Las sanciones del Ministerio de Trabajo buscan disuadir a las empresas de usar la intermediación laboral ilegal y motivarlas a que firmen y apliquen acuerdos de formalización. Sin embargo, la escasa cantidad de estos acuerdos y el bajo número de beneficiarios poco aportan a un cambio de realidad de precarización en los sectores. En el palmero, donde en el 2011 existían 133.550 trabajadores tercerizados, se firmaron acuerdos de formalización que cobijaron a solo 1.326 trabajadores. En el sector minero los acuerdos hechos durante la vigencia del PAL solo cobijaron a 24 trabajadores, de los 58 mil tercerizados que se encontraron en una muestra de 5 empresas de minería a gran escala.
Han pasado ya 4 años desde la firma del Plan de Acción Laboral (PAL) entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, como prerrequisito para la ratificación del TLC entre ambas naciones. Un Plan que definió como prioritarios para la inspección de trabajo a los sectores de palma africana, azúcar, minería, portuario y floricultor.
La situación laboral en estos sectores al momento de la firma del PAL estaba marcada por una salvaje intermediación laboral ilegal, con base principalmente en las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), que eran figuras legales dentro de la actividad cooperativa y solidaria, pero que fueron usadas para encubrir la precarización y la tercerización laboral, que en los sectores palmero y minero era cerca al 60%, en el portuario al 80%, y en los sectores azúcar y flores casi del 100%.
Se expidieron leyes como la 1429 de 2010 y decretos como el 2025 de 2011, que ponían coto a la intermediación laboral ilegal, lo que constituyó una señal positiva y de esperanza para las y los trabajadores. El Ministerio de Trabajo realizó visitas de inspección e impuso sanciones por intermediación ilegal, que en 2013 ascendieron a una suma cercana a los $65.000 millones, discriminados así: $17.6 millones en el sector floricultor, $5.305 millones en palma, $355 millones en puertos y los restantes $59.398 millones en sectores no priorizados. Es decir, solo el 8.73% del total de las sanciones por intermediación laboral ilegal se centraron en los sectores priorizados. No hay datos de cuántas fueron efectivamente pagadas.
Las sanciones del Ministerio de Trabajo buscan disuadir a las empresas de usar la intermediación laboral ilegal y motivarlas a que firmen y apliquen acuerdos de formalización. Sin embargo, la escasa cantidad de estos acuerdos y el bajo número de beneficiarios poco aportan a un cambio de realidad de precarización en los sectores. En el palmero, donde en el 2011 existían 133.550 trabajadores tercerizados, se firmaron acuerdos de formalización que cobijaron a solo 1.326 trabajadores. En el sector minero los acuerdos hechos durante la vigencia del PAL solo cobijaron a 24 trabajadores, de los 58 mil tercerizados que se encontraron en una muestra de 5 empresas de minería a gran escala.
Las medidas del PAL también motivaron la movilización sindical en contra de la intermediación laboral ilegal. En los sectores palmero, portuario, minero y caña los paros, huelgas, protestas y procesos de organización sindical obligaron a las empresas a llegar a acuerdos de formalización. En pocos y marginales casos en sectores de palma y la caña éstos se lograron a través de la negociación colectiva y no por intervención del Ministerio de Trabajo.
En el sector azucarero se formalizaron 10.485 trabajadores, sin embargo algunas empresas, incumpliendo los acuerdos, tomaron medidas paralelas con un menor número de beneficiarios, como contratos a término fijo, despidos, sanciones y no renovación de contratos a trabajadores sindicalizados.
En el sector minero, donde se ha estado consolidando un proceso de organización de los trabajadores tercerizados, también se dieron paros y huelgas. Pero la respuesta empresarial fue la suspensión de los contratos a las firmas tercerizadoras, o el cambio de empresas contratistas que prestan el mismo servicio, todo con el fin de sabotear el proceso huelguístico e imponerse dentro de la negociación con los sindicatos.
En cambio en el sector floricultor se dio una huelga para reclamar derechos básicos, como el pago de la seguridad social y los parafiscales. Pero la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca falló a favor del empleador. Además el esfuerzo de los sindicatos por organizar a los trabajadores se ha visto frustrado por la generalización del empleo temporal.
El hecho concreto es que después de las acciones del Ministerio de Trabajo, de los trabajadores, sindicatos y empresas, los efectos del PAL en estos 4 años la intermediación laboral ilegal en 4 de los 5 sectores sigue en el mismo nivel, pues lo que hubo fue una masiva mutación de esa práctica. Las CTA cambiaron a Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y a los contratos sindicales.
En el sector floricultor desmontaron las CTA y las cambiaron por Empresas de Servicios Temporales (EST), usándolas de forma permanente y no solo en picos de producción, como lo ordenan la Ley 50 de 1990 y el decreto 4369 de 2006. Los pocos casos de éxito en materia de formalización se han dado por la acción sindical, como ocurrió de manera marginal en los sectores azucarero, palmero, portuario y minero, sectores en los que continúa el trabajo precario y temporal, la labor a destajo, con salarios que en muchos casos no alcanzan el mínimo legal y no incluyen todas las prestaciones legales. Tampoco el pago de dominicales, ni festivos, ni horas extras, ni transporte, y el derecho a la seguridad social se viola constantemente.
En materia de derechos de asociación y libertad sindical, se intensificó la discriminación a trabajadores sindicalizados, no renovando sus contratos y dificultando el recaudo de la cuota sindical, dado que la intermediación laboral les impide a trabajadores asumir una cuota que, aunque baja, resulta demasiado onerosa para los malos ingresos que perciben.
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