El desconocimiento y la vulneración de los derechos humanos básicos de la población, junto
con los elevados niveles de impunidad y la exclusión económica y social de amplios sectores de
la sociedad, han constituido una causa de este largo conflicto armado, pero también es preciso
señalar que dichas violaciones a los derechos humanos se han constituido en un medio por el
que se ha llevado a cabo la confrontación. Además, los impactos del conflicto armado han
ocasionado millones de víctimas desplazadas violentamente de sus tierras, asesinatos de cientos
de miles de personas en los últimos 60 años, miles de personas desaparecidas forzadamente,
secuestradas y arbitrariamente detenidas, reclutamiento forzado que ha afectado especialmente a
niños, niñas y jóvenes, miles de víctimas de torturas y violencia sexual contra mujeres y
niños/as, así como secuelas gigantescas del despojo de tierras, expropiación de los territorios y
desarticulación del tejido social y comunitario, que han afectado principalmente los sectores
más empobrecidos de la población, con afectación particularmente grave a las comunidades
indígenas, afrocolombianas y campesinas.
La superación de esta realidad de terror, de vulneración masiva, sistemática y sostenida de
derechos humanos y de ausencia de justicia y voluntad estatal para superar la impunidad,
demandan que la Mesa de Diálogo le otorguen mayor consideración y prioridad que la que
hasta ahora se ha acordado en la agenda propuesta a los temas de las violaciones de derechos
humanos, la efectividad de la justicia y la superación de la impunidad de los crímenes de guerra,
los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos.
En este sentido, las organizaciones de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos,
demandan al Gobierno y a las FARC-EP atención, decisión y acciones eficaces en torno a los
siguientes temas relacionados con el proceso de diálogos.
1. Llamamos a que el Gobierno y el ELN aceleren su decisión de dar inicio al proceso de
conversaciones formales y acordar su vinculación al proceso de diálogo actualmente en marcha,
o en un escenario paralelo con miras hacia la terminación del conflicto armado y la proyección de su accionar en los escenarios de la lucha política legal. Conscientes de que la lucha por la paz
va mucho más allá del escenario de la Mesa de Diálogo y que el protagonismo de la lucha por
los grandes cambios que demanda la paz corresponde a la sociedad colombiana en su conjunto,
llamamos a que Estado y organizaciones guerrilleras entiendan el clamor de la población en
contra de la guerra y en favor de nuevas condiciones y garantías para que las luchas políticas en
Colombia se adelanten por vías distintas a la confrontación y la violencia armada y con plenas
garantías para sus participantes.
2. Insistimos en que el proceso de diálogo no debe ser utilizado para escalar los medios y
métodos de la confrontación ni para que las partes se embarquen en la dinámica de incrementar
las demostraciones de fuerza como medio para obtener ventajas estratégicas en la Mesa de
Negociación. Llamamos a no dejar para el final del proceso, sino por el contrario, a anticipar un
acuerdo de cese bilateral de hostilidades, que impida que con motivo de las esperanzas del logro
de un acuerdo negociado, miles de familias de los sectores más humildes de la población, se
sigan llenando del dolor de la muerte de cientos de soldados, guerrilleros y miembros de la
población civil.
3. Llamamos a que tanto el Gobierno como las Guerrillas tomen medidas inmediatas para un
respeto irrestricto de las normas del Derecho Internacional Humanitario y para la puesta en
práctica de una noción garantista de las mismas que busque preservar al máximo el derecho a la
vida de la población civil y los combatientes que han quedado por fuera de las hostilidades.
Todos los actores del conflicto armado interno deben implementar de inmediato medidas para
poner fin al reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes; cesar las constantes
agresiones físicas, morales y actos de violencia sexual contra las mujeres y las que venido
sufriendo lideresas de procesos sociales y comunitarios y , abstenerse de realizar bombardeos en
áreas pobladas y de armas de efectos indiscriminados que afecten a los civiles, y en especial,
abstenerse de desarrollar hostilidades militares al interior de las áreas pobladas de los territorios
de las comunidades indígenas y afrocolombianas.
