Varias integrantes de la asociación de mujeres rurales ASOMUPROCA han recibido amenazas de muerte desde que intentan reclamar sus tierras en el departamento de Magdalena, en el norte de Colombia. El 8 de agosto, Sol Carranza participaba en una reunión en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) en el municipio de Ciénaga, departamento de Magdalena, como representante de la Asociación de Mujeres Productoras del Campo (ASOMUPROCA), cuando su teléfono sonó repetidamente.

Tras ignorar las primeras llamadas, contestó y le dijeron: “Como te aparezcas por las tierras, te matamos porque ustedes no van a recibir esas tierras”. Sol Carranza y otras integrantes de ASOMUPROCA habían recibido ya amenazas de muerte y habían sufrido actos de intimidación. En los últimos meses, Mauris Herazo López, también integrante de ASOMUPROCA, ha recibido hasta 16 llamadas telefónicas intimidatorias al día, del mismo número desde el que recibió la llamada Sol Carranza.

Las mujeres de ASOMUPROCA reclaman la restitución de la zona de Playones de Pivijay, en el municipio de Pivijay, departamento de Magdalena, en virtud de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448). El 27 de junio de 2014, 66 mujeres de ASOMUPROCA fueron incluidas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), un paso fundamental en el proceso de solicitud de restitución de tierras. Otras cinco integrantes de la organización siguen esperando ser incluidas. Desde la inclusión en el RTDAF ha habido un aumento del nivel de intimidación y de las amenazas contra miembros de ASOMUPROCA.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

– expresando preocupación por la seguridad de Sol Carranza, Mauris Herazo López y otras mujeres de ASOMUPROCA y sus familias, y pidiendo a las autoridades que les brinden protección efectiva de acuerdo con los deseos de las afectadas;

– pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte y la intimidación contra las mujeres de ASOMUPROCA, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;

– recordándoles que deben cumplir con su obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos, establecida en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998.