Esta semana se reanudó el juicio por el homicidio de los hermanos Humberto Escobar Mercado, Preliciano Marcado García y Eusebio Osorio Mercado, cometido en la finca El Trébol, corregimiento de La Guaripa, municipio de Sucre, departamento de Sucre, el día 25 de enero de 2018, por hombres armados que trabajaban para el ganadero William Rodolfo Martínez Santamaría, exdirector de la Caja de Compensación Familiar de Sucre, Comfasucre.
El juicio se adelanta en el juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos, Sucre, en contra de Neisser Manuel Contreras Montiel, Ever Manuel Álvarez Madrid y Contreras Macea por los punibles de Homicidio Agravado en calidad de coautores, y en contra de William Martínez como determinador de los hechos.
En audiencia de esta semana la defensa ha presentado a sus peritos y solicitó el decreto de una nueva prueba calificándola como excepcional sin serlo, motivo por el cual se negó el recurso y la defensa de Martínez apeló esta decisión. Se espera que el día de mañana se adelante el interogatorio al acusado William Martínez.
Esta masacre se originó en una disputa por este terreno desde el año 2009, cuando después de que Marlen Cecilia Gómez Merlano, viuda de Eduardo Enrique Escobar Salóm, uno de los hijos del propietario original de la finca, el señor Pedro Simeón Escobar Bustamante, vendió 679 hectáreas a William Martínez, pese a lo cual el ganadero insistió en reclamar la totalidad de las 1200 hectáreas que conforman todo el terreno de las fincas La Concepción y El Trébol.
Este reclamo ilegal e injustificado estuvo acompañado de amenazas de todo tipo, atentados, agresiones y cuatro desalojos entre 2015 y 2017 contra de los siete integrantes de la familia Escobar Mercado, que constan en más de 15 denuncias ante la fiscalía y juzgados seccionales, regionales e incluso ante la Fiscalía General de la Nación, por los delitos de Amenazas, Usurpación de tierras y Daño en bien ajeno. Las denuncias comprometen la presunta responsabilidad penal del señor Martínez y de su sobrino Andrés Gómez, hoy alcalde de Sincelejo.
Uno de los primeros episodios de amenazas y desalojo se presentó el 21 de enero de 2015 cuando, según consta en denuncia ante la Fiscalía local de Sucre, William Martínez, acompañado del inspector de Policía del municipio de Sucre y del señor Andrés Gómez Martínez, actual alcalde de Sincelejo, se presentaron en el predio de propiedad de la familia Escobar portando armas de uso privativo de la fuerza pública y amenazándolos en los siguientes términos expresados a las autoridades por los denunciantes así:
“Que no jodiéramos más, qué éramos unos invasores, que estábamos perturbando, que desde hace tiempo nos habían dicho que si seguíamos jodiendo nos iban a dar balín, que visitarían nuestras familias una por una para que se acabara la jodia, que ya había conocimiento porque habían emisarios para cumplir esas actividades, que la cosa tenía que pagarse en esa forma, que la vida de un pobre no balía na, que un perro quizás tenía más valor” (sic)
Posteriormente, el hoy acusado William William Martínez se presentó nuevamente en el predio de la familia Escobar Mercado el día 14 de octubre de 2016 cuando, según consta en denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, llegó junto con ocho agentes del Esmad a amedrentar a otros integrantes de la familia Mercado. Apenas un mes después, hubo un episodio de desalojo violento e ilegal contra la familia, el día 22 de noviembre de 2016, cuando destruyeron viviendas, cercas y pertenencias de la familia Escobar Mercado, obligándolos a salir de sus predios.
El tercer desalojo, el 16 de enero de 2017, se presentó justo después de una diligencia de inspección ocular con el Cuerpo Técnico de Investigaciones –CTI- de la Fiscalía donde quedó establecido que la finca de propiedad de la familia Mercado correspondía a 575 hectáreas que no fueron vendidas a Martínez y que este solo tenía posesión sobre las 679 hectáreas que le fueron vendidas por la señora Marlen Merlano.
Esa noche, después de las 6:30 pm, el acusado Martínez irrumpió en compañía de hombres armados haciendo tiros a la vivienda y con uno de estos disparos despojó de su celular a la señora Irma del Carmen Escobar Mercado quien estaba grabando los hechos.
Pero también han sido denunciados por la familia Mercado ante la Procuraduría general de la Nación al coronel Julio César Sánchez Molina, el comandante de la policía del municipio de San Marcos, Sucre, (que actuó fuera de su jurisdicción) y otros 12 agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía -ESMAD- por haber participado en el cuarto episodio de desalojo, el 22 de noviembre de 2017, apenas dos meses antes de la masacre.
Un día antes de los hechos, y después de que la familia Escobar iniciara el proceso de cercado de su propiedad, ya reconocida mediante la inspección ocular de noviembre de 2017, la policía de la zona se presentó en la finca El Trébol para notificarles que serían objeto de rondas para protegerles. Aun así, la masacre se consumó y con ella el desalojo permanente de los propietarios de estas tierras.
José Miguel Beltrán Osorio, esposo de la señora Mercado y sobreviviente de la masacre, ha sido el principal testigo de los hechos lo que le ha significado amenazas contra su vida por las cuales hoy es sujeto de medidas de protección parte de la UNP.
Las víctimas siguen esperando justicia y que William Martínez no siga ocupando de hecho esos predios despojados violentamente.
“Tanto estas amenazas recibidas por el sobreviviente, como los ataques previos a la masacre vividos por la familia Escobar y las respectivas denuncias interpuestas, refuerzan la teoría sobre la responsabilidad del señor William Martínez Santamaría en estos hechos” señala la representación de víctimas, y añade que “ponen de presente que todas las instituciones del orden local y regional tenían conocimiento de las amenazas y ataques contra estos campesinos, así como de la disputa territorial con el señor Martínez, pese a lo cual no actuaron para investigar y sancionar estas acciones lo que, a su vez, hubiera evitado la masacre de La Guaripa”.
Esperamos que este juicio que ya lleva más de dos años avance de manera rápida y eficaz, en favor de los derechos de las víctimas, así como las investigaciones disciplinarias contra funcionarios que actuaron para favorecer a los victimarios de esta masacre. También que se investiguen y juzguen los demás delitos cometidos por Martínez y su sobrino el alcalde Andrés Gómez contra los propietarios de estos terrenos despojados.
Es necesario que haya verdad, justicia y garantías de no repetición para que esta familia, que vivió durante más de 40 años de manera ininterrumpida y pacífica en estas tierras, pueda regresar a ellas.