Jaime Garzón fue asesinado con el mismo modus operandi con el que se atentó contra Aida Avella, con el que se inmoló a Manuel Cepeda Vargas, a Jesús María Valle Jaramillo, a Eduardo Umaña Mendoza, a Elsa Alvarado y a Mario Calderón, y con el que se secuestró a Piedad Córdoba, entre muchos más crímenes que fueron ejecutados por el terrorismo de Estado, que utilizó a José Miguel Narváez como ideólogo de la guerra sucia y mensajero de la cúpula militar, y al jefe paramilitar Carlos Castaño, quien a su vez contrató a la banda La Terraza. Este es un crimen que, sin duda, cumple con todos los requisitos para ser reconocido como un crimen de lesa humanidad.

Cuando el general Mauricio Santoyo ya había iniciado el proceso de encubrimiento y desvío de la investigación a través del exterminio de esta banda, uno de sus integrantes reconoció que habían sido autores de los crímenes anteriores, y que el asesinato de Jaime fue precedido de labores de inteligencia militar. Que Carlos Castaño era una marioneta del alto mando militar, en cabeza entonces de los generales Harold Bedoya y Jorge Enrique Mora Rangel y, que este último habría transmitido la orden para asesinar a Jaime Garzón (1).

Si entonces la Fiscalía hubiese desarrollado investigaciones de contexto, la denuncia de este vocero de la banda La Terraza hubiese sido crucial, no sólo para encontrar a los determinadores, a los hombres de atrás de este crimen, sino para contribuir a desmontar los engranajes de la guerra sucia y el terrorismo de Estado en Colombia.

Por el contrario, la consolidación del proyecto paramilitar de las AUC a nivel nacional siguió desarrollándose como una estrategia del alto mando militar, con su secuela de masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, torturas, violaciones sexuales y otros crímenes de lesa humanidad. Pese a las decenas de compulsas de copias de los tribunales de Justicia y Paz para que se investigue en el contexto la responsabilidad del alto mando militar, de empresarios y políticos que contribuyeron al desarrollo de esa estrategia y sus crímenes, la Fiscalía General de la Nación ha hecho caso omiso.

Cabe recordar que las gestiones humanitarias para promover la liberación de las personas secuestradas por las FARC o por el ELN, fueron manipuladas por el alto mando militar para convertir a Jaime Garzón en blanco de ese proyecto paramilitar. El 6 de mayo del mismo año el General Jorge Enrique Mora Rangel, comandante del Ejército, pidió ante la opinión pública y al zar antisecuestros investigar la participación de Jaime Garzón en la liberación de los secuestrados. El 4 de junio de 1998 el zar antisecuestros, destacó la labor del periodista como una acción humanitaria, autorizada por el Gobierno. Jaime intentó ponerse en contacto con el General, pero este no quiso recibirlo. Finalmente, el periodista le envió un telegrama:

“General, no busque enemigos entre los colombianos que arriesgamos la vida a diario por construir una patria digna, grande y en paz, como la que quiero yo y por la que lucha usted”.

Pero la orden ya estaba impartida. Y llegó a manos de Carlos Castaño a través de José Miguel Narváez, contra quien acaba de concluir el juicio por su participación el crimen de Jaime Garzón. Narváez fue recientemente condenado por concierto para delinquir agravado, por la persecución contra quienes en razón de su oficio cuestionaban el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2).

Además de aceptar su propia responsabilidad, el comandante paramilitar Diego Murillo Bejarano alias “Don Berna, en reiteradas declaraciones denunció la participación del instructor de la Escuela Superior de Guerra, José Miguel Narváez Martínez, como el mensajero que llevaba las órdenes del Ejército Nacional de las personas que había que asesinar:

“Después del anterior hecho el doctor NARVÁEZ visita a CARLOS y en presencia mía tienen una discusión. CARLOS le reclama algunas situaciones de tipo político e ideológico y también termina diciéndole que hay muchos actos que ha cometido por orientación de él que no han contribuido al desequilibrio del conflicto en Colombia. Textualmente le dice para que sirvió la muerte de CEPEDA VARGAS o JAIME GARZÓN […]” (3)

Contra toda evidencia, Narváez basó su defensa en sus creencias religiosas y valores morales asociados a las mismas cuando se declaró “católico, apostólico, romano y camandulero” ante el juez séptimo penal del circuito especializado de Bogotá, además de víctima de un complot orquestado desde el mismo DAS que él puso al servicio de la guerra sucia. Sus argumentos hallaron eco, sin embargo, en el agente especial del Procurador Ordóñez, Rubén Darío Escobar, quien sustituyó solamente para estos efectos al delegado de la Procuraduría que había actuado a lo largo del proceso.

