Carta Abierta por el Derecho a Defender los Derechos

Carta Abierta por el Derecho a Defender los Derechos

Vea aquí la programación completa de la 8a Semana Cultural Pensarte

Señor:
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente de Colombia
Casa de Nariño

REFERENCIA: Diez peticiones para el respeto, garantía y protección a la labor de personas defensoras de derechos humanos en Colombia

Señor presidente

1. La Asamblea General de la Naciones aprobó la declaración sobre las y los defensores de derechos humanos que establece que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y que los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, y políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, puedan disfrutar en la práctica de todos los derechos y libertades, y que los Estados adoptaran las medidas necesarias para asegurar los derechos y libertades consagradas en esta declaración(*)

2. El Sistema de Alertas tempranas de la Defensoría del pueblo, ha emitido dos informes de riesgo que enfrentan personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social en donde se documentaron 484 homicidios cometidos entre el 1 de enero de 2016 y el 17 de mayo del 2019.

3. Durante el primer año de su Gobierno, entre agosto de 2018 y mayo de 2019 han sido asesinadas por lo menos 212 personas defensoras de derechos humanos y 44 ex combatientes de FARC en proceso de reincorporación (**), y más 1.351 líderes sociales han sido amenazados. Entre los factores que alientan o favorecen los ataques contra personas defensoras de derechos humanos se encuentran: La estigmatización y deslegitimación a los liderazgos sociales y sus procesos de movilización, la negativa a reconocer la sistematicidad de los crímenes y los pocos avances en la investigaciones penales y disciplinarias que no permiten establecer las responsabilidades a todo nivel de quienes están detrás de estos ataques.

En el marco de la VIII SEMANA CULTURAL PENSARTE POR LOS DERECHOS HUMANOS, LA PAZ Y LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN, que tendrá lugar en la ciudad de Bogotá del 5 al 11 de septiembre; la Corporación Yurupari, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, organizaciones sociales y de derechos humanos, agrupaciones culturales, ciudadanos y ciudadanas nos permitimos presentar las siguientes:

DIEZ PETICIONES PARA EL RESPETO, GARANTIA Y PROTECCION A LA LABOR DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

1. Poner en marcha una campaña liderada por la Presidencia de la Republica que reconozca públicamente la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos, conforme a lo establecido en la Resolución A/RES/53/144 de la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la cual se aprobó la Declaración sobre defensores de derechos humanos.

2. Dar cumplimiento e implementar integralmente todas las medidas dispuestas en el Acuerdo Final de Paz relativas a las garantías de seguridad para líderes/as y defensores/as de derechos humanos, comunidades y miembros de las organizaciones que participan en procesos de paz, las cuales han sido apoyadas y reclamadas por las organizaciones de derechos, en particular las contenidas en los puntos 2.1 y 3.4 y los puntos 2.2, 4.1.3.1 y 5.2. del Acuerdo Final de Paz

3. Adoptar una política pública para el respeto, protección y garantía de las personas defensoras de derechos humanos, la cual sebe ser discutida y aprobada con la participación activa de las organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos. Esta política debe incorporar entre otros los siguientes enfoques: Seguridad humana que implica la satisfacción de derechos y condiciones de vida digna, distinto al enfoque de seguridad fundamentado en la militarización de los territorios; Enfoque de género, interseccional, étnico, comunitario y territorial que permita visibilizar los patrones e impacto diferenciales y las rutas de garantías y protección que se deben adoptar.

4. El Gobierno Nacional debe respetar y garantizar los sistemas de seguridad y protección de las comunidades, como la guardia indígena, cimarrona, campesinas, zonas de reserva campesina, territorios agroalimentarios para la vida. Así como los mecanismos de auto-protección comunitaria, como las comunidades de paz, las zonas humanitarias y de biodiversidad, los refugios y espacios humanitarios entre otros.

5. La Procuraduría General de la Nación debe cumplir con la directiva 002 del 2017 sobre la investigación y sanción disciplinaria a los servidores públicos que estigmatizan a personas defensoras de derechos humanos.

6. El Gobierno Nacional debe brindar garantías efectivas a la participación, movilización y al derecho de protesta de las organizaciones y movimientos sociales. Urge La implementación del Protocolo de Protesta Social (Resolución 1190 de 2018)

7. El Gobierno Nacional debe reconocer la existencia de las estructuras paramilitares, las cuales se constituye en uno de los principales factores de afectación a las comunidades, movimientos y liderazgos sociales. El Presidente de la República debe convocar a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) encargada de formular la política pública para su desmantelamiento, que incluya acciones para cortar los vínculos de la Fuerza Pública y otras autoridades con dichas estructuras. Así mismo impulsar una ley de sometimiento que respete los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

8. La Fiscalía General de la Nación debe dar resultados en las investigaciones sobre los responsables materiales e intelectuales de los ataques a personas defensoras de derechos humanos, y la Unidad Especial para el desmonte de las estructuras criminales debe establecer quienes son los máximos responsables del impulso y financiación de estas estructuras criminales.

9. El Gobierno Nacional debe dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por la Defensoría del pueblo en el informe de seguimiento a la Alerta Temprana 026-18 sobre riesgos contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos remitida a la ministra del Interior el pasado 6 de agosto del 2019.

10. El Gobierno Nacional debe convocar de manera inmediata a las Plataformas de Derechos Humanos para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en diciembre del 2018 tanto por el Sr. Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de las y los defensores de derechos humanos, así como las formuladas por otros órganos interestatales de protección sobre las garantías para el Ejercicio a la labor de Defensa de los Derechos Humanos

Remite esta carta de apoyo a la labor que desarrollan las personas defensoras de derechos humanos y exigiendo una política pública que garantice su labor.

Envía este mensaje al presidente Iván Duque. Correo electrónico: [email protected] y/o en viarlo a la siguiente dirección Calle 7 No. 6-54 de la ciudad de Bogotá, D.C.

#PorElDerechoADefenderLosDerechos

(*) Ver art 1 y 2 de declaración sobre defensores de derechos humanos adoptada mediante resolución A/RS/144 en: https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Translation.aspx

(**) Fuente: Indepaz – Marcha Patriótica – Cumbre Agraria, campesina étnica y popular. Separata de actualización: “Todos los nombres, todos los rostros”.
Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/05/SEPARATA-DE-ACTUALIZACIO%CC%81N-mayo-Informe-Todas-las-voces-todos-los- rostros.-23-mayo-de-2019-ok.pdf

Para ver la Carta original https://www.colectivodeabogados.org/wp-content/uploads/2021/07/au_cajibio_11_febrero_2016.docx

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