Este caso constituye uno de los primeros episodios graves de la detención – desaparición forzada colectiva en Colombia.

Luego de más de 10 años de apertura de investigación y más de 39 años de la desaparición forzada de los jóvenes trabajadores y estudiantes de las universidades Nacional y Distrital ocurrida en 1982, la Fiscalía llamó indagatoria a los integrantes de la Policía Nacional Teniente  Coronel NACIN YANINE DIAZ en su condición de jefe de la DIPEC para la época de los hechos, el Mayor ERNESTO CONDIA GARZÓN y el Agente LUIS ERNESTO SUAREZ CEBALLOS, diligencia que iniciará este viernes 3 de diciembre de 2021.

¿Quiénes eran las víctimas?

Orlando García Villamizar, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, y Pedro Pablo Silva Bejarano, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional y electricista, quienes fueron desaparecidos el 4 de marzo de 1982 en Bogotá. Estos estudiantes fueron aprehendidos por personal vestido de civil e introducidos a una camioneta.

Alfredo Rafael Sanjuan Arévalo,  estudiante de Arquitectura en la Universidad Nacional y  de Ingeniería Catastral de la Universidad Distrital y su hermano Samuel Humberto Sanjuan Arévalo, estudiante de Antropología de la Universidad Nacional, fueron desaparecidos el 8 de marzo de 1982 en Bogotá. Los hermanos Sanjuan Arévalo, días antes de su desaparición, según testimonio de uno de los vecinos de la familia, venían siendo vigilados discretamente por algunos individuos quienes dijeron ser detectives sin especificar los datos. Posteriormente a su detención  y desaparición forzada, vehículos distinguidos en el expediente vejercieron un intenso patrullaje por la zona.

Edgar Helmut García Villamizar, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional y Rodolfo Espitia Rodriguez fueron desaparecidos el 18 de agosto de 1982 en Bogotá. Estos jóvenes fueron retenidos junto con el menor Camilo Andrés Garcia de 3 años de edad, éste ultimo conducido a la Policia por el Mayor Jorge Alipio Venegas, jefe de inteligencia de la DIPEC (DIJIN) según testimonio que obra en el expediente.

Gustavo Campos Guevara, estudiante de la Universidad Nacional, detenido desaparecido el 23 de agosto de 1982, por agentes del estado.

Hernando Ospina Rincón, capturado en su taller de mecánica en Bogotá por varios oficiales que se identificaron pertenecer al F-2, habrían llegado en un Mercedes Benz vino tinto y luego, introducido a la fuerza en una camioneta.

Rafael Guillermo Prado Useche, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, fue  golpeado, amarrado y desaparecido por personal de civil, de acuerdo a lo relatado en el expediente, el joven habría sido introducido en un Mercedes Benz de las mismas características en el caso de Hernando Ospino Rincón.

Edilbrando Joya Gómez, estudiante de ingeniería Mecánica, en la Universidad Nacional desaparecido el 13 de septiembre de 1982, después de salir de su residencia con dirección a la Universidad. Fue retenido por personal civil del F-2 e introducido en un campero cargado color rojo. El 15 de septiembre del mismo año fue visto esposado y rodeado por agentes de la Policia Secreta F2, en la plaza de la población de Gachalá (Cundinamarca).

Bernardo Helí Acosta Rojas y su hermano Manuel Dario Acosta Rojas desaparecidos el 15 de septiembre de 1982 en la plaza de mercado de Gachalá, quienes fueron capturados por una patrulla del F-2, comandada por el teniente de la policia Jairo Otálora Durán. Luego de su detención desaparición forzada, fueron embarcados en un helicóptero con destino a la vereda de Murcas.

La memoria de las víctimas

Por lo anterior, las víctimas manifiestan su profundo dolor y desesperanza, tras llevar 39 años sin conocer el paradero de sus hijos, hermanos, padres,  primos, sobrinos,  y familiares actualmente desaparecidos, y sin que se haya proferido una condena en contra de los altos mandos de la policia responsables de este escalofriante crimen.

Las familias de Pedro Pablo Silva Bejarano, Orlando García Villamizar, Alfredo Rafael Sanjuan Arévalo, Samuel Humberto Sanjuan Arévalo, Rodolfo Espitia, Edgar Helmut García Villamizar, Gustavo Campos Guevara, Hernando Ospina Rincón, Rafael Guillermo Prado Useche, Edilbrando Joya Gómez, Bernardo Helí Acosta Rojas, Manuel Darío Acosta Rojas y las organizaciones que les han acompañado desde hace 39 años, seguimos esperando la posibilidad de que el Estado, en los diferentes procesos de investigación judicial les exija a los responsables de su detención t desaparición forzada que todavía viven la verdad sobre: ¿Qué hicieron con nuestros familiares? ¿Dónde están? ¿Cuál fue la suerte de cada uno de ellos? ¿Dónde se encuentran sus cuerpos? Para tener la posibilidad de recuperarlos, que retornen a su espacio físico y espiritual en cada hogar y darles el reconocimiento de sus derechos.

Que nos los devuelvan vivos, porque vivos se los llevaron.

Años de Impunidad durante el proceso penal

En resolución de la Corte Suprema de Justicia, del 22 de junio de 2011, decide este Alto Tribunal sobre la acción de revisión promovida por la Fiscalía 53 de la Unidad de Derechos Humanos (para ese momento), en relación al cierre definitivo de la investigación proferida  en 1987 por un Inspector General de la Policia Nacional en calidad de Juez en primer grado a favor de los procesados. La Decisión de la Corte, dejó sin efecto la decisión de cierre y por lo tanto, se dispuso apertura de investigación contra los miembros de la Policia Nacional involucrados en el crimen. Desde esa fecha, se comenzaron una serie de actividades como indagatorias y práctica de pruebas, pero sin que se generarán resultados favorables para las víctimas, pues han pasado más de 10 años de la reactivación de la investigación.

Fue hasta al año 2021, que la fiscalía 52 Especializada contra las violaciones a los derechos humanos (DECVDH), en auto del 2 de noviembre de 2021, cita a diligencia de indagatoria al Ex Teniente  Coronel NACIN YANINE DIAZ en su condición de jefe de la DIPEC para la época de los hechos, el Mayor ERNESTO CONDIA GARZÓN y el Agente LUIS ERNESTO SUAREZ CEBALLOS, en igual sentido.

Se espera que con la reactivación del proceso se conduzcan a estas personas a juicio y posteriores condenas, que se esclarezca la verdad de los hechos y que sus familiares reciban la justicia tan anhelada por casi 40 años.