El agente de Ordoñez desconoció no sólo el testimonio de Don Berna sino el de los demás paramilitares y militares cuyos testimonios a lo largo del proceso permiten concluir dicha responsabilidad:

También Alias “El Alemán” había declarado sobre el papel de Narváez en el crimen del periodista afirmando que: “[l]o que escuché de CARLOS CASTAÑO era que él (Narváez) había ordenado la muerte del señor GARZÓN por pedido de algunos altos mandos de las fuerzas militares o algunos asesores de las fuerzas militares de la ciudad de Bogotá” (4)

El paramilitar Jorge Iván Laverde alias “El Iguano”, por su parte, identificó la documentación que José Miguel Narváez entregaba a las autodefensas sobre posibles blancos militares, en particular sobre Jaime Garzón y Piedad Córdoba, destacando que provenía del Ejército y fue utilizada por Carlos Castaño para la consumación de los crímene (5) .

Juan Rodrigo García Fernández, hermano del dirigente paramilitar alias “Doblecero”, quien tuvo conocimiento privilegiado a través de su hermano, no sólo afirmó que el acusado era un reconocido instructor ideólogo paramilitar, sino de quien fue quien solicitó a Carlos Castaño que se asesinara a Jaime Garzón (6).

Por otra parte, obran suficientes pruebas en el expediente sobre la estrecha relación de Narváez con la alta oficialidad de las fuerzas armadas. Él mismo, oficial de la reserva del ejército (7), se desempeñó como instructor en la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia adscrita a la XX Brigada del Ejército, y fue titular de varias cátedras en los cursos de ascenso para oficiales y suboficiales del Ejército implementados por la Escuela Superior de Guerra durante años:

“… José Miguel Narváez por lo menos entre el 89 y el 94 fue reiterativamente durante todos los años profesor para esos altos estudios militares, para curso de estado mayor que es cuando ascienden a General, a Coroneles, para los cursos de ascenso a Mayor, a Capitán, para todos esos cursos.. […] .señaló el militar en retiro Raúl Murial Botero quien al ser interrogado por otro instructor de la Escuela, Antonio Borda, añadió:

“PREGUNTADO: Usted podría afirmar si el pensamiento del doctor Borda era muy cercano al que profesaba el señor Narváez. CONTESTO: Claro, eran de la misma línea, siendo más radical el doctor José Miguel Narváez, creo yo. José Miguel Narváez era un tipo que lloraba con los libros en la mano, los tiraba al piso, él era muy apasionado con el tema, extremadamente apasionado, muy emotivo. […]” (8)

El propio Narváez, en el juicio que enfrenta por el crimen del periodista, corroboró que publicaba regularmente artículos en la Revista de las Fuerzas Armadas (9), así como en la revista de Fedegán (10), organización gremial de la cual fungió como vocero en diversas oportunidades (11). En dichos artículos se ocupaba principalmente de controvertir la responsabilidad de los Estados en las graves violaciones de derechos humanos.

Paralelamente, se desempeñaba también como instrutor de los paramilitares, según lo ha declarado alis “Don Berna”: “Creo que lo único que le faltaba al señor NARVÁEZ era el brazalete. El dictaba unas conferencias y recuerdo en especial una por su título: “Por qué es lícito matar comunistas”. Dichas conferencias se dictaban en un sitio que se denominaba en ese momento 21, ubicado entre Valencia y San Pedro de Urabá

La cercanía de Narváez con la cúpula militar sigue siendo evidente ahora cuando continúa “recluido” en la Escuela de Comunicaciones del Ejército en Facatativá, pese a la insistencia de la parte civil en el proceso para su traslado a una cárcel ordinaria. Muchos intereses en juego siguen comprando el silencio de José Miguel Narváez.

Para que la justicia alcance a la sociedad colombiana que lleva 17 años condenando el crimen de Jaime Garzón, debe empezar por reconocer la responsabilidad penal suficientemente probada del oficial de la reserva José Miguel Narváez, y condenarlo como autor mediato del homicidio del periodista y gestor de paz. A su vez, Narváez debe romper el pacto de silencio para que el país pueda conocer la verdad de este crimen, con todo su profundo impacto. La paz por la que Jaime Garzón trabajó, educó y luchó, debe honrar la verdad de las víctimas y sentar las bases para que nunca más se repitan los crímenes de Estado en Colombia.