Publicada originalmente en Confidencial Colombia
“Desde todos los puntos cardinales de nuestros Sagrado Territorio Milenario, Autónomo y Ancestral, así como también desde el interior de nuestras estructuras asociativas milenarias y en especial la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, MPC, expresamos nuestro profundo dolor a la familia Arias Arias y a todo su núcleo familiar les expresamos nuestra más sentida y profunda voz de condolencia ante la inesperada partida de nuestro Compañero”. (Comunicado de Condolencias. Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, 13 de febrero 2021).
En lo personal y profesional, en nombre mío y de mis colegas como integrantes del Área Internacional del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, con profunda tristeza nos sumamos al mensaje de la ONIC. Expresamos nuestro dolor y sentimientos de pesar a la familia por la pronta partida del compañero y amigo Luis Fernando, como también al pueblo Kankuamo y a las comunidades indígenas colombianas.
Los pueblos indígenas Cogui, Arhuacos, Arsarios y Kankuamo habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, que se ubica en la región del Caribe de Colombia y comprende parte de los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar. El pueblo Kankuamo, con población de aproximadamente seis mil habitantes, se encuentra localizado en la vertiente suroriental de la Sierra. Los Kankuamos fueron considerados como “pueblo extinto” en algún momento. Afortunadamente han tendido un proceso de reconstrucción cultural y de recuperación de sus raíces lingüsticas, religiosas y sociales.
El territorio Kankuamo fue reconocido legalmente por Colombia como resguardo a través de la resolución No. 012 de 10 de abril de 2003 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, con una extensión de 40.000 hectáreas. El resguardo está compuesto por doce comunidades: Atánquez, Chemesquemena, Guatapurí, Las Flores, Pontón, Mojado, Ramalito, Rancho de la Goya, Los Háticos, La Mina, Murillo y Rioseco. El pueblo indígena considera su territorio como la base en la cual se edifica su identidad étnica y cultural, su desarrollo y su organización política. Consideran a la Sierra Nevada de Santa Marta su lugar sagrado.
Nuestra relación personal y profesional con Luis Fernando fue de más de 18 años, cuando solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medidas cautelares para proteger la vida e integridad de su pueblo, siendo concedidas el 24 de septiembre de 2003.
La solicitud se debía a que en el primer semestre de ese año fueron asesinados 44 indígenas Kankuamos. El 11 de agosto, Andrés Ariza Mendiola fue asesinado por las Autotodefensas Unidas de Colombia, AUC, en una incursión paramilitar a su finca. El 18 de agosto de 2003 Alcides Arias Maestre y Robinson Villazón fueron asesinados por las AUC en una incursión paramilitar al corregimiento los Haticos. El 29 de agosto de 2003 el cuerpo sin vida de Ever de Jesús Montero Mindiola fue encontrado con el rostro desfigurado, vestido con prendas camufladas y presentado ante los medios de comunicación como miembro del Ejército de Liberación Nacional, dado de baja en combates con las AUC – esa práctica de los “falsos positivos” que recién vuelve a ser noticia. Además, se produjeron desplazamientos de la población indígena como resultado de constantes actos de violencia contra la comunidad.
La Comisión solicitó al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los miembros del Pueblo Kankuamo, respetando su identidad cultural y protegiendo la especial relación que tienen con su territorio; brindar atención de emergencia a las víctimas de desplazamiento forzado; y adoptar las medidas necesarias con el fin de investigar judicialmente los hechos de violencia y las amenazas proferidas en contra de la comunidad beneficiaria. Las medidas cautelares están vigentes hasta el día de hoy.
Menos de un año después, el 5 de julio de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, otorgó medidas provisionales al pueblo Kankuamo, solicitadas por la Comisión ante la permanencia de la grave situación de violaciones a los derechos de dicho pueblo. Tuvo como fin que el Estado colombiano protegiera la vida e integridad personal de los integrantes de dicha comunidad de la Sierra Nevada de Santa Marta; respete su identidad cultural, y su especial relación con el territorio ancestral; investigue los hechos, se identifique y juzgue a los responsables y se impongan las sanciones respectivas. En enero de 2012, las medidas provisionales fueron levantadas por los esfuerzos del Estado de protegerlos.
El Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, condenó el 9 de agosto de 2004 el asesinato del dirigente indígena colombiano Fredi Arias, ocurrido la primera semana de ese mes, del que fue responsable un grupo paramilitar. Era el ejemplo más reciente de 2004, sobre los abusos que soportaba esa minoría. Le pidió al gobierno investigar esa y otras violaciones de los derechos del pueblo indígena, encontrar a los responsables y enjuiciarlos sin demora para que los Kankuamos pudieran seguir gozando de su territorio en condiciones de seguridad.
El CAJAR sostuvo ante la Comisión y la Corte IDH, que la ubicación geográfica de los Kankuamos los expuso a constantes actos de violencia y amenazas por parte de grupos armados al margen de la ley que operaban en la zona. Esto generó que los gobernadores y líderes de los cabildos indígenas de la región hayan sido víctimas de amenazas, atentados y asesinatos. Asimismo, numerosas familias han debido desplazarse con el fin de proteger su vida. Por lo tanto, padecen el bloqueo de alimentos y los jóvenes indígenas se ven expuestos al reclutamiento forzado por parte de estos grupos armados.
La ONIC presentó el 10 de agosto de 2018 un informe de afectaciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el que sostiene que existe una sistematicidad y continuidad del etnocidio hacia los indígenas por parte de todos los actores del conflicto armado. En el mismo sentido, la Corte Constitucional mediante la sentencia T-025 de 2004 ya había advertido que 34 pueblos se encontraban en vía de extinción física y cultural.
En el auto 033 del 12 de febrero de 2021, la Sala de Reconocimiento del Tribunal Especial para la Paz afirmó que al menos 22 personas pertenecientes a las etnias Kankuama, Wiwa y Wayuú fueron presentadas como dadas de baja en combate, principalmente por miembros del Batallón La Popa y el Grupo Mecanizado Juan José Rondón. La Primera División del Ejército reportó un 6% de las víctimas identificadas con alguna condición de discapacidad física o cognitiva.
El 18 de Julio de 2018 fue la última vez que me vi con Luis Fernando, en una audiencia en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de EE.UU., sobre el tema de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia. Hizo parte de una de las cinco delegaciones en la mesa de La Habana, Cuba, luchador incansable por la paz.
Luis Fernando Arias, sufrió y padeció el conflicto armado interno y las secuelas para su pueblo. En agosto de 2001 su abuelo Salomón Rafael Aras fue asesinado y en el 2004 su tío Fredy Arias corrió con la misma suerte. Les deseo a su familia, al pueblo Kankuamo y todos los pueblos ancestrales de Colombia, la armonía, el equilibrio ante la vida y los derechos de la madre tierra.
