El anuncio del cierre del juzgado 56 penal del circuito tiene un impacto directo sobre sobre los 1.343 casos de sindicalistas víctimas de persecución, homicidios y amenazas en Colombia de los que conocen estos juzgados creados en el marco de un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, e incumple compromisos en materia de derechos laborales suscritos en el marco de los Tratados de Libre Comercio. Esta decisión fue tomada por el Consejo Superior de la judicatura (CSJ) que ordeno cierre del juzgado OIT por recortes hechos al “Programa de Descongestión Judicial”

El viernes 5 de agosto, la Ministra de Trabajo, Clara López Obregón, anunció en su cuenta de twitter que acudirá al Consejo Superior de la Judicatura para solicitar la reversión de la decisión de cerrar el juzgado 56.

La reciente decisión del Consejo superior de la judicatura de cerrar el segundo de los tres juzgados OIT afecta de manera directa 1.343 casos de violencia antisindical en Colombia que donde el 96,8% de los casos de violencia antisindical quedan en la impunidad.

La abogada Yessika Hoyos, integrante del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, especialista en temas sindicales, recordó el importante papel de estos juzgados para avanzar y ayudar a superar un poco la impunidad. “Además de que están capacitados para juzgar la violencia antisindical que no se puede juzgar como cualquier otro crimen por las implicaciones sociales y políticas que tiene”.

Yessika Hoyos, hija del sindicalista Jorge Darío Hoyos asesinado en el 2001, también destacó que se trata de un mensaje muy negativo para las víctimas que buscan justicia. ”Las implicaciones son muy graves, ya que la pelea siempre ha sido que los crímenes contra sindicalistas no continúen en la impunidad, pues continuar con la impunidad es dar un mensaje de que se puede asesinar y atacar a los sindicalistas y no va pasar nada. Estos hechos no pueden volver a ocurrir en el contexto de los diálogos de paz, no se pueden cometer más crímenes sindicalistas porque atenta contra la democracia”.

Por su parte, la jueza Gloria Guzmán Duque, que preside el juzgado que 56 Penal del Circuito, el que decidió cerrarse, expresó que esta decisión demuestra la improvisación con la que se asume un programa que debería ser permanente, monitoreado y apoyado. También estimó que se elevarán los índices de impunidad, ya que en la actualidad hay 2.600 casos abiertos en la Fiscalía, de los que deberá conocer un solo Juzgado OIT, el 10 penal del circuito especializado de Bogotá.

En términos de resultados, la jueza 56 destacó que desde su creación, entre su despacho y el Juzgado 10, han proferido 744 sentencias, y que todo caso que ha llegado a estos juzgados ha salido con una sentencia.

Fabio Arias, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, rechazó la decisión del Consejo Superior de la judicatura, y recordó que esta decisión desconoce tanto acuerdos adquiridos en el marco de la OIT como de los Tratados de Libre comercio suscritos con Canadá y Estados Unidos, donde se crearon mecanismos de seguimiento a la situación laboral y en particular a la violencia antisindical en Colombia.

Por su parte Nora Tovar, directiva sindical de la CTC afirmó que a este anuncio se suma el lento avance de las investigaciones en la Fiscalía General de la Nación en materia de violencia antisindical. “Es un obstáculo más para superar la impunidad” afirmó, y recordó que aunque se han reducido los índices de homicidios, continúan las amenazas contra el movimiento sindical que el año anterior llegaron a 26.

La dirigente también puso de presente que esta decisión va en contravía del proceso de reparación colectiva del sindicalismo colombiano que se está construyendo de manera conjunta entre el gobierno y el movimiento sindical.

El viernes 5 de agosto, la Ministra de Trabajo, Clara López Obregón, anunció en su cuenta de twitter que acudirá al Consejo Superior de la Judicatura para solicitar la reversión de la decisión de cerrar el juzgado 56.