Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

La seguridad social es el conjunto de políticas hechas por un país en materia de salud, pensión e incapacidad a favor de sus ciudadanos. La Organización Internacional del Trabajo, organismo internacional encargado de crear y hacer seguimiento a las políticas en materia laboral, la define como: “La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad, invalidez,…..”

Como podemos ver, actualmente son muchos los temas que cobija la seguridad social, sin embargo a finales del siglo XIX, cuando se empieza a hablar del término “seguridad social”, se aplicaba casi exclusivamente como los beneficios a favor de los trabajadores enfermos.

Con el pasar de los años y gracias a las ganancias de las luchas sociales, los temas que benefician al trabajador y sus familiares (enfermedad, incapacidad, pensión y demás) se fueron ampliando.

Lastimosamente el contrargumento a todos estos beneficios sociales, proveniente principalmente de sectores conservadores, ha sido la sostenibilidad fiscal. Es decir que los beneficios que trae consigo la seguridad social, afectan los recursos económicos del país que las cubre, y por eso afecta dicha sostenibilidad.

Así, con la tendencia política neoliberal que se impuso en los años noventas y la gran mayoría de países, en donde los beneficios sociales por parte del estado se reducían a su máximo para que fueran los privados los que entraran a proporcionar esos beneficios a cargo del Estado.

Producto de esto en Colombia se aprobó la Ley 100 de 1993, que impuso cada vez más exigencias a los ciudadanos para su pensión, ya sea de vejez o por incapacidad. También pasó a manos de privados la prestación social de salud y el manejo de los recursos de las pensiones. Esto sucedió con la extinción del antiguo Instituto de Seguridad Social o el manejo de la salud a cargo de las Empresas Promotoras de Salud – EPS de carácter privado.

Como vemos, los beneficios sociales que hacen parte del sistema de seguridad social han ido poco a poco reversándose. Así cuando teníamos una gran cantidad de beneficios, cada día más perdemos estos beneficios que al final no son otra cosa que nuestros derechos.