Entrega digna de restos de Mónica Molina, “Marcela” desaparecida en el Palacio de Justicia

Este 19, 20 y 21 de enero, terminará la larga espera de la familia de Mónica Molina Beltrán, alias Marcela, guerrillera del M19 que murió durante el holocausto del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, y cuyo cuerpo estuvo desaparecido desde entonces.

Mónica Molina nació en Cali y se graduó como bachiller en el Colegio INEM de la misma ciudad. Ingresó a la guerrilla del M19 con tan solo 19 años, orientada por sus ideales de justicia social. Mónica hizo parte del comando guerrillero que ingresó al Palacio de Justicia, en la que llamaron “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre” que fue respondida por las fuerzas del Estado colombiano con el operativo de retoma denominado “Plan tricolor”.

Desde entonces, su familia no volvió a saber sobre su paradero y así se convirtió en una de las desaparecidas forzadamente, al igual que otros militantes del M-19, trabajadoras y trabajadores de la cafetería y de otras dependencias del Palacio, magistradas y magistrados.

El proceso que se surte actualmente ante la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por la desaparición forzada de miembros del grupo guerrillero M-19 se encuentra en etapa de averiguación de responsables y no se sabe aún -después de 32 años del Holocausto del Palacio de Justicia- si Mónica fue asesinada dentro del recinto o salió con vida, posteriormente torturada, ejecutada y desaparecida por miembros de las Fuerzas Militares. Ello debe ser objeto de una exhaustiva investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación con el fin de determinar los responsables de la desaparición forzada de Mónica y de todas las personas que estuvieron y que aun están en calidad de desaparecidas.

En el año 2014, los cuerpos de Mónica y de Carmen Cristina Garzón, “Violeta” también integrante del M-19, fueron identificados en las cajas 74 y 75 que reposan en el Instituto Nacional de Medicina Legal, provenientes de una fosa común del Cementerio del Sur de la ciudad de Bogotá, 29 años después de la ocurrencia del Holocausto del Palacio de Justicia.

El Informe Pericial de su necropsia concluyó que en su cuerpo se encontraron lesiones traumáticas peri mortem, es decir alrededor del momento de su muerte, consistentes en fracturas del tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo arcos costales derechos, y de la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima vértebras dorsales por mecanismo de alta energía. Estas lesiones, afirma el informe de Medicina Legal, “implican necesariamente un severo trauma torácico y de columna vertebral que le causó la muerte”.

Adicionalmente se encontró que algunas de las estructuras óseas, incluyendo fragmentos de la base del cráneo, presentaron fracturas por exposición al calor, cambios de coloración por carbonización, lo que permitió establecer que el cuerpo estuvo expuesto a altas temperaturas después de su deceso.

Mónica fue víctima del delito de desaparición forzada, lo que de ninguna manera tiene justificación, ya que tratándose de una combatiente, estaba cobijada por las normas del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. En ese sentido, su familia tiene derecho a exigir que se conozca qué fue lo que realmente sucedió al momento de su muerte, a no ser revictimizada, a recibir su cuerpo, darle sepultura según sus creencias, a acceder a la justicia y la reparación integral.

Imagen: Familia de Mónica Molina y Fundación Hasta Encontrarlos

Sobre el contexto de la muerte de Mónica Molina, el Informe de la Comisión de la Verdad de 2010, sobre los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia, permite concluir que el interés de la fuerza pública no fue detener el golpe dado por el M19 y proteger las vidas de quienes se encontraban en el Palacio, sino eliminar a los guerrilleros a cualquier costo como eje y la prioridad de la operación militar, demostrando además un abierto irrespeto por los miembros del Poder Judicial y demás rehenes. Así se evidencia en algunas de las comunicaciones de radio que reposan en el expediente:

“Arcano 5 (Coronel Luis Carlos Sadovnick-Brigada XIII, Jefe de Estado Mayor): R, eh… ¿tiene algún dato Arcano 6 sobre bajas de la chusma? Cambio.

