Consejo de Estado programa audiencia de pruebas en la evaluación de la legalidad del proceso de licenciamiento

El Movimiento Ríos Vivos y el Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ Cajar comunican a la opinión pública que el pasado 30 de octubre se vivió la continuación de la audiencia inicial en el marco de la demanda de Nulidad simple interpuesta el 27 de marzo del 2017 contra la Licencia Ambiental otorgada al megaproyecto energético Hidroituango.

Dicho proceso ha estado siempre acompañado de un valor inconmensurable y una infinita persistencia de las comunidades que han sido víctimas de este megaproyecto y han soportado, en distintos momentos, las barreras institucionales y políticas que existen para el acceso eficaz y oportuno a la justicia.

El momento que atraviesa dicho procedimiento judicial impulsa más nuestra decisión de protección integral de los territorios y constituye un antecedente judicial importante. La audiencia fue suspendida desde octubre del 2019 para evaluar su procedibilidad la cual había sido cuestionada por Empresas Públicas de Medellín EPM E.S.P. y por Hidroituango S.A. E.S.P. Este procedimiento hoy sigue su curso y el Consejo de Estado reconoce la procedencia de evaluar la legalidad de esta licencia ambiental y fija como nueva fecha el 24 de febrero del 2021 para desarrollar la audiencia de pruebas.

Parte de la trascendencia de este proceso radica en la magnitud del megaproyecto, el interés general y colectivo implicados, además de las garantías de derechos que están en juego y de manera especial el derecho a la participación real y efectiva de las comunidades.

El Movimiento Ríos Vivos y el Cajar reiteran su intención de continuar con esfuerzos, tanto en escenarios institucionales y jurídicos, en la constante labor de cuidar y proteger los territorios desde el trabajo local comunitario que permita garantizar condiciones de vida digna en los territorios. Manifestamos que no descansaremos hasta encontrar justicia ambiental, climática, energética, ecológica, hídrica y alimentaria que puedan garantizar las permanencias dignas en los territorios, así como la reparación integral social y ambiental frente a las violencias sistemáticas que se ejercen en el marco de la imposición de un modelo minero-energético social y ambientalmente insostenible.

Agradecemos infinitamente a todas las organizaciones sociales, universidades y personas que han respaldado esta acción judicial, tanto desde el rol de coadyuvantes como desde el respaldo político, y que nos animan a continuar con las labores de impulsar y ejercer actos de dignidad como la exigibilidad de derechos. Este acompañamiento es sustancial para las víctimas de violencia política, del conflicto armado interno y del conflicto socio-ambiental y ecológico que ha generado Hidroituango.

¡Aguas para la vida no para la muerte!

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