Plan Colombia: ¿guerra contra las drogas o contra las poblaciones amazónicas?[1]
Elaborado por: Henry Salgado Ruiz*
Bogotá D.C., febrero de 2003
1. Presentación
Desde comienzos de los años ochenta, los campesinos amazónicos a través de sus diferentes organizaciones –sindicatos, cooperativas y juntas de Acción comunales- le han presentado al gobierno nacional alternativas a los cultivos de uso ilícito y ofrecido soluciones posibles a los múltiples problemas que enfrentan las regiones de colonización. Sin embargo, las reivindicaciones campesinas han sido respondidas por el Estado colombiano con tímidas inversiones socio-económicas y grandes apoyos financieros para la fumigación y militarización de la sociedad y el medio ambiente amazónicos.
El tratamiento militar a la grave situación socio-económica y política que viven diariamente las poblaciones de la región amazónica ha sido la nota predominante. Pese a los múltiples esfuerzos organizados del campesinado por erigirse como interlocutor válido frente al Estado colombiano y hacer escuchar sus más sentidas necesidades vitales y sus propuestas alternativas de desarrollo local y regional, el Estado ha implementado en la zona políticas de fuerza que en nada han contribuido a resolver los problemas y sí por el contrario, los han agudizado.
El Estado colombiano desde los años setenta -lejos de impulsar proyectos socio-económicos en la zona orientados al fortalecimiento regional y atender las demandas de la población- al tiempo que ha criminalizado las diferentes protestas sociales que se han gestado en la zona en demanda de servicios públicos, educación, salud, infraestructura y mercadeo de sus productos agrícolas, ha implementado en la región una política orientada a reprimir las movilizaciones populares, argumentado siempre la supuesta presencia de fuerzas subversivas en dichas movilizaciones.
Con estas medidas militaristas, el Estado colombiano ha coadyuvado a la intensificación del conflicto social en la zona y al deterioro de su propia legitimidad. Igualmente, ha generado las bases para que en la región amazónica se reproduzcan las prácticas paramilitares y ejercicio privado de la «justicia» que han caracterizado los cinco últimas décadas de la historia de Colombia.
En la actualidad la región amazónica enfrenta en términos socio-económicos, políticos, culturales, ambientales y militares una gran amenaza. A las agresiones desde los tiempos coloniales y republicanos, que han pasado por el aniquilamiento mayoritario de sus poblaciones nativas, el saqueo y la extracción de sus recursos naturales renovables y no renovables, la ocupación no planificada de su territorio por parte de campesinos marginados y expulsados de las mejores tierras ubicadas en las cordilleras y valles interandinos, la cocalización de su agro obligada por la pobreza y la presencia creciente de actores armados (Movimiento insurgente, organismos paramilitares y Ejército Nacional), a la región amazónica se le suma, en la era de la globalización del capital, un conflicto armado de proporciones aún no conocidas, aunque si predecibles. En nombre de la “guerra contra las drogas”, el Congreso de los Estados Unidos, contando con la anuencia del Estado colombiano, aprobó el 13 de julio de 2000 en la forma de un “paquete de ayuda” (US Aid Package) el denominado Plan Colombia[2] . Se trata de un Plan de corte predominantemente militarista, orientado, según del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a enfrentar los principales desafíos de la Colombia actual: la promoción del proceso de paz, la lucha contra el narcotráfico, la reactivación de la economía y el fortalecimiento de los pilares democráticos de la sociedad colombiana.
El Plan Colombia se presentó ante país y el mundo como la alternativa de solución a la grave crisis socio-política que se enfrenta como consecuencia del narcotráfico. Según se desprende de la lectura del Plan, la causa principal de la crisis social y de los conflictos políticos que enfrenta la región andina, tienen su origen en el narcotráfico. Desde una visión política unilateral de los problemas que enfrentan los países de la región andina y de manera particular la sociedad colombiana, el Plan recoge de manera literal, acrítica e inconsulta la tesis del exzar antidrogas Barry McCaffrey, según la cual, es necesario emprender en toda la región una cruzada contra los cultivos de uso ilícito. El diagnóstico de McCaffrey es concluyente en afirmar que todos los problemas relacionados con la violencia delincuencial, el desempleo, la corrupción y la presencia de actores armados al margen de la ley, entre otros, tienen su origen en el cultivo y tráfico de estupefacientes[3] .
Los conflictos sociales, económicos y políticos que se han enraizado en Colombia desde tiempo atrás y que han sido el resultado histórico de un modelo de desarrollo económica y culturalmente dependiente, predominantemente elitista y centralizador y socialmente excluyente, quedan ahora, con la lectura del Plan Colombia, explicados a partir del fenómeno del narcotráfico, que si bien contribuyó a agudizarlos no los originó. Al respecto Chernick anota: “Las raíces de la violencia contemporánea son mucho más profundas que la bonanza actual de la droga: fluyen de conflictos sociales que se han enconado durante largo tiempo, especialmente en el campo, cuya resolución ha sido aplazada por décadas. El narcotráfico puede haber elevado y acelerado la violencia, pero no la causó”[4] .
Con el Plan Colombia se continua, esta vez de manera mucho más agresiva, una guerra contra los “cultivos ilícitos” y con ello contra las poblaciones amazónicas y sus diferentes expresiones socio-organizativas y políticas. Lejos de escuchar las propuestas socio- económicas y políticas alternativas presentadas por los campesinos en diferentes espacios políticos y las reflexiones de un significativo e importante sector de intelectuales y académicos que se esfuerzan en demostrar y explicar las causas sociales de la cocalización del agro, el Estado colombiano, asumiendo el papel de ventrílocuo de las directrices ordenadas por el Congreso de los Estados Unidos, de nuevo ofrece las manidas salidas militares.
La región amazónica y de manera particular el departamento del Putumayo, se constituye hoy en el teatro de operaciones de la implementación del Plan Colombia, por lo menos durante su primera fase. El Plan se propone en esta fase fumigar – erradicar de manera forzada los cultivos de uso ilícito de la región. Para ello tiene contemplado en su presupuesto US$952.3 millones para el fortalecimiento militar y policial, US$90.5 millones para atenuar el desplazamiento forzado y la violación de los derechos humanos que la confrontación armada provocará y U$78.5 millones para “desarrollo alternativo”, es decir, para implementar proyectos tecno – productivos orientados a consolidar la economía campesina en la región.
Para comprender de manera más clara de los objetivos militaristas del Plan Colombia y de la pobre inversión social contemplada en él, en este artículo nos detendremos en tres aspectos: (a) Con base en información reciente elaboraremos un análisis del presupuesto asignado por el Congreso de los Estados Unidos de manera directa al gobierno colombiano (US$1.649.1 millones). Como se mostrará el 80% de este presupuesto está destinado a la agudización del conflicto armado, para el desarrollo alternativo existe un 6.6% y para el rubro denominado proceso de paz sólo existe un 0.25%; (b) en segundo término presentamos un breve perfil socio-cultural de la población campesina amazónica que esta en la mira de los objetivos militares del Plan y (c) por último, realizamos un breve examen de la respuesta que el Estado Colombiano le ha dado a la problemática socio-económica y política que esta a la base del tema de los cultivos de uso ilícito.
