Bogotá, 10 de diciembre de 2021. La FIDH, junto a su organización miembro en Colombia, el Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), y con la organización aliada Programa Somos Defensores, realizó el Informe “Colombia: Muertes Anunciadas”, un diagnóstico sobre la prevención de homicidios de población vulnerable (2018-2020), incluyendo personas en proceso de reincorporación a la vida civil, publicado el 7 de diciembre de 2021.
En presentación hecha del informe, las organizaciones saludaron la sentencia que declara el Estado de Cosas Inconstitucional por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad de la población civil firmante, previsto en el numeral 3.4 del acuerdo de paz, tema central del documento y de las constataciones allí expuestas.
El informe destaca, precisamente, que el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país y la consolidación y expansión de grupos armados de diverso tipo a lo largo de estos 5 años de entrada en vigor del Acuerdo de Paz pone de manifiesto que la falta de una adecuada implementación de los dispositivos consagrados en el punto 3.4 del acuerdo ha contribuido a una reconfiguración de la violencia en los territorios que pone en alto riesgo a comunidades, procesos organizativos, personas en proceso de reincorporación y defensoras de los derechos humanos, que no puede pasar desapercibidos para la comunidad internacional. Las cifras son dramáticas. Desde 2018, año del inicio del Gobierno del Presidente Iván Duque, hasta junio de 2021, ocurrieron 572 homicidios de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, 254 homicidios de excombatientes de las extintas FARC-EP y 184 masacres.
El documento se divide en cuatro secciones: Luego de presentar un breve contexto sobre el aumento de asesinatos de población vulnerable en Colombia, en la primera gran sección se pretende mostrar el panorama actual de lo que conforma el SISEP y cómo el incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz está redundando en los niveles de violencia actuales. En seguida, se hará una breve descripción del marco jurídico y conceptual del deber de prevenir violaciones a los derechos humanos para aterrizar el estándar al ordenamiento jurídico colombiano explicando el funcionamiento del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida, especialmente del componente de Alertas Tempranas. Posteriormente, se presentará el balance de emisión de alertas tempranas para el periodo 2018-2020 de la Presidencia de Iván Duque, donde se explicará cuáles han sido los territorios de mayor concentración de alertas tempranas, las principales fuentes de amenaza y poblaciones en riesgo, así como las principales dinámicas de violencia advertidas. Lo anterior, con especial énfasis en las personas defensoras de derechos humanos y la población en proceso de reincorporación, así como en la advertencia de ocurrencia de masacres.
Finalmente, las organizaciones comparten las principales conclusiones y algunas recomendaciones dirigidas al Estado colombiano y al próximo Gobierno que se conformará en el 2022 para que demuestren su compromiso con una política de Estado que otorgue garantías efectivas para prevenir la ocurrencia de más asesinatos de personas en proceso de reincorporación y liderazgos sociales.
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Consultar informe:
FIDH_Informe_Muertes anunciadas_DEF