(Colombia)(Autor: Autoridades del Resguardo Indígena Cañamomo-Lomaprieta Riosucio y Supía Caldas)(Fecha: 12 de Octubre de 2010)

AUR/062/10

Las Autoridades Indígenas del Resguardo Cañamomo-Lomaprieta jurisdicción de los municipios de Riosucio y Supía Caldas Denunciamos:

Ante las instituciones y organismos de derechos humanos del Estado, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las organizaciones sociales y populares, los organismos internacionales defensores de los derechos humanos, ongs y a la opinión pública en general que:

ANTECEDENTES

Hace aproximadamente mes y medio, entre las 3 y las 4 de la tarde, tres hombres armados que portaban prendas camufladas, iban camino a la comunidad de la Unión por la zona minera conocida como El Gasparillo perteneciente a nuestro resguardo, y sin identificarse le preguntaron a los mineros que se encontraban por el camino, “si abajo en las minas había gente trabajando, los mineros les respondieron que si, y ellos continuaron el camino”. Al día siguiente entre las 6 y las 8 la mañana, la misma gente de la comunidad pudo identificar que estos mismos sujetos armados llegaron a una de las minas del lado de Gasparillo, y le preguntaron a la gente que estaba allí por uno de los mineros que trabaja en la zona, a lo que la gente le respondió que él no se encontraba en el lugar. Esta situación de acoso y persecución provocó el desplazamiento forzado por fuera del territorio del mencionado minero.

El día 9 de septiembre del año en curso, se advierte la presencia de tres hombres armados vestidos de civil portando ponchos, que se encontraban ubicados a un costado del camino de la vía principal que va de la comunidad de Tumbabarreto hacia las minas de Gasparillo, los cuales estuvieron en dicho lugar desde las 2 hasta las 5 de la tarde.

Manifestamos nuestra preocupación frente al inminente riesgo que corre nuestra población indígena, por esta presencia recurrente que hace ya varios meses vienen haciendo hombres armados y sin ningún tipo de identificación, por las comunidades de nuestro territorio en las que se práctica la actividad minera artesanal. La presencia de estos hombres armados indagando por los mineros de nuestro territorio pone de presente las graves amenazas que se ciernen sobre nuestra comunidad indígena, pues es públicamente conocido los grandes intereses en juego que trae consigo la afluencia de la explotación minera en la región, tanto por la política que viene agenciando el Estado colombiano con la estigmatización de la minería artesanal ancestral como una minería ilegal, así como también por los intereses de las grandes empresas transnacionales sobre nuestros recursos, los cuales ponen en serio riesgo la integridad étnica y cultural y la pervivencia de nuestro pueblo indígena.

Los hechos que a continuación presentamos van en contra de preceptos constitucionales que el estado colombiano se ha comprometido a respetar, por ello elevamos ante la Opinión Pública Nacional e Internacional un llamado urgente para que se pronuncien ante el Gobierno Colombiano para que cesen todo este tipo de violaciones a nuestros derechos fundamentales al territorio, a la subsistencia, a la vida y la integridad, a la autonomía y a la consulta previa.

HECHOS

1- El día martes 14 de septiembre del año en curso, siendo aproximadamente las 11 de la mañana, hacen presencia en la comunidad de Quiebralomo sector de las Pilas, el señor William Lozano con un acompañante, quienes visitaron las minas del sector e hicieron firmar a varios de los mineros unos papeles que llevaban consigo. En las horas de la tarde cuando la asociación de mineros del resguardo se enteró de dicha visita, le preguntan al señor Lozano y a su acompañante la razón de su presencia en el lugar, a lo que ellos manifestaron que eran contratistas de INGEOMINAS del programa de seguridad minera, les preguntaron que con autorización de quien habían ingresado al territorio, a lo que los funcionaros respondieron que el resguardo y la asociación había solicitado una visita, el presidente de la asociación de mineros Pedro Romero responde que la asociación no ha autorizado ninguna visita y que va a llamar a los del resguardo para verificar, uno de los funcionarios responde que nosotros no necesitamos autorización porque los ilegales son ustedes, esta es una minería ilegal. Los funcionarios se retiran del lugar, y en la carretera los recoge el señor Hernando Castañeda en su camioneta, quien dice poseer títulos mineros en territorio del resguardo.

2- Al día siguiente más o menos a las 6:30 de la tarde por el mismo sector, son interceptados dos mineros por aproximadamente 20 hombres armados con prendas de civil, quienes les dijeron: “que estaban haciendo por ahí tan tarde, que no los querían volver a ver a esas horas por ahí”, también les preguntaron que si conocían a “Culebro, Ferney y Pedro” (todos miembros de la junta de la asociación de mineros del resguardo) a lo que respondieron que no, haciéndolos devolver finalmente del camino, teniendo que tomar una vía alterna para llegar a sus casas.

3- El jueves 16 de septiembre, día posterior a los anteriores hechos, después del medio día, algunos integrantes del Ejército pasaron por el mismo sector de Gavia y le preguntaron a Pedro Romero presidente de la asociación que: “si esa era su mina, que cuanto se sacaba, que si tenía muchos trabajadores”.

SOLICITUDES

1. Solicitamos al Gobierno Nacional y en particular al presidente de la República Juan Manuel Santos, cumplir con su deber constitucional de defender y proteger los derechos de los humanos de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los Tratados y Convenios Internacionales. Así mismo en consideración del marco de la política ministerial de protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas, que engloba el concepto de derechos humanos, como un concepto de connotaciones especiales, en tanto que se refiere a las garantías para la existencia digna y autónoma de las colectividades como algo integral y esencialmente de tipo colectivo. Como consta expresamente en la Directiva Permanente No 16 de 2006 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, como política sectorial de reconocimiento, prevención y protección a comunidades de los pueblos indígenas.

2. Que no se continúen violando nuestros derechos fundamentales especiales, particularmente el derecho a la consulta previa, previa, libre e informada, pues la visita de los funcionarios de INGEOMINAS a nuestro territorio, constituye una clara violación a nuestro derecho de consulta frente a las medidas administrativas que puedan afectarnos directamente, tal y como lo consagran el artículo 330 de la Constitución Política y el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.

3. prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión y aplicar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estas violaciones se sigan perpetrando.

Les solicitamos enviar sus pronunciamientos ante las autoridades correspondientes.