● Desde mediados de 1985, los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y sus familiares, habían recibido amenazas de muerte de los llamados “extraditables” para obtener la declaratoria de inexequibilidad del tratado de extradición con Estados Unidos (Ley 27 de 1980). Algunas de estas amenazas fueron recibidas directamente por el magistrado Manuel Gaona Cruz.

● La Corte Suprema de Justicia había demostrado su independencia de la rama ejecutiva en temas como los decretos de estado de sitio y a los poderes conferidos a la justicia penal militar para juzgar e imponer penas a civiles. El presidente de la Corte dr. Reyes Echandía había manifestado públicamente su desacuerdo con el juzgamiento de civiles por militares. Estas decisiones antecedieron una serie de amenazas en contra de los Magistrados.

● Los magistrados de la sección Tercera del Consejo de Estado también estaban amenazados. Esta sala profería semanalmente cinco o seis sentencias condenatorias contra el Ministro de Defensa o la Policía Nacional, por violaciones a derechos humanos. El panfleto amenazante Réquiem para el Consejo de Estado se dio en relación con una condena administrativa contra el Ejército por torturas contra Olga López Jaramillo de Roldán en las instalaciones de la Brigada de Institutos Militares (BIM).

● En el caso de la Masacre de la Rochela (1988) la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que existía un contexto de riesgo para los funcionarios judiciales que se refleja en un promedio de 25 jueces y abogados asesinados o víctima de atentados entre 1979 y 1991.

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