Familiares de desaparecidos en el Caso Colectivo 82 saludan acusación contra 14 expolicías y exigen verdad y hallazgo de sus seres queridos 

• Las víctimas y sus representantes esperan que esta resolución de acusación signifique que se avance en el establecimiento de mecanismos de búsqueda para dar con el paradero de sus seres queridos. 

• De igual forma que se esclarezca la verdad sobre lo ocurrido con los jóvenes y sobre la criminalidad de Estado detrás de los hechos.   

Bogotá, 7 de mayo de 2025. Tras 43 años de lucha contra la impunidad y por encontrar a sus seres queridos, los familiares de 14 jóvenes víctimas de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada en Bogotá, por parte del F2, durante los meses de marzo y octubre de 1982, caso conocido como el Colectivo 82, reciben como un primer avance en materia de justicia la resolución de acusación y emisión de órdenes de captura contra 14 exintegrantes de la Policía Nacional.  

Así mismo, esperan que esta decisión de la Fiscalía Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos conduzca a que se esclarezca la verdad sobre lo sucedido, se establezcan mecanismos efectivos de búsqueda para encontrar a los jóvenes y se sancione prontamente a los responsables de este grave crimen. 

“Esta es una de las decisiones más importantes que hemos podido obtener en una lucha de 43 años. Es una decisión que debieron recibir mis padres, pero se fueron con el corazón arrugado, sin saber qué pasó con ellos. Hubiésemos querido encontrarlos a ellos con vida, pero, ya que no se pudo, lo que esperamos es justicia, justicia, justicia,” manifestó Teresa Sanjuán, hermana de Alfredo y Humberto Sanjuán, dos de los jóvenes desaparecidos forzadamente en los hechos. 

Desde el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) saludamos esta importante decisión, en un caso que durante más de 4 décadas estuvo en la justicia penal militar y pasó por varios fiscales hasta que, el año pasado, la nueva Fiscal General de la Nación delegó a un Fiscal Especializado de la Dirección contra Violaciones a los Derechos Humanos, quien estudió el expediente y atendió las solicitudes presentadas por las víctimas.  

La Fiscalía manifiesta en su decisión que encontró los elementos necesarios de responsabilidad penal, por la desaparición forzada de los 14 jóvenes,  respecto a los ex policiales:  brigadier general (r) Nacin Yanine Díaz; los oficiales (r) Jorge Alipio Vanegas Torres, Ernesto Condia Garzón, Miguel Rodrigo Torrado Badillo, Jairo Otálora Durán y Luis Ángel Perdomo Perdomo; los suboficiales (r) José Alirio Velásquez Garzón, Jaime Helí Colmenares Botero y Josué Rafael Cobos Silva; y los agentes (r) Henry Espitia Díaz, Benedicto Lara, Adrián Villamizar Jaimes, José David Quesada y Jorge Eliécer Barbosa Sánchez.  

Este caso es emblemático para el país, porque marca el inicio de la lucha histórica de las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos de manera forzada, que han recorrido un tortuoso camino que muchas veces ha pasado de generación en generación y que los ha llevado a organizarse y crear lazos colectivos para exigir mecanismos y herramientas para garantizar los derechos a la búsqueda, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de graves violaciones de derechos humanos.   

Es de recordar que en 1992 la CIDH se pronunció sobre el Caso Colectivo 82 y señaló que el Estado de Colombia dejó de cumplir con su obligación de respetar y garantizar los derechos de estos jóvenes a la vida, a la libertad, a la integridad personal y a la protección judicial. 

De otro lado, en 2022 el caso fue declarado crimen de lesa humanidad, lo que impidió que se cerrara la investigación. La decisión fue producto de solicitud hecha por el Cajar, que actúa como representante de las víctimas ante la Fiscalía. 

Los familiares de las víctimas han esperado 43 años para saber qué paso y dónde están sus seres desaparecidos; sus padres lucharon incansablemente por saber la verdad, pero muchos de ellos murieron sin conocerla. Hoy son las hermanas y hermanos quienes continúan exigiendo verdad y justicia.   Esperamos que se continúe impulsando el debido proceso y el caso llegue pronto a juicio para que se sancione a los responsables de estos graves crímenes.