- Entre las víctimas se encuentra el menor Ebin David Paternina Parra, de 16 años. Su cuerpo nunca fue entregado a sus familiares, quienes lo siguen buscando.
- Los familiares de las víctimas han sido objeto de amenazas y hostigamientos durante estos años, debido a su búsqueda de justicia y verdad.
- Estos hechos no son aislados, hacen parte de una política de Estado que cobró la vida de por lo menos 6.402 jóvenes en Colombia.
Bogotá, 9 de julio de 2025. Hace 18 años, entre el 9 de julio y el 7 de agosto de 2007, once jóvenes fueron engañados con falsas promesas de trabajo en Toluviejo, Sucre, y posteriormente ejecutados extrajudicialmente para ser presentados ilegalmente como bajas en combate por integrantes del Ejército Nacional, específicamente de las Fuerzas de Tarea Conjunta de Sucre y del Gaula de Córdoba.
Estos crímenes no ocurrieron de manera aislada, sino que hicieron parte de una política de Estado que costó la vida de por lo menos 6.402 jóvenes en Colombia y que cruelmente tenía el objetivo de generar en la opinión pública la idea de que el Ejército tenía una ventaja operacional sobre grupos armados ilegales.
Las madres, hermanas, hermanos y compañeras de estos jóvenes han alzado sus voces durante casi dos décadas para exigir justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición de estos atroces crímenes, así como para restablecer el buen nombre de sus familiares. Aún hoy continúan en la búsqueda de una verdad plena.
Los jóvenes que fueron víctimas de este crimen de Estado fueron Ebin David Paternina, Carlos Alberto Valeta Jiménez, Luis Alberto Pérez Mercado, John Jairo Colón Ayala, Frank Arley Padilla Bandera, Luis Fernando Mejía Vides, Deyner José Hoyos Rodríguez, Cristian Vergara Osuna, Miguel Jiménez Chamarro, Julio Olivero y Bernardo Patrón Viloria.
Entre las víctimas de este caso estaba el menor de edad Ebin David, quien era una persona con discapacidad y es el único joven que aún sigue desaparecido. Su familia lo ha estado y lo sigue buscando incansablemente.
En 2022, en respuesta a solicitud realizada por la abogada Yessika Hoyos Morales, presidenta del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y representante de las víctimas, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), decretó medidas cautelares para proteger el área del cementerio del municipio de Sucre (Sucre), en donde podría encontrarse el cuerpo del joven Ebin David y de otras víctimas de ejecuciones extrajudiciales presentadas ilegítimamente como bajas en combate por el Ejército.
Por estos hechos el coronel (r) Luis Fernando Borja, entonces comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, reconoció públicamente su responsabilidad y otros integrantes de la fuerza pública y terceros civiles han comparecido ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas.
En la justicia ordinaria por estos hechos, además de Borja, fueron condenados el mayor Orlando Arturo Céspedes Escalona, Robinson Eustaquio Barboza Almanza, Andrés Narváez Corrales, alias ‘el Gringo’, Andrés Pacheco Hernández y José Dionisio Ramos Castillo, alias ‘Joselito Carnaval’, quienes contactaron y reclutaron a las víctimas.
Desde el Cajar, como representantes de las víctimas, hemos insistido en que la justicia debe llegar hasta quienes dieron la orden, hasta los máximos responsables de estos crímenes, hoy analizados por la JEP en el macrocaso 03, instancia donde se reconoció la existencia de una política sistemática al interior de las fuerzas militares para cruelmente asesinar jóvenes y presentarlos como resultados operacionales.
De igual manera, hemos solicitado que se garantice una debida articulación entre las entidades del Sistema Integral para la Paz y la Fiscalía General de la Nación para que los restos del menor Ebin David sean prontamente recuperados y entregados de forma digna a sus familiares, evitando la revictimización y poniendo fin a su larga espera por encontrar a su ser amado.
