En vísperas de la cumbre de los 27 países de la Unión Europea que se celebrará el 17 de octubre para definir una posición común de los Estados miembros sobre los últimos acontecimientos violentos en Palestina e Israel, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) insta a sus líderes a intervenir en apoyo del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, poner fin a los ataques contra civiles y pedir un alto el fuego inmediato, así como permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. La Unión Europea tiene un papel que desempeñar para defender el derecho internacional, permitir la paz y garantizar la rendición de cuentas.

Los ataques sistemáticos, intencionados y generalizados llevados a cabo contra la población civil en Gaza, deben terminar, el desplazamiento de más de 1 millón de personas en Gaza debe ser revertido y el derecho internacional debe ser respetado. Asimismo, los Estados miembros de la UE no deben dar luz verde a Israel para la continuidad de los crímenes cometidos en Gaza y la situación ilegal en Palestina en general.

Los ataques de Hamás en Israel, que han provocado la muerte de 1.400 israelíes,  incluidos civiles, y la toma de rehenes, no son aceptables y constituyen una violación del derecho internacional. Tales actos requieren una investigación y un enjuiciamiento independientes, pero no pueden utilizarse como justificación para matar indiscriminada e intencionadamente a miles de civiles, borrar a familias enteras del registro civil de Gaza, ni convertir este territorio en escombros. Un enfoque equitativo del derecho internacional y su aplicación debe respetarse y cumplirse en todo momento.

Desde el 7 de octubre, Israel ha lanzado una ofensiva militar a gran escala contra la Franja de Gaza, con el objetivo de reducirla a ruinas. Las declaraciones públicas de los líderes israelíes, ya sea del Primer Ministro israelí o de su Ministro de Defensa, confirman que “la guerra no es contra Hamás, sino contra el Estado de Gaza”.

La orden de Israel del 13 de octubre de evacuar a los civiles del norte de la Franja de Gaza constituye un intento de desplazar por la fuerza e ilegalmente a la población civil. Al mismo tiempo, el corte de la electricidad, el agua y la ayuda humanitaria puede reflejar una intención genocida o una limpieza étnica.

Desde entonces, los ataques israelíes han matado a más de 2.750 personas y han causado más de 9.700 heridos, incluidos 1.030 niños, según el Ministerio de Salud palestino. Los informes revelaron el uso de fósforo blanco y el suministro de alimentos, agua, electricidad, combustible y medicinas a la Franja de Gaza se ha cortado por completo. El cierre, el bloqueo y la hambruna impuestos a la población civil de Gaza, además de la denegación del acceso humanitario, están claramente prohibidos por el derecho internacional humanitario y constituyen crímenes de guerra.

En Cisjordania, 58 palestinos murieron a manos de las fuerzas de ocupación israelíes y los colonos, mientras que 1250 resultaron heridos. Estas políticas sistemáticas y generalizadas llevadas a cabo por Israel en el territorio palestino ocupado requieren esfuerzos serios por parte de la UE para hacer rendir cuentas a los autores y poner fin a estas violaciones de décadas, incluso restringiendo el comercio con los asentamientos ilegales de Israel en el territorio palestino ocupado.

Este ciclo de violencia tiene lugar en el contexto de la ocupación ilegal y el régimen de apartheid impuesto por Israel al pueblo palestino, que la comunidad internacional -incluida la Unión Europea y sus Estados miembros- ha permitido que continúe, a pesar de los llamamientos y advertencias emitidos por las organizaciones de derechos humanos y los mecanismos de las Naciones Unidas.

El bloqueo y cierre de Gaza ha durado más de 16 años, y se ha visto agravado por seis grandes ataques militares, atrapando a dos millones de palestinos en una prisión al aire libre declarada “inhabitable” por las Naciones Unidas. Además, Israel ha establecido y mantiene un sistema de apartheid a través de sus leyes, políticas y prácticas, al tiempo que sigue negando perpetuamente los derechos inalienables del pueblo palestino, incluidos el derecho a la libre determinación y el derecho al retorno.

En un período marcado por tensiones extremas y un discurso radicalizado, es fundamental que la Unión Europea y sus Estados miembros, como defensores arduos e imparciales del derecho internacional, pidan una desescalada y un alto el fuego inmediato para proteger a la población civil. De acuerdo con sus principios, UE debe presionar a Israel para que abra Gaza, permita la entrada de ayuda humanitaria y levante de una vez por todas el bloqueo, así como el castigo 
colectivo de toda la población de Gaza.

Si bien la Unión Europea, sus Estados miembros y sus líderes se han apresurado a condenar el ataque de Hamás, la FIDH lamenta que las declaraciones iniciales del Consejo de la Unión Europea y sus dirigentes sigan siendo unilaterales y se desvíen de su exigencia de respeto del derecho internacional expresada en otros contextos. También, es decepcionante que no condenen los continuos ataques indiscriminados contra la población civil en Gaza, ni llamen al fin a la impunidad imperante en Israel.

Corresponde a la Unión Europea poner fin a su apoyo incondicional al Gobierno israelí y condenar en los términos más enérgicos las declaraciones problemáticas de sus dirigentes, a menos que se convierta en cómplice de las graves violaciones del derecho internacional de las que Israel pueda ser responsable.

Por otro lado, la UE debe hacer todo lo posible para obtener un alto el fuego inmediato por todas las partes, tomar medidas concretas para liberar a los rehenes civiles y proteger al pueblo palestino de los ataques indiscriminados israelíes contra la población civil, así como garantizar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y tomar medidas serias para lograr una solución justa, duradera y que tenga en cuenta los 75 años de violaciones continuas contra los derechos 
del pueblo palestino.

La FIDH hace un llamamiento al Consejo de la Unión Europea, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Der Leyen, y a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, así como a los líderes de los 27 Estados miembros de la UE, a:

• Denunciar el actual ataque israelí contra Gaza y los crímenes de guerra y las violaciones del derecho internacional cometidos, pedir un alto al fuego inmediato y adoptar medidas concretas para garantizar la protección del pueblo palestino de los ataques indiscriminados de Israel;
• Exigir que Israel respete sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, en particular garantizando suministros vitales de agua, gas, combustible, electricidad y productos básicos a los palestinos de Gaza, y que ponga fin a todos los ataques contra civiles e instalaciones civiles;
• Poner en marcha todas las medidas diplomáticas necesarias para organizar la liberación de los rehenes retenidos por los grupos armados palestinos;
• Ejercer presión sobre el gobierno israelí para que deje de incitar a la violencia y de armar a los colonos ilegales que perpetúan aún más la situación ilegal sobre el terreno;
• Abordar las causas profundas de este conflicto y remediarlas mediante medidas serias, en particular instando a Israel a que aplique las resoluciones de las Naciones Unidas para levantar el bloqueo de Gaza y proceda a una retirada total, inmediata e incondicional del territorio palestino ocupado desde 1967, así como a la realización del derecho al retorno de los refugiados palestinos consagrado en la resolución 194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas;
• Instar a Israel a que ponga fin a las políticas de colonización, apartheid y anexión impuestas al pueblo palestino, que están en la raíz de las persistentes oleadas de conflicto en el territorio;
• Pedir a Israel que permita la entrada de la Comisión Independiente de Investigación (COI) para investigar e informar sobre los crímenes cometidos en Palestina e Israel, incluidos los recientes acontecimientos;
• Apoyar inequívoca e incondicionalmente el trabajo de la Fiscalía de la CPI en su investigación independiente de los crímenes internacionales cometidos en la situación de Palestina. Los líderes europeos tienen el deber de hacer que Israel rinda cuentas por sus crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional.