Bogotá, 6 de octubre de 2025. En la tarde de hoy el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín declaró responsable al exsubdirector del extinto DAS, José Miguel Narváez Martínez, como determinador del secuestro extorsivo agravado del que fue víctima la entonces senadora Piedad Córdoba el 21 de mayo de 1999. La jueza Claudia Castro lo condenó a 28 años de prisión y lo inhabilitó por 20 años.

“Consideramos que este es un fallo ajustado a derecho, pues está en el proceso plenamente probado que Narváez era asesor de la alta cúpula militar y paramilitar, así como que fue el instigador y quien coordinó toda la participación de diferentes organismos para facilitar el secuestro de Piedad Córdoba, entre ellos, la colaboración de agentes del DAS, que suministraron y aportaron la información de dónde se encontraba la exsenadora. Además, declara que este es un crimen de lesa humanidad, con carácter de imprescriptible. Por esta razón, compartimos integralmente el fallo del juzgado y aspiramos, como es nuestro deseo, que esto quede ejecutoriado en el menor tiempo posible”, señaló Eduardo Carreño Wilches, cofundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y representante de víctimas.

Para el abogado, además de la relevancia en materia de justicia, esta sentencia es fundamental también en materia de verdad, no solo para el caso de Piedad Córdoba, sino también para casos como los de los defensores Eduardo Umaña y Jesús María Valle.

La decisión judicial confirmaría que Narváez instigó directamente el secuestro, entregando al paramilitar Carlos Castaño grabaciones obtenidas ilegalmente y participando como ideólogo de la organización paramilitar, en el marco de la aplicación de la llamada doctrina del “enemigo interno”, que justificó durante años la persecución y eliminación de líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores políticos en Colombia.

El fallo ratifica los argumentos de la representación de víctimas sobre la responsabilidad del acusado en la gestación intelectual del crimen y la relación estructural entre sectores estatales y el paramilitarismo, que utilizaron la inteligencia oficial y la estigmatización política como armas de guerra contra la oposición democrática.

El Cajar destaca que este caso no solo representa un acto de violencia política contra una mujer afrodescendiente, feminista y defensora de la paz, sino también un crimen de lesa humanidad, al enmarcarse dentro de un patrón sistemático de persecución política y de género.

Desde el Cajar esperamos que se continúen las investigaciones para determinar a todos los responsables, incluidos actores estatales, civiles y empresariales, que promovieron, financiaron o encubrieron este secuestro y otros ataques contra líderes y lideresas sociales durante los años 90 y 2000.