4. Nos preocupa que las distorsiones que desde el Estado se han venido imponiendo a la
interpretación y aplicación de las normas del DIH hayan puesto de nuevo como prioridad de los
objetivos operacionales de la Fuera Pública la producción de muertes en el desarrollo de las
hostilidades y la valoración de resultados medidos en bajas, fenómeno que en el pasado reciente
estuvo en la base de la perpetración de miles de casos de “falsos positivos” perpetrados por
servidores oficiales. En especial, nos preocupan los esfuerzos por llevar a la legislación
reformas al derecho operacional de la Fuerza Pública que institucionalizan en las tropas la
“licencia para matar”, que subestiman los daños colaterales y la muerte de civiles en función de
ventajas militares propuestas y que se complementan con esfuerzos de armonización de la
legislación penal con el DIH que buscan básicamente despenalizar las infracciones al derecho
internacional humanitario, así como reformas a la Constitución que buscan impedir una
verificación independiente de la “legalidad” de estas muertes y otorgar a miembros de las
propias fuerzas estatales las decisiones sobre la investigación y procesamiento de estos eventos,
contenidos en la propuesta de ampliación del fuero militar a las violaciones a los derechos
humanos y al derecho humanitario.
5. Instamos a que los acuerdos contemplen una visión integral sobre la protección del medio
ambiente y de los recursos naturales, dejando de observar en estos simples escenarios de
explotación de los recursos naturales y para el desarrollo de actividades extractivas por parte de
conglomerados económicos nacionales y transnacionales, valorando positivamente la presencia de estos en territorios de grupos étnicos, respetando y fortaleciendo las normas de la consulta
previa, libre e informada a la luz del Convenio 169 de la OIT.
6. Demandamos a que en la Mesa de Dialogo se acuerden medidas para una participación eficaz
de las organizaciones y movimientos sociales, con garantías de participación, entre otras, de las
expresiones organizadas del movimiento de víctimas y de derechos humanos. En la medida en
que la agenda debe abordar los derechos a la verdad, la justicia, reparación y garantías de no
repetición, no se entiende que la partes pretendan acordar estos asuntos sin participación de las
organizaciones de víctimas y de derechos humanos, y quieran dejar su participación para la fase
de implementación, después que todo haya sido acordado. Demandamos que la participación de
representantes de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos se habilite desde el
inicio de esta nueva fase, y que la participación social no se entienda agotada con mecanismos
insustanciales, sin capacidad de decisión y que terminan actuando como meras válvulas de
escape para desactivar las inconformidades y reclamos de distintos sectores sociales.
7. A pesar de las limitaciones de la Agenda acordada, el proceso de diálogo hacia la terminación
del conflicto armado debe ser una ocasión para que los sectores marginados, subordinados y
excluidos de la población colombiana tengan la oportunidad de plantear de manera eficaz sus
demandas, necesidades y derechos largamente postergados. Puesto que los cambios que
demandan las condiciones para una sociedad en paz no son asunto solo del Gobierno y la
insurgencia, los sectores dominantes del establecimiento político, económico, financiero y
mediático y del capital transnacional e inversionista presente en el país, deberían vincularse
activamente a este proceso en orden a garantizar que la superación de la exclusión económica,
social y cultural de las mayorías, la ampliación de los espacios de decisión y participación
política de los sectores populares y la garantía de recursos suficientes para que el Estado pueda
adelantar programas eficaces de combate a la desigualdad y de eficacia de derechos sociales y
justicia económica para la población, generen las condiciones para la cimentación de un proceso
de paz estable y duradero y la no repetición de situaciones de guerra y de violencia fratricida en
el futuro.
8. Llamamos a que la Agenda de diálogo incluya una visión más amplia de los derechos a la
verdad y reparación de las víctimas e incluya el tema de la Justicia para las víctimas de graves
violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que no
han sido incluidos en la agenda. Solicitamos que el tema de los derechos de las víctimas y la
superación de la impunidad sea abordado inmediatamente después del primer punto ya acordado
la agenda. La impunidad estructural, que ha caracterizado los casos de las víctimas de estos
crímenes, reclaman urgentes y profundas reformas a la administración de justicia, la ampliación
y garantía eficaz del acceso a la justicia a los sectores y personas victimizadas y la garantía de
un trato igual por parte de las entidades estatales a quienes reclaman justicia y verdad por la
vulneración de sus derechos, lo que debe incluir la eliminación de fueros y privilegios que dejan
prácticamente por fuera del alcance de la justicia a diversos sectores vinculados al ejercicio del
poder y que no responden de sus actuaciones y abusos en contra de la población.
