Con ponencias del sacerdote Javier Giraldo, el historiador Carlos Medina Gallego, el constitucionalista Carlos Gaviria y el profesor Miguel Ángel Beltrán, se realizó el Seminario sobre Delito Político organizado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP- de Colombia. Además se escucharon, por vía telefónica, palabras de detenidos y detenidas en las cárceles del país. Por la tarde participaron defensores de DDHH de Palestina, País Vasco, Venezuela, Argentina y Chile.
En horas de la mañana llegaron al salón de eventos de la Carbonera en Bogotá delegaciones de todas las regiones del país, convocados por el Congreso de los Pueblos, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP- y la Universidad Pedagógica. El Seminario tuvo como objetivo debatir las causas, consecuencias e impactos de la violencia en Colombia, y su implicancia en la estigmatización y persecución de la protesta social.
En un primer momento habló el padre Javier Giraldo, quien señaló que la realidad oficial es diferente a la realidad de todos los días. “La realidad colombiana no es la de la constitución, sino la de la guerra contra un enemigo interno” señaló Giraldo, quien resaltó la incongruencia del Estado al no reconocer la existencia de presos políticos, pese a que en las cárceles se encuentran más de 11.000 personas en esa situación, haciendo que este punto sea tema obligado en la construcción de la paz.
0auditoriopp.jpgA continuación fue presentado Helberth Augusto Choachí, secretario general de la Universidad Pedagógica, quien dijo: “Este es un evento significativo, porque representa un paso necesario para llegar a la paz”. Además, Choachí habló del papel de la universidad pública, la cual está llamada a solidarizarse con los presos políticos y por ende, apoyar a todos aquellos que creen en un mundo diferente, en donde quepan todos. Por último, invitó a los asistentes a reflexionar en torno a la supuesta libertad de la que gozan. “¿Somos libres cuando estamos supeditados a las estructuras institucionales, y cuando no podemos organizarnos y movilizarnos con tranquilidad?” reflexionó, a modo de conclusión.
Luego fue el turno de Carlos Gaviria, doctor en Derecho de la Universidad de Antioquia y ex candidato presidencial por el Polo Democrático Alternativo –PDA-. Gaviria expresó su rechazo a quien profesa una propuesta absolutista, dado que no otorga reconocimiento a los que piensan distinto. Por ello, defendió la filosofía relativista, la cual “es la democracia real, dado que renuncia a las verdades absolutas”, definió. En congruencia con lo anterior, señaló que el “delincuente político es en principio un disidente, un rebelde”.
En un cuarto momento, Carlos Medina Gallego, licenciado en Ciencias Sociales y doctor en Historia, abordó las causas del levantamiento insurgente. Según Medina, el origen del conflicto colombiano, aunque siempre ha tenido como eje central la lucha por la tierra, se ha ubicado en diversos momentos que van desde la época de la indias hasta el Frente Nacional, pero ese conflicto “se enrareció y degradó por inserción de nuevos actores como el crimen organizado, el paramilitarismo y la injerencia norteamericana en los asuntos de seguridad y defensa”. Gallego hizo énfasis en la necesidad de pensarse el origen del conflicto siendo un elemento esencial para evidenciar responsabilidades y evaluar su impacto.
A continuación se presentó Miguel Ángel Beltrán, doctor en estudios latinoamericanos, quien fue acusado por supuestos vínculos con la insurgencia y a raíz de eso fue encarcelado, quedando en la actualidad inhabilitado para ejercer su profesión. Beltrán planteó el tema de la criminalización del pensamiento crítico, siendo este un aparato de guerra que garantiza la impunidad. El profesor explicó que, según su opinión, Uribe y Santos utilizaron la tesis de la amenaza terrorista, para argumentar la persecución. En consecuencia, el delito político ha sido perseguido y amenazado mediante montajes judiciales y la guerra mediática, justificada en un carácter preventivo, para el disciplinamiento de la sociedad. De esa forma, fundamentó Beltrán, “se busca generar miedo, para silenciar y callar la protesta, lo que conlleva a la estigmatización y descalificación moral de la disidencia en Colombia sólo por lo que representa la persona, un ejercicio que ha sido direccionado claramente hacia estudiantes, líderes de izquierda y sectores vulnerables, lleno de sevicia, ya que son múltiples los casos de capturas irregulares, la utilización de pruebas ilícitas y dilatación de los procesos”.
Por último, Gloria Amparo Silva, abogada de la fundación CSPP, dio a conocer las condiciones precarias de los presos políticos en las cárceles, en las cuales no cuentan con garantías mínimas y son vulnerados, debido a los múltiples preconceptos e imaginarios que hay alrededor de los presos políticos. A quienes están en esa situación, explicó Silva, “no se les brinda un debido proceso, reduciéndolos, señalándolos y en muchos casos aislándolos de sus familias”. Por tal razón, la abogada pidió un modelo de justicia “que reconozca la condición de preso político, para que éste no reciba el mismo trato y haga una diferenciación que de cuenta del tipo de delito”.