Bogotá, 19 de octubre de 2026, El Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR) denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la amenaza de muerte recibida el 18 de octubre de 2026, por nuestra compañera Yessika Hoyos Morales, abogada defensora de derechos humanos e integrante de la asamblea del CAJAR, y por Candelaria Barrios Acosta, Malena Martínez Montoya y Juan David Díaz Chamorro, integrantes y voceros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) – Capítulo Sucre.
A la 1:05 p. m., llegó a los celulares de Yessika y de Candelaria el siguiente mensaje:
“Si William pisa cárcel.ustedes (sic) Candelaria.Malena y Juan David compren los cajones (quédense quietos) les tenemos seguimiento”
La amenaza anuncia su muerte, les exige abandonar su labor y afirma que están siendo vigiladas. No es un mensaje genérico: nombra a las personas amenazadas y las vincula directamente con un proceso judicial concreto.
En septiembre de 2026, el Tribunal Superior de Sincelejo condenó a 27 años de prisión a William Martínez Santamaría, exdirector de Comfasucre, como determinador de los homicidios de los hermanos Humberto Escobar Mercado, Preliciano Mercado García y Eusebio Osorio Mercado, y a Neiser Manuel Contreras Montiel, Ever Manuel Álvarez Madrid y Roger Alfredo Contreras Macea como autores materiales.
La masacre ocurrió el 25 de enero de 2018 en el corregimiento La Guaripa (Sucre), mientras los hermanos cercaban el predio El Trébol. Fue el desenlace de una larga disputa por la tierra, marcada por amenazas, agresiones y desalojos contra la familia que fueron denunciados ante las autoridades sin que se evitara el crimen.
En primera instancia, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos había absuelto a todos los procesados. La condena fue posible gracias a la apelación de la Fiscalía y de la abogada Yessika Hoyos, en representación de las víctimas, y al acompañamiento permanente del MOVICE Sucre a la familia. Es decir, hoy se amenaza a quienes no han dejado de buscar justicia y verdad para las víctimas.
Esta amenaza ocurre en un país donde, entre enero y agosto de 2026, fueron asesinadas al menos 112 personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos, y donde la Corte Constitucional mantiene declarado un estado de cosas inconstitucional por la falta de garantías para su labor (Sentencia SU-546 de 2023). Tres de las cuatro personas amenazadas son mujeres defensoras, lo que agrava el riesgo.
Exigimos
- Al Presidente de la República, al Ministerio del Interior, la Gobernación de Sucre y las alcaldías: activar las rutas de prevención como primeros respondientes y convocar con urgencia las instancias territoriales de garantías.
- A la Fiscalía General de la Nación: investigar con debida diligencia, a los responsables de esta amenaza.
- Al Gobierno nacional: reconocer públicamente la labor del CAJAR y del MOVICE, abstenerse de toda estigmatización e informar a la CIDH y a la Corte Interamericana sobre estos hechos.
Responsabilizamos al Estado colombiano por cualquier hecho que atente contra la vida, la integridad o la libertad de nuestras compañeras y compañero.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana, al cuerpo diplomático y a las organizaciones de derechos humanos para que acompañen a las personas amenazadas y hagan seguimiento a la respuesta del Estado.
Defender derechos es un derecho. Seguiremos acompañando a la familia de los hermanos Escobar Mercado hasta que la justicia sea plena.
Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (Cajar)