9. El nuevo proceso de diálogos con las organizaciones guerrilleras no puede repetir los errores
cometidos en el pasado proceso con los grupos paramilitares. La ausencia de verdad y justicia
en este proceso, reflejada en el hecho de que después de 7 años de implementación de los
procedimientos de la Ley de Justicia y Paz solo han arrojado 14 sentencias y una sola en firme,
y ausencia de reparación a las víctimas del paramilitarismo, evidencian los impactos de una deficiente consideración de los temas de la justicia, la verdad, y la reparación en los procesos de
tratamiento de los impactos del conflicto armado sobre la población y las víctimas. De igual
modo, el hecho de que más del 15% de los paramilitares reinsertados hayan reincidido en
actividades criminales pone de presente graves deficiencias del proceso de reinserción, que no
pueden repetirse en el proceso actual. El hecho de que más de 2 mil desmovilizados de este
proceso hayan sido asesinados, y que sus casos permanezcan en la impunidad, interrogan sobre
la capacidad y/o voluntad del Estado de asegurar las condiciones necesarios para que los
procesos de paz puedan garantizar a los miembros de organizaciones armadas las condiciones
para desarrollar sus propuestas en los escenarios de la lucha política civilista y democrática.
10. Las graves violaciones a los derechos humanos, los crímenes de guerra y delitos de lesa
humanidad perpetrados en el marco del conflicto armado en los últimos 60 años demandan a la
sociedad y al Estado Colombiano un esfuerzo gigantesco y vigoroso orientado al conocimiento
de la verdad histórica sobre todos estos hechos. La práctica masiva y generalizada de
violaciones de derechos humanos involucran a más de 5.5 millones de personas desplazadas por
la violencia1, 8.5 millones de hectáreas de tierras despojadas de manera violenta a más de
350.000 familias2, cerca de 2.500 personas que fueron objeto de torturas a partir del año 19983,
se estima que más de 480.000 mujeres víctimas de violencia sexual y cerca de 15.000 sufrieron
violaciones sexuales por parte de actores armados en el marco del conflicto armado entre los
años 2001 y 20094, más de 386.000 crímenes contra civiles fueron documentados en el marco
del proceso de justicia y paz con los paramilitares5, más de 400 personas que han sido víctimas
de secuestro cuyo paradero se desconoce6, 1.469 masacres entre 1993 y 2011 cobraron la vida
de miles de personas7, más de 18.600 personas que han sido objeto de desaparición forzada8 y
más de 3500 personas que fueron victimas de la práctica criminal de los “falsos positivos”
(ejecuciones extrajudiciales) entre los años 2002 y 2010 perpetrados por integrantes de las
fuerzas de seguridad del Estado9, son hechos que no pueden quedarse sin esclarecimiento ni
reparación en el marco de los acuerdos que se establezcan para poner fin al conflicto armado.
Las víctimas y los familiares de estos crímenes, y la sociedad en su conjunto, tienen derecho, sin
distingos de condición económica, política o social a saber la verdad completa sobre estos
hechos, el paradero y destino de sus seres queridos, las condiciones en que ocurrieron, los
responsables y ejecutores de los crímenes y a obtener una reparación justa por estos crímenes.
