Este viernes 29 de agosto concluyó la misión de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) al país, la cual fue organizada con el apoyo y acompañamiento de la Coalición Colombiana contra la Tortura (CCCT)[1]. La delegación de la OMCT estuvo compuesta por Eric Sottas, ex Secretario General de la OMCT y experto internacional, y Helena Solà Martín, Encargada de Derechos Humanos de la OMCT. La misión se realizó con el propósito de valorar la situación actual con las organizaciones que integran la CCCT en vista del 5º examen de Colombia ante el Comité contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (Comité contra la Tortura), el cual tendrá lugar en el marco de la 54ª sesión del Comité en mayo de 2015.

 

 

Durante la misión, a través de sesiones de intercambio y talleres con la Coalición Colombiana contra la Tortura, se discutió sobre el proceso de reforma a la justicia penal militar, la represión de la protesta social, el continuo fortalecimiento de las estructuras vinculadas al paramilitarismo, y los retos actuales a la prohibición absoluta de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; entre estos, la invisibilización de la tortura y las incoherencias en las estadísticas sobre este fenómeno, así como el uso del tipo penal de “lesiones” para calificar a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La misión constató la preocupación que genera el proyecto de ley número 85 de 2013 del Senado[2] el cual reestructura el sistema de justicia penal militar. En particular, el artículo 98 del proyecto de ley, el cual modifica el artículo 3 de la ley por la cual se expide el Código Penal Militar, incluye como “Delitos no relacionados con el servicio” a delitos que actualmente no están tipificados como tales (caso de la violencia sexual y de las ejecuciones extrajudiciales) y que por lo tanto se subsumirían bajo otros tipos penales menos graves que serían transferidos a la justicia penal militar; también causa preocupación que el mismo artículo excluiría de la jurisdicción ordinaria a los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes al solo referirse a la “tortura”.

Asimismo, la delegación escuchó con preocupación relatos que indican la criminalización de la protesta social pacífica a través de la aplicación indebida de la Ley de Seguridad Ciudadana, las retenciones transitorias, la intervención de militares para dispersar manifestaciones y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. En este contexto, la OMCT expresa inquietud por la autorización para el uso de las pistolas eléctricas o “taser”[3], debido al riesgo que su utilización supone para la vida e integridad física de las personas sujetas a las descargas.

La delegación también tuvo la ocasión de visitar la cárcel de alta seguridad de la Tramacúa, en Valledupar, y el complejo carcelario y penitenciario de Ibagué Picaleña “Coiba”, con el acompañamiento de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Comisión Colombiana de Juristas y la Corporación Reiniciar, todas ellas miembros de la CCCT. Mediante las entrevistas con varios internos y el acceso (muy limitado en el caso de la Tramacúa) a las instalaciones, la delegación pudo observar una serie de deficiencias, entre las más preocupantes se encuentran:

– Restricciones graves al uso del agua corriente, con las consiguientes afectaciones a la salud e higiene personal de los internos;

– Falta de atención médica adecuada y pronta en el caso de enfermedades y lesiones que suponen un grave e inminente peligro para la vida e integridad física de los enfermos;

– Inodoros y duchas insuficientes e inadecuados, ya que no preservan la intimidad de los internos;

– Hacinamiento;

– Uso indebido de la fuerza y uso de incapacitantes como gas pimienta y tasers, incluyendo casos de tortura y malos tratos, contra los internos;

– Inadecuado y lento examen de las quejas y denuncias presentados por los internos ante vulneraciones de sus derechos, donde un porcentaje muy elevado de ellas no conlleva la sanción de los funcionarios implicados.

Asimismo, la delegación participó en una mesa redonda de las organizaciones de la CCCT con el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la cual se intercambiaron experiencias sobre peritajes colectivos. En la misma reunión, el Instituto anunció la inminente publicación de un manual sobre investigaciones forenses en casos de tortura.

La OMCT, conjuntamente con las otras organizaciones que constituyen la CCCT, utilizará las observaciones, resultados y documentación obtenida durante la misión para la preparación del Informe alternativo que la CCCT presentará ante el Comité contra la Tortura durante la sesión de examen de Colombia en mayo de 2015.

Para información adicional:
Helena Solà Martín, OMCT: [email protected]

 

[1] La Coalición Colombiana contra la Tortura está compuesta por las siguientes organizaciones: Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos – ASFADDES, Centro de Atención Psicosocial- CAPS,Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CCAJAR, Comisión Colombiana de Juristas – CCJ, Corporación AVRE– Acompañamiento Psicosocial y Atención en Salud Mental a víctimas de violencia política, Corporación REINICIAR, Corporación Vínculos, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos – FCSPP, Organización Mundial Contra la Tortura – OMCT.

[2] Texto aprobado en sesión plenaria del Senado de la República los días 14 y 20 de mayo de 2014 al proyecto de ley número 85 de 2013 Senado por la cual se reestructura la justicia penal militar y policial, se establecen requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía General Penal Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se señalan disposiciones sobre competencia para el tránsito al Sistema Penal Acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la jurisdicción especializada y se dictan otras disposiciones, disponible en: http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=1698&p_numero=85&p_consec=39461 (consultado el 1 de septiembre de 2014).

 

[3] Policía Nacional, resolución 02686 de julio de 2012.

 

P.-S.

Esta misión fue posible gracias a la ayuda financiera de la Comisión Europea en el marco del proyecto de la OMCT “Towards implementation and accountability”. El objetivo de este proyecto es la implementación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en los Estados partes a la Convención.