El día de ayer, domingo 3 de mayo de 2015, en horas de la mañana, en la vereda la Hoz, jurisdicción del Corregimiento de San José, fueron detenidos injustificadamente cuatro campesinos por la Policía Nacional, son muchos los pobladores que argumentan los constantes maltratos a la dignidad a las que son sometidos éstos pobladores. Exigimos respeto a la vida, la integridad, la dignidad de los y las campesinas y que se investiguen a los responsables al interior de la fuerza pública que no cumplen con las funciones constitucionales para las cuales fueron elegidos y que el Estado colombiano aclare si estas formas de proceder de los uniformados hacen parte de las políticas con la población civil.
El COMITÉ DE Y PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ, en ejercicio de nuestro legítimo derecho y deber para la defensa, promoción y exigencia de protección, respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario:
DENUNCIA PÚBLICAMENTE
Ante la Opinión Pública nacional e internacional, organismos internacionales (ONU, OEA, Cruz Roja Internacional y demás), entidades públicas de control y protección de los derechos Humanos del orden nacional, regional y local (Ministerio público, Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior , Oficina de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia y demás), Organizaciones No Gubernamentales, sociales y comunitarias nacionales e internacionales y al pueblo colombiano en general: Las graves y sistemáticas violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
· El día de ayer, domingo 3 de mayo de 2015, en horas de la mañana, en la vereda la Hoz, jurisdicción del Corregimiento de San José, fueron detenidos injustificadamente cuatro campesinos por la Policía Nacional, son muchos los pobladores que argumentan los constantes maltratos a la dignidad a las que son sometidos éstos pobladores. Exigimos respeto a la vida, la integridad, la dignidad de los y las campesinas y que se investiguen a los responsables al interior de la fuerza pública que no cumplen con las funciones constitucionales para las cuales fueron elegidos y que el Estado colombiano aclare si estas formas de proceder de los uniformados hacen parte de las políticas con la población civil.
· Ya son varias las familias afectadas por las fumigaciones aéreas con glifosato en las veredas La Hoz, Rodoxali, Resbalosa, El Porvenir, La Esperanza, Naim…; en operaciones adelantadas la Dirección de Estupefacientes de la fuerza pública desde el día 27 de abril, muy a pesar de las recomendaciones hechas por el ministerio de salud en las que se demuestra las afectaciones producidas en la salud humana la aspersiones con químicos como el Glifosato; le recordamos al Estado colombiano las recomendaciones hechas por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en las que argumentan que las causas del crecimiento de los cultivos de uso ilícito “están estrechamente ligados a las problemáticas de las áreas rurales (tenencia de la tierra, políticas económicas y violencia generalizada, entre otras), por lo que las estrategias para combatir las drogas deben partir de revisar las causas estructurales, para así adoptar soluciones integrales, sistemáticas y sostenibles, que incluyan las variables ambientales, culturales, étnicas, sociales, políticas y económicas. Acudimos ante la solidaridad nacional e internacional, para que insten al gobierno Nacional a ponerle fin a estas prácticas crímenes de Estado.”
Y que los daños ocasionados al medio ambiente, a la salud humana, y a cultivos de Pancoger siguen siendo un crimen contra las comunidades. Aún recordamos días 21 y 26 de febrero del 2013, y las de julio de 2013, sin que hasta el momento se hayan reparado los daños ocasionados a los campesinos. Exigimos al gobierno nacional, al ministerio de agricultura, a la secretaría de agricultura municipal, la verificación e inspección de esta zona para tratar de conocer las afectaciones y asumir las responsabilidades a las que tenga lugar para que hagan cumplir la ley, para que protejan el medio ambiente como mandato acérrimo que les corresponde, que sean reparados integralmente todos los afectados y a acatar las recomendaciones científicas hechas en esta materia para acabar con la utilización del glifosato y las causas que originan esta problemática.
· Conocimos que desde mediados de marzo se vienen presentando hechos violatorios de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en los que se evidencia el desplazamiento de algunos habitantes de la vereda la Esperanza, van por lo menos 5 personas que han sido desplazadas contra su voluntad, lo que constituye una clara violación a los Derechos Humanos y al Derechos Internacional Humanitario. Aún recordamos los extraños hechos que rodearon los desplazamientos del pasado 23 de marzo en los que quedan claras las exposiciones de la población civil. Rechazamos estos hechos e instamos a los diferentes grupos armados a respetar y a acatar el Derecho Internacional Humanitario. Invitamos al gobierno nacional a agotar todas las medidas necesarias y suficientes para proteger a las comunidades, exigimos a los diferentes grupos armados de la zona el respeto por los y las campesinas e instamos a las autoridades para que investiguen y esclarezcan estos hechos.
