EL MOVIMIENTO ÉTNICO Y POPULAR DEL PACÍFICO-MOEPP

LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES
AFRODESCENDIENTES-CONAFRO

EL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA DEL PACÍFICO
NARIÑENSE Y CAUCANO

Denunciamos

1. Que el día 20 de septiembre del 2016, en el municipio de Maguí Payán, Departamento de Nariño, seis civiles fueron atacados por una Brigada de erradicación de cultivos de uso ilícito del Ejército Nacional de Colombia, mientras se desplazaban en bote sobre el Río Patía, en cercanías de la vereda Ricaurte.
2. El Ejército Nacional disparo ráfagas de fusil y morteros sobre el vehículo y sus ocupantes, quienes ante la situación desaceleraron el bote. Sin embargo, el fuego cruzado contra los civiles continúo. Tres de los ocupantes cayeron al agua. Dos de ellos fueron asesinados en el agua por los disparos: el señor Carlos Arturo Mosquera de 31 años y el joven menor de edad Wilmer Arnubis de la Cruz Isagí, de 17 años de edad. El tercero de ellos, el señor Pablo Emilio Barrera López, nado de forma incansable río abajo hacia la vereda Ricaurte, escabulléndose de las balas. Al llegar a la vereda, observó que los demás ocupantes del bote en el que se desplazaban eran socorridos por los habitantes de la misma, quienes salieron a auxiliar los heridos que iban en el bote.
3. Dos miembros de la comunidad de la vereda Ricaurte subieron al bote atacado con el resto de ocupantes heridos y tomaron rumbo a la cabecera municipal de Maguí Payán. En el trayecto comprendido entre la vereda Ricaurte y la vereda Canquiste fueron brutalmente atacados por el ejército, quienes dispararon nuevamente de forma indiscriminada hacia el bote.
4. A los diez minutos de haberse presentado los hechos, sobrevoló sobre la vereda de Ricaurte y sus alrededores helicópteros de la fuerza pública y arribó un bote inflable de la misma institución, con efectivos del ejército apuntando hacia la población civil que se encontraba sobre la orilla del río, en la vereda.
5. El día 21 de septiembre a las 9:00 a.m., una comisión de verificación integrada por miembros de la comunidad pertenecientes a la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Maguí Payán -ASOJUNTAS y a la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes-REDHFIC, se desplazaron hasta el sitio donde sucedieron los hechos para solicitar al ejército nacional la recuperación de los cuerpos de los integrantes de la comunidad que habían sido asesinados; indicando que las acciones arbitrarias que se estaban presentando, incurrían en graves violaciones a los derechos humanos, pues se estaba vulnerando el derecho a la vida sobre civiles que hacen parte de la comunidad rural del municipio.
6. Ante esta exigibilidad, los miembros del ejército naional increparon a la señora Luz Dary Bonilla, integrante de la comisión y miembro de la REDHFIC, empadronándola, grabándola e intimidándola, con la afirmación de que “su acusación es seria y ella tenía que responder a los señalamientos que estaba haciendo”.

Por esta grave vulneración que desangra a las familias rurales del municipio de Maguí Payán, en un momento histórico en que las comunidades rurales de este territorio reclamamos también un cese de hostilidades, agresiones, violaciones, estigmatizaciones para transitar hacia la reconstrucción del país y hacia la construcción de una Paz Estable y Duradera,

EXIGIMOS

Que el gobierno nacional en cabeza del Presidente JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, suspenda de manera inmediata:

1. El teatro de operaciones militar que se desarrolla en la zona rural del municipio de Maguí Payán.
2. Atender con máxima prioridad las denuncias de las víctimas, prestando de manera inmediata todo el apoyo que requieran las autoridades judiciales y administrativas, para que sean ellas las que esclarezcan las conductas violatorias a los derechos humanos e impongan las respectivas sanciones a sus autores.
3. Adelantar las medidas necesarias para individualizar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos contra las personas asesinadas, heridas y sobrevivientes hostigados, con el fin de garantizar el acceso a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a las víctimas.
4. Disponer las medidas necesarias a fin de garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar, la honra, la reputación y la libre movilidad de las comunidades rurales del municipio de Maguí Payán que se están viendo afectados por la acción arbitraria de las Fuerzas Militares del Estado Colombiano.
5. Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades, institucionales, colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Recordamos al Gobierno Nacional, que nos encontramos en un proceso que invita a la refrendación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz Estable y Duradera, donde se ha reconocido a las diferentes poblaciones como sujetos políticos que han sido víctimas de la marginalidad y abandono total del Estado Colombiano y de las graves violaciones de derechos que se han cometido en el país, por lo que solicitamos que el Estado muestre un compromiso real con el fin de brindar garantías en el marco del respeto de los derechos humanos para que las comunidades rurales podamos vivir en tranquilidad en nuestros territorios.

RESPONSABILIZAMOS

Al gobierno nacional en cabeza del Presidente JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, a la Gobernación del Departamento de Nariño en cabeza de CAMILO ROMERO, al Ministerio de Defensa, en cabeza del señor LUIS CARLOS VILLEGAS, al comandante de la Tercera Brigada, Coronel JORGE MONSALVE HERNÁNDEZ, adscrita a la Tercera División del Ejército Nacional de Colombia, por las graves violaciones de derechos humanos, las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por las fuerzas armadas del Estado colombiano que se encuentran en la zona.

SOLICITAMOS A LAS ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, A
LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)

1. Una veeduría permanente con el fin de verificar el cumplimiento de los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de Derechos Humanos.
2. En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las normas internas e internacionales que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.