11. Esta realidad exige que todas las fuerzas, estatales, paraestatales y contraestatales que han
participado en las acciones del conflicto armado que han vulnerado derechos básicos de la
población, se comprometan a contar la verdad completa y de manera pública frente a las
victimas y frente a la sociedad por medio de canales apropiados para ello. La verdad sobre los
cientos de casos de personas reportadas como secuestradas cuyo paradero se desconoce, sobre
los miles de casos de niños y niñas reclutadas por la fuerza y los miles de casos de violencia
sexual por ejemplo, deben dejar en claro donde están esas personas, quienes fueron los
responsables de estos hechos, y quienes y en que circunstancias participaron en los mismos,
independientemente de que hayan sido perpetrados por miembros o jefes de las guerrillas, de las
Fuerzas Armadas o de los grupos paraestatales. Ningún beneficio de justicia transicional puede
ser concedido a ninguno de los actores del conflicto sin que se haya cumplido de manera previa
con el compromiso de contar la verdad completa y de reparar a las víctimas de las acciones de
las que sea responsable o en las que haya participado. Este compromiso debe involucrar a todos
los responsables y mandos que ordenaron, financiaron, promovieron, organizaron o se
beneficiaron de dichos crímenes con independencia de que sus nombres hayan sido vinculados a
procesos judiciales. La actividad asimétrica que el sistema judicial ha desplegado para
investigar y procesar estos crímenes, poniendo su esfuerzo en investigar y procesar los
miembros de las organizaciones insurgentes y despegando una mínima o nula actividad
investigativa frente a los responsables de estos crímenes en entidades estatales o paraestatales,
evitando además involucrar a sus más altos responsables, plantea una obligación de compromiso
integral con la verdad que no puede circunscribirse a los presuntos máximos responsables
mencionados en los expedientes judiciales. Una evidencia de ello es que los máximos
responsables de las prácticas de desaparición forzada o de ejecuciones extrajudiciales
perpetradas por parte de miembros de la Fuerza Pública no han sido siquiera mencionados,
vinculados o llamados a responder por las investigaciones judiciales adelantada por estos
hechos y la sociedad espera que los máximos responsables de estos crímenes sistemáticos sean
individualizados, respondan por sus acciones, reparen a sus víctimas y les den garantías de
satisfacción y no repetición de estos hechos.
12. El proceso para poner fin al conflicto armado tiene que abarcar también un tratamiento a los
grupos paramilitares y neoparamilitares, tanto aquellos que subsistieron al proceso de
desmovilización, como los grupos rearmados y los que surgieron con posterioridad a los
acuerdos de desmovilización. El avance en los acuerdos con las guerrillas debe estar
acompañado de condiciones para la desmovilización completa y efectiva de estos grupos, en
condiciones en que se garanticen las exigencias de verdad, justicia, reparación y no repetición
de los crímenes por parte de los miembros de estas organizaciones y de sus financiadores y
socios, y el desmonte efectivo de sus estructuras económicas, empresariales, políticas y sus
entronques con estructuras políticas y militares en el Estado.
13. Un reclamo crucial e innegociable de las organizaciones de derechos humanos es el
establecimiento de una vigorosa Comisión de la Verdad, independiente de los actores que
participaron en la confrontación armada, conformada por personas de elevada solvencia moral,
experiencia y sensibilidad reconocida por los derechos humanos y con representación de
sectores de la academia, las iglesias, miembros de la comunidad internacional y las
organizaciones de víctimas. Esta comisión debe estar dotada de suficientes recursos
económicos, técnicos y humanos y tener acceso irrestricto a los archivos estatales y de entidades
sociales que pudieran contener información sobre los hechos victimizantes, y el destino y
paradero de las víctimas. A diferencia del proceso desarrollado con los paramilitares, la verdad reconstruida no puede depender solamente de las confesiones de los victimarios sino que debe
consultar ampliamente la versión de las víctimas. Debería poder funcionar por lo menos en un
plazo de cinco años y tener un mandato de poder investigar los hechos de violencia relacionada
con el conflicto armado desde los orígenes del mismo.
14. Las organizaciones de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, finalmente
hacen un llamado a la comunidad internacional y a los países con representaciones diplomáticas
acreditas en Colombia para que acompañen este proceso hasta su completa culminación y
aportando recursos y esfuerzos para la consolidación del proceso, la verificación de los
acuerdos, el acompañamiento a los procesos de organización y movilización de las víctimas por
sus derechos, y la generación de condiciones que permitan a la sociedad colombiana avanzar en
las transformaciones sociales, políticas y económicas necesarias para consolidar un proceso de
paz estable, justa, duradera y con mayor democracia, soberanía, bienestar y derechos básicos
universales garantizados a todos los colombianos y colombianas.
Bogotá, 16 de Noviembre de 2011
Comité Operativo
Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos
Contactos para medios:
Eduardo Carreño Wilches (Colectivo de Abogados José Alvear) ‐ Tel: 313 8857878
Claudia Erazo (Corporación Jurídica Yira Castro) ‐ Tel: 311 8484711
César Jerez (Asociación Campesina del Valle del Cimitarra) – Tel: 310 3435667
