Bogotá, 9 de febrero de 2026. El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) informa a la opinión pública que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja profirió sentencia condenatoria contra el paramilitar Hernán Giovanni Arteaga Plazas, alias “El Obrero”, por su responsabilidad en homicidios sistemáticos cometidos en el departamento de Boyacá entre los años 2002 y 2003, los cuales fueron calificados como crímenes de lesa humanidad.

Alias “El Obrero” fue condenado a 330 meses de prisión (27 años y 6 meses) como pena principal, por su coautoría en cuatro homicidios agravados en concurso homogéneo y sucesivo.

Adicionalmente, se le impuso una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de 20 años.

La sentencia reconoce que los crímenes hicieron parte de una estrategia sistemática mal llamada “limpieza social”, dirigida contra personas señaladas arbitrariamente como colaboradoras de la guerrilla, delincuentes comunes o consumidores de sustancias, en el marco de la operación de las ACC en la región.

El fallo también establece que los hechos son imprescriptibles, dada su naturaleza sistemática y generalizada, lo que reafirma los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Se destacó que el condenado utilizó fachadas, como la venta de minutos telefónicos en la Plaza de Bolívar de Tunja, para identificar y ubicar a las víctimas. La sentencia también deja constancia de la participación del Estado en estos crímenes, permitiendo la operación del grupo armado ilegal y a través del apoyo de integrantes de la Fuerza Pública y de organismos estatales como el DAS, el CTI y la Policía Nacional, un elemento de extrema gravedad que debe ser investigado a fondo.

Entre las víctimas fatales reconocidas en el fallo se encuentran:

• Ricardo Rosales Orozco, asesinado el 16 de febrero de 2003, en el Alto de Cucaita (vía Villa de Leyva).
• Óscar Eliécer Moreno, asesinado el 16 de febrero de 2003, en la vía Tunja–Arcabuco.
• Dydyer León y Juan Pablo Castro, asesinados el 26 de marzo de 2003, en la vía Tunja–Paipa, sector Las Gemelas.

Desde el Cajar, como representantes de víctimas, resaltamos que esta sentencia constituye un avance significativo en la lucha contra la impunidad por crímenes cometidos por estructuras paramilitares y en el reconocimiento judicial de los patrones de violencia sistemática ejercidos bajo la fachada de control social.

Sin embargo, insistimos en la necesidad de avanzar en el esclarecimiento integral de la verdad, en particular frente a máximos responsables y frente a la participación y colaboración de agentes estatales y terceros que facilitaron, promovieron o toleraron estas prácticas criminales.