• La denuncia promovida por el alcalde Carlos Fernando Galán contra el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Fabio Arias por convocar una protesta pacífica es un grave retroceso democrático.

Bogotá D.C., 13 de junio de 2025. La concejala de Bogotá por la Unión Patriótica (UP), Heidy Sánchez Barreto y el Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (Cajar) solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hacer un llamado al Estado colombiano a brindar garantías para el ejercicio del legítimo derecho a la protesta social y pronunciarse sobre la denuncia del Alcalde Mayor de Bogotá, contra el líder sindical Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por su participación en reciente paro nacional que exigía derechos y garantías laborales.

La CIDH ha señalado que la criminalización de actos de protesta como cortes de vía o bloqueos pacíficos vulnera los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación y exhorta a los Estados a abstenerse de utilizar figuras penales para sancionar el disenso (Informe de la visita a Colombia, 2021).

Vale la pena recordar que el pasado 30 de mayo la Administración  distrital, por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, interpuso mediante TransMilenio S.A. una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Fabio Arias Giraldo. La acusación se deriva de su intervención en un cabildo ciudadano, donde respaldó públicamente los bloqueos pacíficos realizados por organizaciones sindicales durante el paro del 28 y 29 de mayo.

Esta conducta desconoce que, según la sentencia C-009 de 2018 de la Corte Constitucional, los bloqueos temporales, en el marco de manifestaciones pacíficas, hacen parte del repertorio legítimo de las movilizaciones sociales y no pueden ser penalizados. Asimismo, la Corte ha advertido en varias sentencias que las molestias propias de la protesta no justifican su represión y que el orden democrático exige un margen razonable de tolerancia frente a la ocupación temporal del espacio público.

Ante  esta grave situación, solicitamos de manera urgente a la CIDH:

1. Emitir un pronunciamiento público que exhorte al Estado colombiano a cesar la criminalización de la protesta social y sindical y a garantizar los derechos de reunión, expresión y asociación, como pilares democráticos.
2. Requerir al Estado colombiano información detallada sobre el proceso judicial iniciado contra Fabio Arias, incluyendo sus fundamentos jurídicos y las medidas adoptadas, a la luz de los estándares interamericanos.
3. Reiterar los estándares interamericanos en materia de protección del derecho a la protesta y la libertad sindical, e instar a Colombia a ajustar su legislación y prácticas administrativas y judiciales, así como a cumplir con las recomendaciones del informe de la visita de 2021.

   La actuación del alcalde Galán representa una infracción grave al orden democrático y al principio de participación ciudadana. El uso del derecho penal para silenciar la protesta pacífica no solo es inconstitucional, sino que constituye un retroceso autoritario inadmisible en un Estado de derecho. ¡Protestar no es delito!

   Heidy Lorena Sánchez Barreto
   Concejala de Bogotá D.C. – Unión Patriótica

   Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” – Cajar