corte señala además, que pese a que Colombia no ha suscrito la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, firmada el 26 de noviembre de 1968 y con entrada en vigor mundial el 11 de noviembre de 1970, es obligación del Estado, el cumplimiento de prevención y erradicación de graves violaciones a los derechos humanos que desconocen la humanidad y su dignidad.

Y es que la masacre de Trujillo no fue una masacre perpetrada en un solo día. Tal y como lo indica el Centro de Investigación y Educación Popular – Cinep, está conformada por una cadena de crímenes, cometidos entre 1986 y 1994, en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar, del departamento del Valle del cauca, donde fueron desaparecidas, detenidas arbitrariamente, torturadas y asesinadas, aproximadamente 342 personas, entre las cuales se encontraba, el padre Tiberio Fernández, párroco de Trujillo, quien fuera desaparecido el 17 de abril de 1990, y encontrado mutilado en el río Cauca, cerca del municipio de Roldanillo, el 23 de abril del mismo año.

Veinte años después, a la fecha, por esta masacre, sólo ha sido condenado Henry Loaiza, alias “El Alacrán”, a 30 años de prisión. Diego Montoya Sánchez, alias “Don Diego”, fue extraditado a Estados Unidos y el mayor Aliro Urueña Jaramillo fue llamado a juicio en 2008.

Para el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, este fallo, es un paso importante en la aplicación de justicia, máxime si se tiene en cuenta, que la propia Corte reconoció estos crímenes, como delitos de lesa humanidad, que de tal forma, no prescriben.

De tal manera, insta a las autoridades competentes, a acatar el fallo, y seguir con las investigaciones por estos crímenes y la participación por omisión o por acción de los integrantes de la fuerza pública involucrados en la misma.

Sea esta la oportunidad para hacer un reconocimiento a los familiares de las victimas que continúan luchando por que se esclarezca la verdad, y a todas las organizaciones de derechos humanos, entre ellas, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Comisión Colombiana de Juristas, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, y personas que, como el Padre Javier Giraldo, la hermana Marilse, Lucia Pacheco (q.p.d) entre otras, persisten e insisten en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral.
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