Arcano 6 (General Jesús Armando Arias Cabrales-Comandante Brigada XIII): R, eh… verificadas, verificadas únicamente cuatro, únicamente cuatro. Eh… parece que dentro del personal que se sacó como rehenes había algunos que se infiltraron intentando pasar, esos eh…los tiene en este momento Arcano 2 y se está haciendo la averiguación, de todas maneras eh… la Policía va a verificar a través de guantelete si ese personal utilizó algún armamento, siga.

Arcano 5: R, eh… Acero 6 había informado que había contabi… contabilizado 18 bajas, eh… Paladín 6 quiere que se le confirme este dato, cambio.
[…]

Acero 6 (Coronel Rafael Hernández López-Escuela de Artillería): Bueno, ya se golpeó las… las… ya se está recuperando aquí material y eh… los fumigados… está todo el personal prácticamente acabado, entonces estamos únicamente aquí para salvedad de las bombas que hayan puesto aquí sobre las puertas para eso necesitamos las linternas, de resto el personal está totalmente fumigado, cambio.
[…]

Coraje 6 (General Miguel Vega Uribe-Ministro de Defensa): Mire, aquí recibí un… un informe de… de muy buena fuente, después le digo cuál era, que los guerrilleros que habían entrado eran 40.

Paladín 6 (Mayor General Rafael Samudio-Comandante del Ejército Nacional): R y QSL.
Coraje 6: Que los guerrilleros que habían entrado eran 40, cambio.

Paladín 6: R, sí lo… lo escucho, siga.

Coraje 6: Entonces, espero que le sirva de… de dato, ¿no?

Paladin 6: R, correcto, sí señor. Eh… vamos a… a mirar ahora la… y a comprobar todo, a hacer el balance y qué pasó, siga.

Coraje 6: Sí, a ver que no… Entre los que salen de… de retenidos no se nos vayan a mezclar, cambio.”

En este mismo contexto y como objetivo de la operación de retoma habría ocurrido la desaparición forzada de William Almonacid, quien de acuerdo a un video revelado por Noticias Caracol, salió con vida de las instalaciones del Palacio. Las imágenes muestran cuando Almonacid es dirigido a una camioneta verde en una de las esquinas del Palacio por miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, ¿Por qué apareció ejecutado con posterioridad? Por su parte, Andrés Almarales, otro de los guerrilleros que participó en la toma, de acuerdo con las evidencias salió herido de las instalaciones del Palacio, pero ¿Por qué apareció muerto posteriormente?

En el caso de Carmen Cristina Garzón, “Violeta”, de acuerdo al radio aficionado y las declaraciones del Coronel Sánchez Rubiano, se concluye que pudo haber muerto dentro del recinto. Sin embargo, ¿Por qué sus restos aparecieron 29 años después de la ocurrencia de los hechos junto con los de Mónica?

En el caso Rodríguez Vera y Otros, como se denomina el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia vs. Colombia, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado Colombiano reconoció que Irma Franco Pineda, integrante del M-19,fue desaparecida forzadamente a manos de sus agentes, luego de sobrevivir los hechos de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. La Corte estableció que no hay controversia en que ella fue separada de los demás sobrevivientes, conducida a una institución militar, torturada y desaparecida.

Los anteriores casos sin tener en cuenta que aún no se ha definido la suerte que corrieron los otros miembros del grupo M-19 que ingresaron al Palacio con ocasión de la toma y que, de algunos, aun se desconoce su paradero y de otros, sus restos aparecieron recientemente.

El tribunal interamericano también encontró que el Estado era responsable por el incumplimiento de su obligación de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, contemplados en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, por no haber tomado las medidas efectivas y necesarias para prevenir su vulneración, teniendo conocimiento del riesgo real e inmediato en el que se encontraba el Palacio de Justicia en ese momento.

Todo lo anterior demuestra un plan orquestado por las fuerzas militares para exterminar a todos los miembros del grupo guerrillero M-19 y aplicar la política de teirra arrasada, violando principios esenciales del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. 32 años después, el Estado Colombiano debe a saldar su deuda histórica con todas las víctimas de la retoma del Palacio de Justicia, como parte del ejercicio de construcción de la verdad en momentos donde el país avanza en la consolidación de un proceso de paz y como garantía de no repetición de los graves crímenes que allí se cometieron.