La Haya, Bogotá, 23 de mayo de 2019 – La FIDH – Federación Internacional de Derechos Humanos, junto a las organizaciones colombianas firmantes, presentan a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) una comunicación donde le solicitan pronunciarse sobre la importancia de que el Presidente colombiano sancione la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y se abstenga de ascender a oficiales vinculados con hechos que están bajo examen preliminar. Foto: Colprensa

Colombia: Falta de voluntad del Estado para juzgar crímenes de lesa humanidad debería activar la competencia de la CPI

#JusticiaSinObjeciones

La Haya, Bogotá, 23 de mayo de 2019 – La FIDH – Federación Internacional de Derechos Humanos, junto a las organizaciones colombianas firmantes, presentan a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) una comunicación donde le solicitan pronunciarse sobre la importancia de que el Presidente colombiano sancione la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y se abstenga de ascender a oficiales vinculados con hechos que están bajo examen preliminar. Obstaculizar el juzgamiento de integrantes de la fuerza pública en estas condiciones debería activar la competencia de la CPI.

La comunicación documenta 23 casos de ejecuciones extrajudiciales en los que fueron asesinadas 39 víctimas presentadas falsamente como “dadas de baja en combate”. A estas ejecuciones extrajudiciales se les denomina “falsos positivos”, une práctica extendida a mediados de los años 2000 que ocasionó la muerte de unos 5 000 civiles a manos del ejército.

Las ejecuciones extrajudiciales documentadas en la comunicación fueron cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”, bajo la comandancia del entonces Teniente Coronel Adolfo León Hernández Martínez entre diciembre de 2007 y junio de 2009. Preocupa que este integrante de la fuerza pública fue ascendido recientemente por el Presidente Duque a Brigadier General al mando del Comando de Transformación del Ejército del Futuro.

En materia de complementariedad, la comunicación da cuenta de los obstáculos que enfrenta la JEP para avanzar en investigaciones genuinas sobre los hechos que constituyen crímenes internacionales identificados por la CPI. La decisión del Presidente Duque de no firmar y objetar por inconveniencia el Proyecto de Ley Estatutaria de la JEP presenta una barrera importante, lo cual ha impedido a esta jurisdicción contar con un marco normativo integral para cumplir sus funciones.

Es en seguimiento al examen preliminar que adelanta la Oficina de la Fiscalía de la CPI sobre Colombia que las organizaciones entregan la comunicación a este órgano que ha insistido sobre el deber de investigar las ejecuciones extrajudiciales, en particular, la responsabilidad de altos mandos militares.

Esta comunicación, presentada también como informe a la Jurisdicción Especial para la Paz, -JEP el pasado 7 de marzo, revela cómo en el Batallón “La Popa” se simularon combates donde la mayoría de las víctimas fueron presentadas como integrantes de Bacrim y otras como integrantes del ELN o la antigua guerrilla FARC-EP. Para ello, los integrantes de la fuerza pública se valieron de diferentes artificios como falsificación de documentos, falsos testimonios de excombatientes, alteración de la escena del crimen y uso de la jurisdicción penal militar que revela un patrón de encubrimiento.

De cara a esclarecer la responsabilidad más allá de los autores materiales, dado que en la mayoría de los casos prevalece la impunidad, la comunicación describe toda la cadena de mando para la época de los hechos. Los superiores jerárquicos de Hernández Martínez eran el comandante de la Décima Brigada Blindada Coronel Iván Darío Recuero; el entonces comandante de la Primera División del Ejército, Brigadier General Luis Felipe Paredes Cadena; el comandante del Comando Conjunto No. 1 “Caribe” Mayor General Óscar Enrique González Peña; el comandante del Ejército Nacional, General Mario Montoya Uribe, el Comandante de Fuerzas Militares, General Freddy Padilla de León; y el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.

Organizaciones firmantes
FIDH
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR)
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)