2. El Plan Colombia en cifras.
El costo inicial estimado del Plan Colombia fue de US$7.558.1 millones y se desagregó de la siguiente manera: (a) el gobierno colombiano en calidad de contrapartida aporta US$4.000 millones, pero la procedencia no son otros que los gastos contemplados por el Estado inicialmente en el llamado plan de desarrollo “Cambio para construir la Paz”, es decir, no existen recursos nuevos, sino que los existentes se presentan bajo el sello de Plan Colombia; (b) Por la vía de créditos internacionales se esperaban recoger US$1.000 millones para financiar los programas de ajuste propuesto frente a la crisis fiscal que enfrenta el país[5] ; (c) el paquete de ayuda de los Estados Unidos que ascendió para el año 2001 a US$1.649.1 millones, sustancialmente destinados a incrementar la capacidad militar del Estado frente al movimiento insurgente y el narcotráfico. Este US Aid Package se descompene en dos tipos de ingreso: U$1.336 millones destinados a “combatir el narcotráfico” y que fue lo que ingresó con el nombre de “Plan Colombia” y U$313.1 millones que ingresan anualmente como “aporte” de Estados Unidos al presupuesto nacional y (d) la contribución europea que se esperaba que se acercara a los US$1.000 millones[6] .
Si bien el Plan Colombia fue presentado como un paquete integral que buscaba atender las diferentes estrategias contempladas en el mismo[7] , los recursos con que cuenta actualmente son fundamentalmente los aprobados por los Estados Unidos y cuyo destino fundamental es el incremento de la capacidad bélica del Estado. El US Aid Package aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, para el año fiscal de 2001[8] , asciende a US$1.649.1 y tiene preestablecido el siguiente destino: 35% (US$458.8 millones) para apoyo regional, es decir, para el apoyo de las bases militares estadounidenses situadas en Manta, CuraVao y Aruba; y 65% ( US$ 1.190.3 millones) destinados exclusivamente a Colombia.
Con respecto al presupuesto que ingresa para uso exclusivo de Colombia, según se puede observar en el cuadro No 1, el 80.05% esta destinado al fortalecimiento militar y policial. Esta inversión está orientada a atender dos aspectos: por una parte, el denominado “empuje al sur de Colombia” (Push into Southern Colombia), que consiste en una operación de las Fuerzas Armadas mediante la cual –con la conformación de tres batallones antinarcóticos, asentados en la base militar de Tres Esquinas y por constituirse a futuro en una brigada – se crearían condiciones seguras para las actividades antidrogas de la Policía en los departamentos del Putumayo y Caquetá, una región controlada por las FARC. Por otra parte, para apoyar operaciones de las Fuerzas Armadas en las áreas de interdicción aérea, marítima y terrestre, y para el entrenamiento de militares en reforma judicial y derechos humanos.[9]
El 19.95% restante del componente que ingresa directamente se distribuye de la siguiente manera: para desarrollo alternativo, es decir para la sustitución de la hoja de coca y la implementación de sistemas tecno-productivos alternativos, un irrisorio 6.6%; para la población desplazada por la agudización del conflicto armado y la fumigación de cultivos de uso ilícito el 3.15%; para la protección de los derechos humanos se ha presupuestado un 4.45%; para la reforma judicial y combatir el lavado de dinero y la corrupción está destinado el 1.3%; para el fortalecimiento del Estado de derecho y la Fiscalía se destinará el 4.2% y para apoyar los procesos de paz se contempla un 0.25%. (ver Cuadro No 1)
Cuadro No 1
| Componente del Plan Colombia destinado exclusivamente a Colombia | |
| Asistencia milita | 589.2 |
| Asistencia a la policía | 363.1 |
| Desarrollo alternativo | 78.5 |
| Desplazados | 37.5 |
| Derechos Humanos | 53.0 |
| Reforma judicial | 16.0 |
| Fortalecimiento del Estado de Derecho | 50.0 |
| Paz | 3.0 |
| Total | 1.190.3 |
*Cuadro elaborado por Romero Marco A., 2001, op cit. Pág. 246 a partir de los informes de Adam Isackson del CIP. Páginas Web: www.ciponline.org.
Es decir, estamos frente a un “Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado”, en donde el énfasis está claramente puesto en el fortalecimiento bélico del establecimiento y en donde aspectos que deberían ser centrales, como son el desarrollo alternativo, los derechos humanos y el proceso de paz, aparecen sustancialmente debilitados. Pese a encontrar en el planteamiento discursivo del Plan, en sus distintas versiones[10] , una mirada relativamente integral de la problemática socio-económica y política que enfrenta Colombia, el presupuesto aprobado por los Estados Unidos y la asignación a cada rubro son elocuentes en sí mismas. Problemas por ejemplo, como el desarrollo alternativo, que en teoría busca la implementación de proyectos tecno-productivos orientados a crear una salida económicamente viable y sostenible ambientalmente para las poblaciones amazónicas y que, por lo tanto, debería ser una de las prioridades fundamentales en la búsqueda de una verdadera paz, en la práctica queda como un componente irrelevante del proyecto y que cumple la función política de enmascarar propósitos guerreristas y geopolíticos que están a la base del Plan.
De hecho, la intención geopolítica y militar del Plan Colombia hacia el conjunto de la región andina se puede visualizar desde el mismo presupuesto contemplado en el Plan Colombia para “apoyo regional”. Como se observa en el Cuadro No 2, el 60.8% del presupuesto asignado bajo esta etiqueta -apoyo regional- está orientado al fortalecimiento de las bases militares estadounidenses ubicadas en Manta (Ecuador) Aruba y CuraVao, el 13.9% a trabajos de interdicción al procesamiento y comercialización de clorhidrato de cocaína en los países vecinos de Perú, Bolivia y Ecuador, el 21.4% al “desarrollo alternativo” en dichos países y un 3.9 % orientado a involucrar en la “guerra antinarcóticos”a países como Panamá y Brasil.
Bajo el nombre de “Plan Colombia” se empezó a trazar una estrategia de alcance regional que buscaba en esencia dar el primer paso a lo que el presidente Bush llamó posteriormente Iniciativa Regional Andina –IRA- y que no es más que una estrategia para crear en la región andina las condiciones políticas y militares adecuadas para la implementación progresiva de la Alianza de Libre Comercio para la Américas –ALCA-.
