Entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre, organizaciones sociales del suroccidente del país se reunieron en la Ecoaldea Atlántida, vereda La Cenegueta del municipio de Cajibío, Cauca con el objetivo de darle inicio al curso de facilitadores jurídicos, zona suroccidente, juridicos “justicia ambiental para la proteccion y la permanencia en los territorios” dinamizado por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar.
Esta fase especial, profundiza en aspectos jurídicos por la protección y la permanencia en los territorios, y se encuentra actualmente en su desarrollo a través de la plataforma virtual y herramientas complementarias, hasta el siguiente encuentro presencial que tendrá lugar en la primera semana dediciembre.
Las organizaciones participantes en este curso son la Unidad de Pueblos Awá – UNIPA de Tumaco, Nariño, el Consejo Comunitario Mayor de Anchicayá de Buenaventura, Valle del Cauca, el Proceso Campesino y Popular de La Vega – PCPV, el Resguardo Canoas del pueblo indígena Nasa y de la ACIN, el Consejo Comunitario de La Toma, el Consejo Comunitario de Brisas como parte del Movimiento Ríos Vivos, la Comunidad de Villa Rica y el Proceso Urbano Entrecalles del Cauca.
Este espacio de trabajo presencial realizado entre el martes 30 de agosto y el sábado 03 de septiembre, permitió el intercambio de saberes entre procesos organizativos indígenas, afrodescedientes, campesinos y urbanos, que permite revisar sus estrategias de protección territorial, complementarlas, a partir de la creación de pensamiento colectivo; por ejemplo a través de la creación conjunta de una cartografía socioambiental de la región o de los espacios de análisis y comprensión de herramientas jurídicas de exigibilidad.
Algunas de las problemáticas identificadas en el territorio son la construcción del Oleducto Al Pacífico – OAP que pasaría por los departamentos del Meta, Huila, Tolima y Valle del Cauca, las solicitudes y actividades de exploración minera de la Continental Gold, la Anglo Gold Ashanti y demás empresas mineras que se traducen en la transformación de la vocación del Cauca como departamento agrícola a minero, la contaminación petrolera que sufren los ríos del Pacífico nariñense, el uso indiscriminado del agua por parte de los ingenios azucareros, los daños causados por la represa de La Salvajina y la proyección de construcción de represas en varios de los ríos amenazados en el Cauca.
El proceso de la Escuela es propiciar el fortalecimiento organizativo y la perspectiva territorial de defensa y protección de las tierras y territorios afectados por megaproyectos, a la luz de los desafíos para la implementación de los Acuerdos de Paz. Es una tarea necesaria y esencial que la voz de los afectados por el desarrollo nutran los acuerdos de La Habana en temas claves como el punto agrario y de búsqueda de igualdad en el acceso a la tierra, la seguridad de los líderes y lideresas sociales de procesos que se ven amenazados por el paramilitarismo, el rol de las organizaciones en la jurisdicción especial para la paz, las violaciones de derechos humanos por parte de empresas transnacionales, la sustitución de cultivos de uso ilícito, entre otros.
En el encuentro inicial, las organizaciones participantes coincidieron en que es vital para la lucha de la justicia socio-ambiental respaldar el actual proceso de paz, dando un contundente SÍ en el plebiscito del próximo 2 de octubre. Ese SÍ significa un compromiso de vida, un reto permanente de ser veedores y garantes de la implementación de los puntos de los acuerdos, que nos permiten avanzar hacía caminos de una paz transformadora en los territorios más afectados por las locomotoras mineroenergética y de la guerra, que se han aliado para sacar provecho del conflicto armado. El SÍ también es la oportunidad de las comunidades, de reivindicar las alternativas al desarrollo y darle contenidos a la paz que desde los territorios se teje con dignidad.
