La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos – CREDHOS, DENUNCIA PUBLICAMENTE y manifiesta su PROFUNDO DOLOR y RECHAZO por el ASESINATO de nuestro compañero FILADELFO ANZOLA, defensor de Derechos Humanos integrante de la Corporación CREDHOS y de la JUNTA DIRECTIVA del COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS del municipio de SAN PABLO. Nuestro compañero FILADELFO ANZOLA hacía parte de la Comisión Ambiental del Comité de Derechos Humanos, se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Comfenalco, lideraba la comisión de reclamación de tierras de la comunidad de Los Alpes y fue candidato al Concejo Municipal del municipio de San Pablo en el 2015.

El día 06 de diciembre de 2022 sobre el medio día, mientras se encontraba en el corregimiento Cagüices del municipio de San Pablo, el compañero FILADELFO ANZOLA fue abordado por presuntos integrantes de las AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA –AGC– quienes se desplazaban en motocicleta y le disparan causando su muerte.
FILADELFO ANZOLA fue un comprometido defensor de los Derechos Humanos y el territorio, deja dos hijos menores de edad huérfanos y una viuda en estado de embarazo.
Frente a esto, exigimos:

– Al Estado Colombiano, los grupos armados legales e ilegales, a respetar el Derecho Internacional Humanitario. Es necesario recordar que el Artículo 3 Común y el Artículo 13 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra señala que la población civil gozará de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Igualmente, respetar el ACUERDO HUMANITARIO DEL MAGDALENA MEDIO, que excluye a la población civil y sus bienes de la confrontación armada.

– Al Estado Colombiano dar cumplimiento y celeridad en la implementación del ACUERDO DE PAZ, especialmente, el punto 3.4 acerca de las garantías de seguridad para  líderes/as sociales, defensores/as de Derechos Humanos, excombatientes y población civil en general, que además permita el desmonte real y efectivo de los grupos paramilitares.

– A las autoridades nacionales, departamentales y locales aplicar la Directiva 002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación, el Decreto 1066 de 2015 y sus posteriores adiciones (Decreto 1581 de 2017; Decreto 2252 de 2017 y Decreto 660 de 2018) emitidos por el Ministerio del Interior, relacionados con la protección de líderes–as–, defensores–as–, comunidades y la labor de alcaldes y gobernadores. Así mismo, a la Fiscalía General de la Nación, implementar su Directiva 002 de 2017 sobre los lineamientos generales para la investigación de delitos cometidos en contra de defensores de Derechos Humanos en Colombia.

– A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que a través de la magistratura y del Auto JLR 161 de 2022 decretó medidas cautelares de protección en favor de las víctimas  que representamos y para CREDHOS mismo. Ante la situación de urgencia, necesidad y riesgo extremo en el que se encuentran las y los integrantes de nuestros Comités de DDHH solicitamos medidas materiales de protección de emergencia y el fortalecimiento de las medidas establecidas en el Auto JLR 161 de 2022.

– A la Unidad Nacional de Protección (UNP), en el marco del Decreto 1066 de 2015 y el cumplimiento del Auto JLR 161 de 2022, le insistimos en la necesidad y urgencia de establecer medidas de protección integrales y diferenciales para garantizar y proteger la vida, integridad, seguridad y permanencia del territorio de las y los defensores de DDHH que integran CREDHOS. Solicitamos la implementación del Decreto 660 de 2018.

– Al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro Urrego y a todos los grupos armados ilegales, adelantar los DIÁLOGOS DE PAZ que permitan una salida política y negociada al conflicto armado interno que enfrenta nuestro país. Son las comunidades que se ubican en las históricas zonas en conflicto las más afectadas por una guerra degradada y con prácticas sistemáticas de violación a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

– Al Gobierno Nacional y en especial al Ministerio del Interior, reactivar con prontitud la MESA REGIONAL DE GARANTÍAS DEL MAGDALENA MEDIO.

Instamos:

– A la comunidad internacional y a los organismos multilaterales (ONU y OEA – Sistema Interamericano de Derechos Humanos) a realizar observancia de las actuaciones del Estado Colombiano respecto a su obligación de garantizar la vida e integridad de los/as defensores y defensoras de los Derechos Humanos.

JUNTA DIRECTIVA
BARRANCABERMEJA, 06 DE DICIEMBRE DE 2022.