Estos intereses geopolíticos e ideológicos que orientan el Plan Colombia se manifiestan en un momento histórico de profundas conmociones sociales y políticas en el área andina. Como anota James Petras: “Mientras las guerrillas y los movimientos populares representan un serio reto político y social a la supremacía de Estados Unidos en la región, Venezuela representa un reto diplomático y político – económico en el Caribe y más allá, por vía de su liderazgo en la OPEP y su política exterior “no alineada”. En términos más generales, el triángulo radical (Venezuela, Colombia y Ecuador) puede contribuir a corroer el imaginario existente alrededor de la invencibilidad de la hegemonía norteamericana y la noción de inevitabilidad de la economía de libre mercado[11] ”..
Cuadro No 2
| Componente del Plan Colombia destinado al apoyo regional | |
| Apoyo a locaciones estadounidenses de avanzada en operaciones en ultramar (US$61.3 millones – Aeropuerto Eloy Afaro, Manta, Ecuador; US$10.3 millones – Aeropuerto Reina Beatriz, Aruba; US$43.9 millones – Aeropuerto Hato Internacional, CuraVao; US$1.1 millones, planeación y diseño | 116.5 |
| Departamento de Defensa- Región Andina – Acopio Inteligencia | 7.0 |
| Departamento de Defensa –Programa clasificado de inteligencia | 55.3 |
| Radares de apoyo a operaciones de USA – aviones P3 | 68.0 |
| Departamento del Tesoro – Programa de seguimiento del Zar | 2.0 |
| Departamento de Defensa – Aviones de reconocimiento | 30.0 |
| Ayuda para Perú (US$27 millones para interdicción; US$5 millones para desarrollo alternativo) | 32.0 |
| Ayuda para Bolivia (US$25 millones para interdicción; US$85 millones para desarrollo alternativo) | 110.0 |
| Ayuda para Ecuador (US$12 millones para interdicción; US$8 millones para desarrollo alternativo) | 20.0 |
| Ayuda para otros países (Panamá, Brasil) | 18.0 |
| Total | 458.8 |
*Cuadro elaborado por Romero Marco A., 2001, op cit. Pág. 246 a partir de los informes de Adam Isackson del CIP. Páginas Web: www.ciponline.org.
3. ¿Pero quiénes son los que siembran cultivos de uso ilícito en la región amazónica?
Como anotábamos anteriormente, el teatro de operaciones del Plan Colombia en su primera fase es la región amazónica occidental y de manera particular el departamento del Putumayo. Allí se ha emprendido un fuerte proceso de militarización y una agresiva campaña de fumigación – erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito. Pero la pregunta de quiénes son los que siembran estos cultivos resulta hoy pertinente para saber quienes son las primeras víctimas de este gran proyecto de guerra formulado desde Estados Unidos y respaldado por la administración de Andrés Pastrana ( 1998-2002) y el actual gobierno de Alvaro Uribe Vélez (2202 –2006)
Quienes viven a la región amazónica, además de las comunidades indígenas nativas, son personas procedentes de todas las partes del país. Son hombres y mujeres que en cada historia que cuentan hacen referencia a los lugares donde estuvieron antes de llegar a la región. Se trata de campesinos, que desde los años cincuenta y sesenta, han transitado de frontera en frontera sin encontrar aún un lugar seguro y permanente donde poder asentarse. Para muchos de los campesinos – colonos, la región amazónica ha sido el último intento, para otros uno más. Expulsados por la alta presión sobre la propiedad de la tierra, por la constitución de grandes unidades agropecuarias, por la incapacidad del minifundio de reproducirse, por los procesos de reestructuración agraria impulsados por el Estado (Ley 200 de 1936, Ley 100 de 1944 y Ley 135 de 1961), por los conflictos socio – políticos que han azotado a Colombia y/o por los fracasos de colonizaciones dirigidas por el Estado, los grupos de inmigrantes que arribaron a la región llegaron cargados de un cúmulo de experiencias y expectativas propias de cualquier campesino – agricultor.
En tanto campesinos – agricultores, lo primero que hicieron fue asentarse cerca a las trochas o vías fluviales que les permitieran tener acceso a los poblados más cercanos, pues lejos de pensar en reproducir una economía estrictamente de auto-consumo, los colonos llegaron con la idea de establecer productos comerciales que les permitieran integrarse al mercado y la economía nacional. La modalidad de este patrón de residencia fue, por tanto lineal; se establecieron con sus familias a lo largo de las trochas o caminos de herradura y en caso de que se encontraran internados en la selva, a la orilla de los ejes fluviales de la región.
No se trata de hombres solos, hablamos de familias enteras que se trasladaron y que se encontraron con territorios y ecosistemas desconocidos. Para poder empezar a vivir en la región tuvieron que edificar su casa -que inicialmente no fue más que un cambuche-, construir su medio de transporte, elaborar muchas de sus herramientas de trabajo y de caza, deforestar el bosque ubicado a su alrededor y sembrar comida. Desde el momento en que el colono pretendió fundarse empezó una dura jornada de sol a sol. No existió descanso, todo el tiempo empleado en asentarse fue pletórico en extenuantes jornadas en donde el apoyo de sus hijos, de su mujer y de algún vecino cercano fue vital. Después de tumbar y quemar, los primeros cultivos fueron de pan coger. Con éstos cultivos, además de la pesca, la caza y la cría de cerdos y gallinas, lograron los niveles de autosubsistencia esenciales para poder reproducirse y proseguir el proceso de valoración de la finca.
La actitud de los colonos fue la de replicar en las selvas húmedas de la Amazonia las prácticas productivas aprendidas en sus lugares de origen. La colaboración que buscaron en los indígenas de la región fue eminentemente coyuntural. La lógica inicial era aprender a pescar y cazar para la subsistencia de su familia -y allí la población indígena fue un apoyo importante-, pero el propósito último era la conversión del bosque en pasturas. El comportamiento frente al medio ambiente más que responder al deseo de conocer y adaptarse a las exigencias de una naturaleza hasta entonces desconocida, estuvo marcado por la idea de adaptar el bosque húmedo tropical a los patrones económicos y productivos andinos y/o llaneros.
Pero al momento de su arribo estos propósitos no eran más que sueños y anhelos que llevaron consigo los colonos. Se trataba en muchos casos de hombres y mujeres que en sus lugares de origen tuvieron su tierra y sus cultivos en lugares próximos a centros de mercadeo y que por diversas razones de orden estructural y/o problemas individuales no tuvieron otra opción que desplazarse a los confines de la frontera agraria. Se trataba de un volver a empezar, había que trabajar duro para lograr consolidar de nuevo una unidad de producción campesina que les permitiera su reproducción familiar, social y cultural.
Eran muchos los apremios que enfrentaban los colonos y muy pocas las posibilidades que ofrecía la región para su integración favorable a la dinámica económica nacional. La carencia de títulos, la ausencia de vías de comunicación en buen estado que los vinculara con los centros de consumo del interior del país, el deficitario estado de las vías intermunicipales y el elevado costo del transporte, la gran distancia y lentitud del transporte fluvial, la ausencia de instalaciones para el acopio y almacenamiento apropiado de los productos, entre otros, fueron factores que se ofrecieron como verdaderos obstáculos para el desarrollo municipal y regional. Estos factores determinaron, por una parte, la pérdida del entusiasmo de muchos campesinos – agricultores que veían una vez más frustrados sus propósitos de hacer Finca y quedarse en la región y, por otra parte, la adopción -para finales de los setenta y comienzos de los ochenta- de “economías de retaguardia”[12] como la marihuana[13] y la coca (Erythroxylon coca) respectivamente.
