Dichas organizaciones resaltan que la situación en Colombia ha estado bajo examen
preliminar desde 2006 y que varias organizaciones de la sociedad civil tanto nacionales
como internacionales han solicitado reiteradamente que se abra una investigación, a la luz
de lo que consideran una falla del Estado para cumplir con su obligación de investigar,
perseguir y sancionar a los más altos responsables de crímenes internacionales graves
cometidos en Colombia.
El Informe menciona que actualmente la OTP está analizando 69 comunicaciones
relacionadas con la situación en Colombia. Dichas comunicaciones señalan crímenes tan
graves como homicidios, desapariciones forzadas, violaciones y otras formas de violencia
sexual, traslados forzosos de población, privaciones severas de libertad, tortura y utilización
de menores para participación activa en las hostilidades.
ASF, ASFC, CAJAR y FIDH toman nota que según el análisis realizado por la OTP existen
fundamentos razonables para creer que en Colombia se han cometido crímenes de lesa
humanidad, y que según las investigaciones preliminares varios grupos podrían ser
responsables por la comisión de crímenes de guerra.
El Informe se refiere brevemente a la cuestión de la complementariedad, que es una
cuestión central en Colombia. Según el Estatuto de la CPI la complementariedad requiere
que se examine si existen procesos nacionales relevantes en contra de quienes son
presuntamente los más altos responsables de crímenes internacionales graves, conforme a
los casos considerados para una posible investigación por parte de la OTP. En casos donde
existen investigaciones y juicios importantes a nivel nacional, la complementariedad además
requiere que se examine si dichos procesos son reales. Sin entrar en el debate sobre si los
procedimientos legales existentes para juzgar a los máximos responsables por la comisión
de estos crímenes en Colombia se enfocan o incluyen a quienes tienen una mayor
responsabilidad, ni tampoco sobre si existe una voluntad real para hacerlo, el Informe
concluye que en este momento no existe fundamento razonable para afirmar que los
procesos que se están llevando a cabo en Colombia no son reales.
ASF, ASFC, CAJAR y FIDH manifiestan de manera respetuosa su desacuerdo con tal
afirmación, y responderán más detalladamente sobre la cuestión de complementariedad en
un informe que se publicará en 2012.
Este informe se referirá a la necesidad de enfocar la
discusión sobre complementariedad en Colombia más allá de los procesos adelantados en
el marco de la “Ley de Justicia y Paz”, con el objetivo de incluir la jurisdicción penal ordinaria
y la jurisdicción penal militar, incluyendo la reciente aprobación del fuero militar en el marco
del proceso de reforma a la justicia que se está adelantando actualmente en el Congreso.
