Este vil asesinato se suma a la interminable y fatídica cadena de crímenes contra integrantes de esta rama del poder público, quienes permanentemente reclamamos a los actores armados el carácter civilista de nuestra función, completamente ajena a cualquier injerencia en el conflicto que vive Colombia, razón apenas elemental para respetarnos la vida, la libertad e integridad personal. Quienes piensan y actúan en contrario, lo hacen para generar la barbarie en que quieren sumar a este país.
A las acciones de tan siniestros personajes se suma la indiferencia e indolencia del gobierno nacional y de los organismos directivos de la Rama Judicial, los cuales tienen la obligación perentoria de manejar con un máximo de seriedad el asunto de la seguridad de funcionarios y empleados de la justicia, pero que, no obstante los continuos atentados perpetrados y el clamor de la comunidad judicial, permanecen de espaldas a esta dura realidad.
Frente a éste nuevo y deplorable crimen, llamamos al conjunto de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, al movimiento sindical, a la población colombiana, a los Organismos Intergubernamentales de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Relator de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, y demás organismos del sistema internacional de Derechos Humanos, a rechazar este abominable asesinato, de manera que la sombra del silencio no deje en el anonimato hechos tan graves como este y que denunciamos vehementemente a través de este pronunciamiento.
A su familia nuestras sinceras condolencias y a todo el poder judicial nuestra voz de aliento y solidaridad. El sacrificio de estos valerosos servidores públicos tiene que convocar a toda la Nación en una sola voz de repudio; a la vez que reafirmar el compromiso por el derecho a vivir en paz.
Solicitudes
Dada la gravedad de los hechos aquí relatados, les solicitamos dirigirse a la mayor brevedad a las autoridades colombianas a fin de que les sea exigido:
a) Adoptar medidas de protección a fin de garantizar los derechos a la vida, integridad y libertad personal de los integrantes de la Rama Judicial Colombiana.
b) Solicitar al Relator de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, tome atenta nota de los hechos aquí relatados e intervenga ante el gobierno de Colombia, a efectos de que sea respetada y garantizada la independencia y autonomía de la justicia en este caso cuya máxima expresión es el derecho a la vida de sus funcionarios y empleados.