Arribar a los confines de la frontera agraria luego de haber tenido un pedazo de tierra e intentado una o más veces asentarse no fue nada fácil. A los sentimientos cotidianos de frustración se unieron el rencor y la inconformidad. Pese a conocer las consecuencias negativas de salud que genera el consumo de drogas alucinógenas y los discursos jurídicos que prometían duros castigos a quienes se vincularan a la narcoeconomía, los campesinos terminaron articulados a dicha economía; para ellos los cultivos de uso ilícito se constituyeron en su única esperanza.
No fue fácil, desde luego, ni individual ni colectivamente, superar los problemas morales, religiosos e intrafamiliares que trajeron tras de sí estos cultivos. En los hogares de los colonos las disputas y los argumentos en contra o favor de la narcoagricultura no se hicieron esperar. Sin embargo, el argumento más contundente y que subordinaba los más temidos sentimientos morales y religiosos fue el que nació del apremio y el desespero: “si no es con la coca, entonces de que vamos a vivir !!!”. Este fue el principal argumento que empezó a legitimar los primeros pasos hacia la cocalización del agro amazónico. La coca llegó a los colonos de la Amazonia como una estrategia de sobrevivencia. Pese a conocer sus impactos negativos en la salud humana, en la juventud y en la estructura misma de las sociedades, los colonos no tuvieron otro recurso, era su única opción.
4. Cuál ha sido la respuesta Estatal?
El Estado colombiano ha legislado sobre las sustancias que producen algún tipo de dependencia desde 1920[14] . Durante esta fecha hasta el presente, ha criminalizado y penalizado todo lo relacionado con el negocio de las drogas. Inicialmente la ley establecía sanciones para las personas que produjeran o traficaran con cocaína, opio, laudano, etc. Luego con la Ley 45 de 1946 se amplió el espectro penal al tema de los cultivos. Hasta comienzos de los años setenta, las penalización de cultivo, procesamiento y tráfico de estupefacientes eran competencia exclusiva de la rama legislativa y judicial, pero a partir de 1973, con la creación del Consejo Nacional de Estupefacientes, a través del decreto 1206, el ejecutivo empezó a asumir un mayor protagonismo en el manejo del tema de las drogas. De esta manera, mediante el decreto 1188 de 1974 se estableció en Colombia el primer Estatuto Nacional de Estupefacientes, que rigió hasta 1984 sin ningún tipo de modificaciones¨[15] .
Apoyado en este estatuto la administración de Turbay Ayala (1978 – 1982) emprendió un proceso de erradicación forzada aérea de cultivos ilícitos. Durante este gobierno se fumigaron con el herbicida Paraquat los cultivos de marihuana ubicados fundamentalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta. Con esta misma herramienta jurídica, la administración de Belisario Betancur (1982 – 1986) usó el glifosato para combatir la marihuana y el Garlon 4 para fumigar la coca. Durante esta administración se expidió la Ley 30 de 1986 que estableció los mecanismos legales para “la destrucción de cultivos de marihuana, coca y demás plantaciones de las cuales se pueda extraer sustancias que produzcan dependencia”.
Con esta Ley, la prolija y dispersa producción de decretos y leyes referidas al narcotráfico, fue organizada, se elevó a delito lo que anteriormente había sido considerado como una simple contravención y se crearon los fundamentos jurídicos para criminalizar a los campesinos involucrados de manera directa o indirecta con los cultivos de uso ilícito. Con la Ley 30 de 1986 se incrementaron las campañas de erradicación forzada. Durante la administración de Virgilio Barco (1986 – 1990) se continúo con el uso de glifosato para la erradicación de coca.
Esta política de fuerte represión a todo lo relacionado con el narcotráfico se acentúo en 1989 con los decretos 1856, 1893 y 2390, a través de los cuales se estableció el decomiso y los procedimientos para incautar y ocupar bienes provenientes del narcotráfico. En el año de 1990 la administración de Cesar Gaviria (1990 – 1994) se caracterizó por la creación de mecanismos de conciliación, a través de los cuales se rebajaron las penas. Luego con la nueva constitución de Colombia (1991) se prohibió la extradición de narcotraficantes y se creó un marco legal para que se sometieran a la justicia colombiana.
Durante esta administración, no obstante, se continuó la erradicación forzada con glifosato y se amplió su uso para combatir la amapola que empezó a proliferar en el bosque alto andino. Durante este gobierno se expidió la resolución No 0001 del 11 de febrero de 1994 por medio de la cual se extendió y precisó las autorizaciones concedidas para la destrucción y erradicación de cultivos ilícitos en Colombia a través “de los medios idóneos prescritos al efecto”[16] .
Concomitante con estas medidas de orden penal[17] , el Estado colombiano diseñó una serie de instrumentos orientados a «modificar las condiciones de vida de quienes se hallan dedicados a la producción primaria de sustancias psicoactivas». Es así como mediante la Ley 30 de 1986, se presentó en diciembre de 1991 el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO. Este programa planteaba que se debían atender las causas económicas, sociales, políticas y culturales del problema de la droga. En esencia, el objetivo de este Programa era «Contribuir a la superación del problema de la droga, mediante el fortalecimiento y dinamización de procesos de desarrollo micro-regional, en las zonas potenciales y actualmente productoras de cultivos ilícitos, reduciendo la oferta biológica de estupefacientes».
Para asegurar la viabilidad del programa se plantearon estrategias de prevención, control, sustitución de cultivos de uso ilícito y crédito de fomento. Con dichas estrategias se buscaba facilitar los procesos dirigidos a consolidar la organización y participación comunitaria, como únicos garantes de la continuidad de las acciones iniciadas para superar las causas y manifestaciones del problema de la droga[18] . Sin embargo, el alcance real de los proyectos de desarrollo alternativo fue bastante limitado. Durante la década de los años noventa lo que se ha constatado es un incremento del área sembrada de hoja de coca, bien sea como respuesta a la feroz campaña de erradicación forzada emprendida por las diferentes administraciones gubernamentales o bien sea para pagar las deudas que los campesinos adquirieron con las líneas de crédito impulsados por los programas de desarrollo alternativo (Ver cuadro No 3).