· Hemos conocido por los diferentes medios de comunicación que altos mandos de la fuerza pública mencionan el reclutamiento de menores para la guerra. Aunque no tenemos información certera o veraz de estos hechos, rechazamos categórica y públicamente cualquier forma en que es involucrada la población civil en el conflicto, rechazamos el reclutamiento forzado, las jornadas cívico-militares, rechazamos acciones de soldados por un día, rechazamos las acciones de guerra contra la población civil ejercidas por los diferentes grupos armados legales o ilegales y le exigimos al Estado colombiano asumir las recomendaciones en materia de prevención al reclutamiento realizadas por la Defensoría del Pueblo, por el Examen Periódico Universal, las Naciones Unidas y las demás recomendaciones de las organizaciones de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales, es necesario recordarle al Estado colombiano las responsabilidades en materia de inversión seria en Educación, Cultura y Deporte que ayude a que los jóvenes a vincularse en hechos de Paz para hacer de Colombia un país diferente en donde se le de oportunidad a la juventud.
· Rechazamos públicamente las declaraciones del pasado 7 de marzo de altos mandos de la fuerza pública de la Brigada XVII contra líderes defensores de derechos humanos de San José en donde es clara y malintencionada la desinformación a toda la comunidad urabaense acerca de unas firmas que fueron exclusivamente recogidas para solicitarle al alcalde Gonzalo Giraldo unas inquietudes de la comunidad respecto al proyecto del Maga-colegio El Mariano, creemos completamente malintencionados las declaraciones de la fuerza pública en las que faltan a la verdad y exigimos el respeto al buen nombre de los líderes y lideresas de San José y esperamos y solicitamos que se instauren buenas y mejores prácticas al interior de la fuerza pública que sean acordes a la democracia y a las buenas costumbres.
EXIGIMOS
A los actores armados legales e ilegales:
· Que cesen estas estrategias de vinculación y articulación a las dinámicas de una guerra de la que en nuestra calidad de población civil nos resistimos a hacer parte, Exigimos además, que cesen Los ataques y estigmatizaciones contra los campesinos, los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos que sólo reclamamos para nuestro territorio vida en vez de guerra.
· Que se inicien las investigaciones de carácter disciplinario interno contra los autores materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario con ocasión de los anteriores hechos narrados.
Al Presidente Juan Manuel Santos y al Gobernador de Antioquia Sergio Fajardo:
· Que adopten las medidas inaplazables contempladas en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, ordenando instrucciones y mecanismos claros que busquen prevenir los riesgos que puedan afectar a la población civil.
· Que no permita estos comportamientos dentro de las instituciones del Estado, pues ponen en peligro a la población y no están acordes a las funciones constitucionales de la Patria.
· Que se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de los civiles, de líderes y lideresas defensores y defensoras de derechos humanos y demás personas protegidas por el DIH.
· Que revisen y acaten las recomendaciones hechas por la Defensoría del pueblo, por las Naciones Unidas, por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos WOLA, y las demás organizaciones que cumplen una labor importantísima para el mejoramiento de las condiciones propias de la democracia de cualquier país.
A la Fiscalía General de la Nación:
· Que investigue, identifique e inicie los respectivos procedimientos de carácter jurídico penal a que haya lugar en contra de los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y accione todas las medidas que permitan reducir los riesgos y las amenazas que ponen en peligro a la población civil por hechos que constituyen crímenes de guerra
· Que cumpla las funciones establecidas en la ley para investigar las afectaciones a la población y determinar las responsabilidades individuales de los infractores en la clara violación a los Derechos Humanos y al Derecho internacional Humanitario, así estas responsabilidades sean cometidas por el mismo Estado.
A la Procuraduría General de la Nación:
· Que investigue, sancione, e inicie los respectivos procedimientos de carácter jurídico-disciplinarios a los que haya lugar contra los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y accione todas las medidas que permitan reducir los riesgos y las amenazas que ponen en peligro a la población civil.
· Que cumpla las funciones establecidas en la ley para investigar, sancionar y determinar las responsabilidades individuales de los infractores en la clara violación a los Derechos Humanos y al Derecho internacional Humanitario.
A la Personería Municipal de Apartadó:
· Que basados en las funciones constitucionales de las Personerías en Colombia brinde y defienda las garantías a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, aunque esas violaciones provengan incluso de instituciones del mismo Estado como la fuerza pública.
· Que en derecho, y en uso de sus funciones realice lo concerniente para no permitir los señalamientos y las estigmatizaciones pues estás lamentables e ilegales prácticas no deben ser permitidas a los funcionarios públicos y van en contravía de las leyes de nuestro país y contra las obligaciones adquiridas mediante los acuerdos suscritos por el Estado colombiano en materia de Derechos Humanos.
A la Defensoría del Pueblo:
· Para que en consecuencia de sus funciones claramente establecidas en la constitución y la ley, defienda y no descanse hasta garantizar el cumplimiento de Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, el Código de Infancia y Adolescencia, los Derechos Internacionales de los Niños y los demás a los que haya lugar.
LLAMAMOS
A la Opinión Pública nacional e internacional, a los Organismos de protección y defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, a todas las organizaciones y personas sensibles al dolor humano cercano y lejano a que suscriban nuestras sentidas, urgentes y justas demandas al Estado colombiano.
COMITÉ DE Y PARA LOS DERECHOS HUMANOS SAN JOSÉ DE APARTADÓ