Comunidades de Patilla y Chancleta apelan tutela que ordenó transporte en lugar de reconstrucción de su escuela. 38 niños y niñas de las comunidades afrodescendientes de Chancleta y Patilla en la Guajira han perdido su escuela, destruida por la empresa Cerrejón en connivencia con la Alcaldía de Barrancas, en el marco del proyecto de expansión minera de carbón que presiona a la comunidad para que salga de su territorio ancestral, adquiriendo predios para forzar su desplazamiento. El fallo de tutela del 16 de abril del Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas consideró que la manera de amparar el derecho a la educación de las y los niños de Patilla y Chancleta era ordenar que se establecieran rutas para el acceso a la escuela más cercana.

La destrucción de la escuela es la consecuencia de una serie de actos que buscan desincentivar la permanencia de las comunidades en sus lugares de origen, tales como la compra de terrenos aledaños a las comunidades, amenazas de desalojo, división en el tejido comunitario, prohibición de transitar por lugares ancestrales de caza y pastoreo, entre otras actividades tradicionalmente ligadas a su subsistencia, así como la contaminación del agua y el aire y la pérdida de productividad de suelos y plantas.

La vulneración que conlleva la demolición de la escuela pública a la que asistían los niños ha generado su exclusión del ambiente escolar y la aparición de nuevos riesgos para sus derechos, dado que para llegar a los centros educativos más cercanos se requiere la contratación de transporte cuyos costos las familias no pueden sufragar a la vez que éstos traslados diarios representan mayores riesgos en la movilidad de los niños que para acceder a la escuela tendrían que transitar diariamente por una vía con altos índices de accidentalidad.

A pesar de lo anterior, las familias con algunos apoyos económicos externos tramitaron durante el año anterior el envío de los niños a la escuela, lo que durante este año no ha sido posible debido a la falta de recursos.

Fue así como la comunidad decidió acudir a la acción de tutela para solicitar que se restituyeran los derechos de niñas y niños, reconstruyendo la escuela pública de Patilla, dotándola de los recursos e insumos didácticos necesarios para que esta vuelva a funcionar y permita reanudar a la brevedad el desarrollo de las actividades escolares para los menores de edad.

El fallo de tutela del 16 de abril del Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas consideró que la manera de amparar el derecho a la educación de las y los niños de Patilla y Chancleta era ordenar que se establecieran rutas para el acceso a la escuela más cercana. Su decisión omitió el análisis de lo que este tipo de situaciones conlleva, las responsabilidades compartidas entre la empresa privada y el Estado, así como la condición étnica y social de las comunidades afectadas. El juzgado no ordenó la reconstrucción de la escuela desmantelada, y se abstuvo de vincular en el fallo a la empresa Carbones del Cerrejón Limited, que ha propiciado con sus actuaciones las vulneraciones de los derechos de los habitantes de la región que se niegan a ser despojados de su territorio.

Por estas razones, el pasado 23 de abril, la comunidad afrodescendiente de Chancleta en ejercicio de su derecho al acceso a la justicia, apeló la sentencia del Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas, la cual decidió en primera instancia sobre la acción de tutela presentada por representantes de esta comunidad debido a la vulneración, entre otros, de sus derechos a la educación y a la consulta previa.

Situaciones como estas no son aisladas. Allí, donde se imponen los intereses de explotación de las empresas sobre los derechos de las comunidades y personas que habitan esos lugares, los niños y las niñas también se ven sometidos a la enfermedad, al deterioro ambiental, a las restricciones para la circulación en el territorio y en general a la tremenda incertidumbre y angustia de sus familias que cada día amanecen pensando que serán expulsados de sus tierras con base en resoluciones de “utilidad pública” para la explotación minera, que nunca les fueron consultadas.

Todo esto debe suscitar una profunda reflexión y debate en el país sobre las consecuencias irreparables que deja a su paso el modelo extractivista en los tejidos sociales, culturales y comunitarios; en la naturaleza y la economía de subsistencia de las regiones en que se asienta en donde los derechos de los niños y las niñas, así como de las generaciones futuras están siendo gravemente desconocidos.