Cuadro No 3
| CULTIVOS DE COCA VS ERRADICACION 1990 – 2000 | ||||
| AÑO | CULTIVOS DE COCA (Has) | AREAS (Has) ERRADICADAS | ||
| TOTAL ANUAL | % DE CRECIMIENTO FRENTE AL AÑO ANTERIOR TOTAL ANUAL | TOTAL ANUA | % DE CRECIMIENTO FRENTE AL AÑO ANTERIOR TOTAL ANUAL | |
| 1990 | 40.100 | 900 | ||
| 1991 | 37.500 | 6.5 (Disminuyó) | 972 | 8.0 |
| 1992 | 37.100 | 1.06 (Disminuyó) | 959 | 1.3 (Disminuyó) |
| 1993 | 39.700 | 7.0 | 793 | 17.3(Dismunuyó) |
| 1994 | 44.700 | 12.6 | 4.910 | 519.2 |
| 1995 | 50.900 | 13.9 | 8.750 | 78.2 |
| 1996 | 67.200 | 32-0 | 5.600 | 36%(Disminuyó) |
| 1997 | 79.500 | 18.3 | 19.000 | 239.3 |
| 1998 | 101.800 | 28.1 | 64.641 | 240.2 |
| 1999 | 160.119 | 57.3 | 43.246 | 33.1 |
| 2000 | 163.289 | 1.98 | 58.073 | 34.3 |
| 2001 | 144.807 | 11.3 | 95.898 | 165% |
Fuentes: Departamento de Estado de los Estados Unidos Dirección Nacional de Estupefacientes Proyecto SIMCI (Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos) creado por DNE – UNDCP UNDCP. 2002. Global Illicit Drug trends 2002. New York, July 2002
El gobierno de Ernesto Samper (1994 – 1998) , continúo con estas política de erradicación forzada y ensayó con herbicidas más tóxicos como el Imazapyr y el Tebuthiurón[19] . Según los reportes suministrados por la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito[20] , durante los años 1994 – 1997 se fumigaron 17.800 hectáreas de amapola y 97.457 de coca. En este gobierno mediante acto legislativo 01 de 1997, que reformó la constitución, se reestableció la extradición de nacionales. Durante la administración de Andrés Pastrana la política de erradicación forzada se intensificó. Según la UNDCP (2202) para el periodo 1998 – 2001 se fumigaron en Colombia 23.373 hectáreas de amapola y 270.784 de coca. Durante esta administración, en octubre de 1998 se declara exequible de nuevo la extradición de nacionales.
Como se observa entonces, los programas de erradicación forzada con herbicidas se vienen implementando en Colombia de tiempo atrás. Sin embargo, los resultados que dichos programas pueden mostrar son bastantes precarios. En la erradicación de la marihuana operaron más factores de orden económico (desplazamiento de los consumidores hacia otras sustancias narcóticas más fuertes), que los esfuerzos policiales y los miles de millones de pesos utilizados para fumigar la Sierra Nevada de Santa Marta. En buena medida el área sembrada de marihuana se redujo significativamente a raíz de la progresiva cocalización del agro, que surge como respuesta a la demanda creciente de clorhidrato de cocaína.
Para el año de 1.990 Colombia tenía un total de 40.100 hectáreas de Coca y 1.344 de Amapola (en 1991), según la información suministrada por el Departamento de Estado, y para el año 2000, según los datos arrojados por el SIMCI (Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos[21] ) el área sembrada con hoja de coca ascendió a 163.289 has y de amapola a 4.710 has. Los reportes expresan que las fumigaciones provocan el desplazamiento de los cultivos de uso ilícito hacia nuevas áreas y que existe un crecimiento sostenido de su producción. Sólo en el reporte del año 2001 se percibe un baja de sólo 11.3% en la producción de coca con respecto al año inmediatamente anterior. En términos brutos se bajó de 163.289 has a 144.807 has[22] .
Si tomamos como referencia el año de 1994, en el cual se aprobó la resolución 0001 para la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y se emitieron fuertes decretos orientados a controlar los insumos para el procesamiento de pasta básica de cocaína (cemento y gasolina, fundamentalmente), podemos afirmar que de esa época al año 2001, el área sembrada de hoja de coca creció en un 3,24 veces. La pregunta obvia que se desprende es ¿Qué se ha logrado con los programas de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito? ¿Es el glifosato o cualquier otro producto químico o biológico la solución a los problemas socio-económicos y políticos que están a la base de la producción de cultivos de uso ilícito?
Hasta la fecha el gobierno nacional no ha elaborado una evaluación crítica de los programas de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. Pese a que la resolución 0001 contempla una serie de parámetros que obligan un seguimiento y evaluación permanente de dichos programas y que el Consejo Nacional de Estupefacientes expidió la resolución 0005 de 2000 para que se de cumplimiento a los procedimientos técnicos adecuados para adelantar las aspersiones con glifosato, hasta la fecha y de manera obstinada se continua con las fumigaciones y se esquivan los procedimientos operativos contemplados en la ley.
Los Ministerios del interior, del medio ambiente y de Defensa, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Palacio Presidencial, la Corte Suprema de Justicia, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, entre otras entidades nacionales e internacionales, están actualmente inundadas de cartas, denuncias y estudios técnicos que expresan y demuestran las nefastas consecuencias sociales, ambientales y de salud que está generando la aspersión aérea con glifosato, pero ninguno de esos estudios, ni tutelas, ni denuncias han tenido eco. A nivel gubernamental la fumigación se plantea como una política irreversible. Solamente la Defensoría del Pueblo, recientemente (abril de 2002), presentó un Amicus Curiae en donde de manera concluyente afirma que el Programa de Erradicación Aérea Forzada de los Cultivos Ilícitos no se ajusta a los mandatos de la constitución Política y que en consecuencia este programa amenaza los derechos de miles de habitantes de las zonas fumigadas a gozar de un ambiente sano, a la salud y a la vida, así como los derechos de los niños[23] . En este Amicus Curie[24] se la Defensoría el Pueblo solicita al Gobierno nacional supender la ejecución del mencionado programa de fumigación hasta que se cumpla con dos condiciones, a saber: (1) Que se realicen los estudios y análisis necesarios para valorar científicamente los impactos que ocasiona sobre el medio ambiente y la salud humana y animal la aplicación de laas sustancias químicas que se emplean en el referido programa y (2) que se tomen las medidas preventivas esenciales para conjurar las amenazas que genera la estrategia tales como el cumplimiento de las normas sobre manejo de plaguicidas; la puesta en marcha de un Plan de Vigilancia Epidemiológica; la imposición de un Plan de Manejo Ambiental que en realidad se ajuste a los Términos de Referencia definidos por el Ministerio del Medio Ambiente; y la aplicación de mecanismos de coordinación interinstitucional que garantice que no se presenten de nuevo fumigaciones indiscriminadas sobre los pequeños cultivos[25] .
Durante la administración de Andrés Pastrana (1998 – 2002) se elevó a discusión nacional el tema de las fumigaciones, ahora con Uribe Vélez el tema continúa y estas vez con más fuerza dada la política de tolerancia cero que este gobierno ha expuesto desde el comienzo de su mandato. Los argumentos en contra de su uso son mayores y más cualificados que los que tratan de defender el uso de este herbicida[26] . Sin embargo, las aspersiones aéreas con glifosato son una de las principales estrategias antinarcóticos contemplada en el Plan Colombia e impulsada por la actual administración.
Con el Plan Colombia, lejos de buscarse una solución a la problemática estructural que tiene atrapado al campesinado amazónico, lo que se ha hecho es agudizar su problemática socio-económica y política. Con las fumigaciones se está atacando la base productiva de la región que es la hoja de coca, se está destruyendo la economía de pan coger, se están generando irreversibles efectos en la salud, la seguridad alimentaria y en el medio ambiente y se está provocando un desplazamiento forzado de los campesinos de la región.
A este agresivo panorama social que generan las fumigaciones, es necesario agregarle otro de los efectos del Plan Colombia y es el fortalecimiento policial y militar. En el departamento del Putumayo, por ejemplo, con este proceso de militarización se ha intensificado de manera sensible el conflicto armado que sostiene el Ejército Nacional con el movimiento insurgente de las FARC, por una parte, y por otra parte, se han deteriorado significativamente las normas de convivencia, como consecuencia del dominio que desde el año de 1999 han empezado a ejercer grupos paramilitares en las cabeceras municipales del departamento, fundamentalmente en el medio y bajo Putumayo27. Es necesario anotar que este apuntalamiento del proyecto paramilitar en la región amazónica, según el informe presentado por Human Rights Watch (septiembre de 2001) ha contado con el apoyo la Brigada del Ejército Nacional que ejerce su jurisdicción en el medio y bajo Putumayo[28] .
El resultado de estas acciones bélicas que han emprendido en la región las FARC, el Ejército Nacional y los grupos paramilitares han provocado el desplazamiento forzado de un importante contingente de hombres mujeres y niños. Según la Red de Solidaridad Social los desplazados por el conflicto armado que vive la región ascienden a un total de 11.977 personas (2474 familias) durante el periodo comprendido entre enero de 2000 a junio de 2002[29] .
5. qué ha sucedido con el desarrollo alternativo?
Las propuestas de desarrollo alternativo que se han implementado en las aéreas afectadas por los cultivos de uso ilícito han sido diseñadas, en primer lugar, desconociendo las características regionales y locales donde se han implementado, en segundo lugar, desde una lógica que busca amortiguar los efectos de la guerra química y armada que se ha desatado contra las poblaciones que, por estrategia de sobrevivencia, están vinculadas a los cultivos proscritos y en tercer lugar, se trata de propuestas de desarrollo que no son integral, sostenibles ni participativas.
Con respecto a eso último, decimos que han carecido de integralidad puesto que no están ni articulados a los planes de desarrollo departamental y municipales, ni recogen las múltiples y detalladas propuestas de desarrollo ambiental sostenible que entidades como la Corporación para el Desarrollo del Sur de la Amazonia –Corporamazonia- y las mismas comunidades han formulado desde años anteriores; carecen de sostenibilidad por que, por una parte, no han contemplado estrategias productivas rentables y que logren articular de manera efectiva la economía de la región con la economía nacional y por otra parte, no se ha implementando en las regiones propuestas de desarrollo que al tiempo que contemplen las características de los ecosistemas de la región propongan estrategias productivas ambientalmente sostenibles y económicamente viables. Por último, decimos que no son participativos, ya que se trata de propuestas, como en el caso de los pactos sociales firmados en el Putumayo, cruzadas por la presión de las fumigaciones y además diseñadas por el gobierno central sin la participación ni de las comunidades ni de las autoridades locales y regionales.
Cuando se cumplía un año de la firma del primer pacto en Santana (Puerto Asís), en diciembre de 2001, y todavía no se habían ejecutado los dineros correspondientes a la seguridad alimentaria por parte de las ONGs operadoras contratadas por el gobierno, se empezó a promover el programa de erradicación temprana por parte de Chemonics, ONG que maneja los dineros de USAID a través de la contratación directa de ONGs locales, pasando por encima de las instituciones gubernamentales como el Fondo de Inversiones para la Paz (FIP) y el Plante. Se trata de un programa que condiciona el desembolso del dinero para proyectos productivos a la erradicación total de los cultivos de uso ilícito. De esta manera, se descarta de plano cualquier discusión sobre la gradualidad de la erradicación, tema central de negociación para los campesinos de la región.
La aparición de este programa de la oficina USAID, paralelo a los pactos sociales y sin ninguna conexión programática, ha causado malestar en el interior de las comunidades por cuanto se han generado divisiones y conflictos. En palabras de una líder de Orito, jefe de la Asociación de Pactos, “nos metieron el mico de la erradicación temprana”. Los campesinos desde las marchas de 1996 han peleado el plazo de cinco años para erradicar totalmente, pero como el éxito de la lucha antidrogas se mide por hectárea arrancada, nunca se ha considerado esa opción por parte del gobierno porque no se le podría mostrar a Estados Unidos la voluntad de erradicación y procederían a fumigar. Ahora con la nueva propuesta los campesinos colonos pierden progresivamente incluso el año contemplado para la erradicación en el modelo de los pactos sociales.
En febrero de 2002, en el informe que la Oficina del Departamento de Estados Unidos presentó evaluando el programa de desarrollo alternativo de USAID, se afirmó que se han tenido muchos obstáculos entre los cuales sobresale el que el gobierno tiene capacidad limitada de desarrollar la interdicción en forma constante y su habilidad para coordinar efectivamente la erradicación y el desarrollo alternativo es incierta. Se propone entonces que para promover la reducción de cultivos de uso ilícito, el gobierno de Colombia debe mostrar un fuerte compromiso para llevar a cabo una política de interdicción y erradicación efectiva. Se insiste en que sin esta política represiva, los cultivadores no abandonarán su cultivo lucrativo.
Las poblaciones del sur de Colombia, que sufren actualmente la implementación del Plan Colombia, son concientes de las falencias y limitaciones que tienen los denominados “pactos sociales” y de los proyectos de la USAID no son la solución a los problemas económicos y políticos que se han ido acumulando por más de veinte años. Sin embargo, no han tenido otra opción. Frente al dilema de fumigación o pacto, obviamente la gente escogió el pacto social. Pero a la base de las preocupaciones de la población está la pregunta por el futuro de la región. ¿Quienes están ejecutando el Plan Colombia realmente conocen y quieren resolver los problemas de la región amazónica o son sólo ventrílocuos de políticas internacionales que buscan aniquilar militarmente cualquier tipo de movilización social en el área, todo en nombre de la extracción de los recursos amazónicos y de la neoliberalización de la región andino-amazónica?
6. A manera de conclusión
En la medida en que se continúen implementando proyectos desarticulados y aislados, no se le dará solución a los problemas socio-económicos y políticos que están a la base de la problemática de los cultivos de uso ilícito. Flaco favor se le hace a la región amazónica y a Colombia en su conjunto, si consideramos que es a través del pensamiento militarista de Barry McCaffrey, y en general de los sectores más conservadores del gobierno Norteamérico, que podemos interpretar y solucionar los problemas de Colombia. Por el contrario, con esta forma de pensar se agudiza el conflicto armado en la región, se alimentan a los actores armados y se subsumen las iniciativas ciudadanas que desde tiempo atrás vienen planteando las comunidades campesinas e indígenas.
Al tema de los cultivos de uso ilícito es necesario buscarle salidas integrales, sostenibles y participativas. Pero para ello es menester empezar a reconocer que la mayoría de los problemas que enfrenta actualmente las regiones con cultivos proscritos, se han creado por la dinámica del desarrollo agrario colombiano, que las ha excluido y marginado social, económica y políticamente.
El imaginario que ve a la Amazonia como un espacio de extracción de recursos y el lugar donde inevitablemente llegan los expulsados por el desarrollo agrario capitalista, es en buena parte el causante de los complejos problemas que se han ido gestando en esta región. Con este tipo de imaginarios lo que se hace es desconocer las características socio-históricas de la Amazonia, ignorar sus condiciones geológicas y ecológicas, descalificar y silenciar el saber milenario de los hombres y mujeres nativos de este territorio y continuar implementando en ella lógicas productivas adversas a sus características ecosistémicas, es decir, seguir reproduciendo prácticas socio-productivas que, orientadas por la lógica de la ganancia, están destruyendo de manera sistemática una de las regiones con mayor diversidad cultural y biológica del mundo.
Notas
1. El presente artículo es parte de la investigación “Construcción de Ciudadanía y Región en un contexto de guerra internacional contra las drogas y el “terrorismo” el caso del Putumayo”, que actualmente adelanta el CINEP y el ICANH, gracias a los auspicios de COLCIENCIAS. * Sociólogo, Maestro en Estudios Amazónicos, investigador del CINEP (Regresar)
2. PLAN Colombia. Plan for Peace, Prosperity and Strengthening of the State. U.S. Aid to Colombia. A resource provided by the Center of International Policy. Copy obtained from the Colombian Embassy to the United States. October, 1999. Veáse: http://www.ciponline.org/colombia/aid/plancolombia.htm (Regresar)
3. ROMERO Marco Alberto en su artículo “La Nueva internacionalización del conflicto y los procesos de paz” en : Plan Colombia. Ensayos Críticos. Universidad Nacional de Colombia, Abril de 2001, sostiene que en la raíz del Plan Colombia se encuentra la doctrina McCaffrey, que responsabiliza al narcotráfico de la actual problemática socio-política colombiana. (Regresar)
4. CHERNICK, Marc. 1999. La negociación de una paz entre múltiples formas de violencia En: “Los laberintos de la guerra. Utopías e incertidumbres sobre la paz”. T.M. Editores Universidad de los Andes, Bogotá, Pág. 30 (Regresar)
5. Los créditos que han ingresado a la fecha 212 millones de euros. Ver ROY Joaquin Roy. (2002). Europa: ni Plan Colombia ni proceso de paz. Universidad de Miami. Citado por el Periódico el Tiempo , Octubre 14 de 2002 en el artículo “Dos años y 1500 millones de dólares después…” (Regresar)
6. Los aportes europeos ascienden a la fecha a 366.4 millones de euros. ROY Joaquin (2002). Op cit. (Regresar)
7. El Plan Colombia plantea diez estrategias a saber: (1)Estrategia económica para la generación de empleo, el fortalecimiento del Estado para recaudar impuestos y contrarrestar el narcotráfico; (2)estrategia fiscal y financiera que adopte medidas severas de austeridad y ajuste; (3) Estrategia militar para modernizar y reestructurar las fuerzas armadas; (4) estrategia judicial y de derechos humanos para reafirmar el estado de derecho; (5)estrategia antinarcóticos para combatir los componentes del ciclo de las drogas ilícitas e impedir su tráfico; (6) Estrategia de desarrollo alternativo que ofrezcan salidas económicas a los campesinos y sus familias; (7) estrategia de participación social orientada a la concientización colectiva; (8) estrategia de desarrollo humano que garantice salud y educación a grupos vulnerables; (9)estrategia de paz orientada a lograr acuerdos de paz negociados con la guerrilla y (10)estrategia internacional orientada a confirmar los principios de corresponsabilidad, acción integrada y tratamiento equilibrado para el problema de la droga. (Regresar)
8. Para el año fiscal 2002, el Congreso de los Estados Unidos tiene contemplado un total de U$513.7 millones de ayuda a Colombia. Este presupuesto se desagrega de la siguiente manera: en el Programa de Ayuda Económica y Social, bajo el nombre de Control Internacional de Narcóticos, se presupuestan U$146.5 millones y en el Programa de ayuda Militar y Policial se encuentra un monto de U$367.2 millones orientados a fortalecer la inversión ejecutada durante el año fiscal 2001 (ver www.ciponline.org/colombia/aid02.htm). (Regresar)
9. ESTRADA A. Jairo. 2001. “Elementos de Economía Política”, pág. 39-40. En: ESTRADA J. Editor) Plan Colombia. Ensayos Críticos. Universidad Nacional de Colombia, Abril de 2001 (Regresar)
10. El Plan Colombia ha variado sus versiones según el destinatario a quien se le presente. La primera versión fue la aparecida en Puerto Wilches en 1998 y está muy ligada al Plan de Desarrollo 1998-2002; la segunda es la presentada al gobierno de los Estados Unidos y la tercera a la Unión Europea. No obstante, como afirma Angulo S.j. el verdadero problema no es el cambio de prioridades según el destinatario ya que las estrategias permanecen, lo que plantea muchas preguntas es la coherencia de esas políticas entre sí. Para una discusión de las versiones del Plan ver: Gonzáles Fernán S.j. “Para leer el Plan Colombia” en Revista Cien Días, Cinep, septiembre- Noviembre de 2000 y Angulo Alejandro S.j. “El Plan Colombia” en : Plan Colombia: ¿Seguridad nacional o amenaza regional?. CEPES y ALOP, Lima, Perú, marzo de 2001. El siguiente cuadro elaborado por Angulo es bastante pedagógico para observar el cambio de prioridades según el destinatario del Plan:
Primera Versión Segunda Versión Tercera Versión 1. Procesos productivos y participación comunitaria Recuperación económica Recuperación económica y política 2. Capital humano y atención humanitaria Lucha contra el narcotráfico Proceso de paz 3. Infraestructura para la paz Reforma institucional y derechos humanos Lucha contra el narcotráfico 4. Desarrollo institucional y capital social Democratización, desarrollo social Fortalecimiento institucional y desarrollo social 5. Sostenibilidad Proceso de paz Desarrollo alternativo, derechos humanos, participación (Regresar)
11. PETRAS, James. “Consideraciones de Geopolítica” en Estrada J. (Ed). Plan Colombia. Ensayos Críticos. Op cit P.ag. 160 (Regresar)
12. TOVAR, Hermes. 1993. La coca y las aconomías exportadoras en América Latina: el paradigma colombiano. En Revista Análisis Político No 18. Instituto de Estudios Políticos y relaciones Internacionales, Universidad Nacional. (Regresar)
13. En la Amazonia colombiana el cultivo de marihuana durante la década de los años setenta y comienzos de los ochenta fue poco significativo. La región colombiana en donde hubo mayores índices de producción fue la Sierra Nevada de Santa Marta. Según estimativos de Ruiz, en esta zona se sembraba el 85% de la marihuana de todo el país. Ver RUIZ H. Hernando. 1979. Implicaciones sociales y económicas de la producción de la marihuana en Colombia. En: “Marihuana: legalización o represión?, Bogotá, ANIF, pág. 107 – 228. (Regresar)
14. RAMIREZ R. Tobías. 1993a. Marco Jurídico e Institucional para las Políticas de Desarrollo Alternativo. Consulta Técnica Internacional sobre cultivo ilícito de amapola en Latinoamérica. Naciones Unidas, Bogotá, Colombia. (Regresar)
15. Ramirez R. Tobias, ibid. (Regresar)
16. Los parámetros operacionales comprendidos en la resolución 0001 de 1994 son los siguientes: (a)Reconocimientos de áreas de cultivo: determinación con precisión de la ubicación de los cultivos ilícitos, su extensión, medio circundante, características , riesgos potenciales, aprovechamiento y existencia de cultivos tradicionales y su localización; (b)Procedencia del método de aspersión aérea controlada: cuando se trata de extensiones mayores de dos hectáreas y el cultivo ilícito sea único se procederá a la aspersión aérea controlada del agente químico glifosato; (c) Planeamiento operacional: la erradicación de cultivos ilícitos será responsabilidad de la Policía Antinarcóticos y debe contemplar un Plan que comprenda, entre otros, los siguientes aspectos: definición de lugares de aplicación; determinación de los recursos humanos a emplear; determinación de equipos a utilizar; composición del equipo científico asesor y coordinación de la misión; fijación de normas y técnicas prioritarias a observar en el procedimiento; (d) coordinación con autoridades locales; (e) acciones cívico – policiales orientadas a solucionar necesidades básicas prioritarias y a disuadir a la población a fin de que desista de actividades ilegales; (f)Evaluación periódica de resultados: se realizarán reuniones permanentes de evaluación y se conformará una Comisión Técnica con expertos de las Entidades mencionadas para que dé su concepto sobre la utilización del agente químico glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos en aspectos como la eficacia del herbicida, el impacto ambiental y el riesgo para la salud humana y animal; (g)auditoria ambiental. (Regresar)
17. Para conocer cual ha sido el desarrollo de las disposiciones legales en materia de narcotráfico y conexos, sugerimos revisar la página web de la Dirección Nacional de Estupefacientes (www.dnecolombia.gov.co/plan/body_plan.html) (Regresar)
18. Es importante anotar que el Gobierno colombiano desde mayo de 1974 suscribió un acuerdo de asistencia con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)que tenía como objetivo la eliminación progresiva de los cultivos ilegales. (Regresar)
19. TOKATLIAN Juan G. 2001. Colombia: un error repetido. Artículo en el diario el Clarín de Buenos Aires, 27 de febrero (Regresar)
20. UNDCP. 2002. Global Illicit Drug trends 2002. New York, July 2002. (Regresar)
21. El proyecto SIMCI fue creado por el Gobierno Colombiano y la ONU. Se basa en el rastreo que realiza el servicio francés de fotografía satelital Spotimage, uno de los más sofisticados del mundo, al decir de los especialistas en Sistemas de Información Geográfica. (Regresar)
22. Esta disminución coincide con un crecimiento del cultivo de la hoja de coca en Bolivia y Perú. Según UNDCP en Bolivia de 14.600 has en el año 2000 se pasó 19.900 has en el 2001 y en Perú de 43.405 has en el 2000 se pasó a 46.232 has en el 2001. UNDCP. 2002. Global Illicit Drug trends 2002. New York, July 2002. (Regresar)
23. DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 2002.. Las fumigaciones y los Derechos humanos. Amicus Curiae. Bogotá, D.C. (Regresar)
24. Amicus Curie (Amigo de la Corte) Se refiere a la intervención de un tercero no vinculado a un proceso con el fin de contribuir al análisis de la instancia judicial. (Regresar)
25. Defensoría del Pueblo. 2002. Op cit. Pág 44. (Regresar)
26. Uno de los textos técnicos mejor argumebntado contra el uso de glifosato es el de la Dra. Elsa Nivia de Rapalmira titulado: “Las fumigaciones aéreas sobre cultivos ilícitos si son peligrosas- algunas aproximaciones”(Mayo 17 de 2001) . La Dra. Nivia señala que el Roundup Ultra que se está usando en las fumigaciones contiene: (a)Glifosato en forma de sal isopropilamina (IPA), POEA (surfactante) y Cosmo Flux 411F (surfactante). La Dra Nivia sostiene que estos tres químicos reunidos en el Roundup Ultra se caracterizan por afectar al aparato digestivo con mareos, nauseas, vómitos, dolor gástrico y diarreas; problemas respiratorios con rinitis, tos seca o productiva que puede llegar a neumonía y disnea; puede generar fiebre por la penetración del químico en la sangre, taquicardias y aumento de la presión arterial; así como decaimiento general, pérdida de fuerzas, alergias y lesiones de piel, incluso hasta el fallo renal. El informe de la Dra. Nivia concluye que si bien en EEUU se aconseja que se use el Roundup en una concentración del 1%, en Colombia se está usando en concentraciones 104 veces por encima de lo aconsejado y que con cada sobrevuelo de avioneta por una misma hectárea esta concentración se duplica. (Regresar)
27. Para profundizar en las acciones cometidas por los organismos paramilitares sugerimos revisar el documento “El Plan Colombia y sus efectos en la situación de crisis generalizada de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el Departamento del Putumayo”, CINEP septiembre de 2001. (Regresar)
28. Human Rights Watch. The “Sixth Division”. Military – Paramilitary ties and U.S. Policy in Colombia. September of 2001 Pág 16. (Regresar)
29. Con respecto a esta cifra es necesario anotar dos aspectos: (1) Existe un subregistro en los datos oficiales debido a que no todas las personas que se han visto obligadas a desplazarse por el conflicto armado se reportan en la Red de Solidaridad y (2) La Red establece una diferencia entre quienes se han desplazado por el conflicto armado (Ley 387 de 1996) y quienes se han desplazado como efecto de las fumigaciones. Los reportes de las familias desplazadas por las fumigaciones según la Red de Solidaridad del Putumayo ascienden para el período correspondiente al año 2001 – 2002 a 13.023, de las cuales 1.580 son familias indígenas y 11.443 corresponden a familias campesinas. (Regresar)