Colombia aceptó la competencia de la Corte Penal internacional desde 2002 en relación con los crímenes de lesa humanidad y desde 2009 en relación con los crímenes de guerra. Desde el año 2004, la Fiscalía de la Corte Penal internacional tiene bajo examen preliminar a Colombia. Desde entonces, organizaciones de Derechos Humanos hemos presentado numerosas comunicaciones ante esta Fiscalía pidiéndole que investigue esos crímenes que se encuentran en la impunidad.

La negociación entre las Farc-EP y el Gobierno Nacional dio como resultado, en materia de justicia, la creación de la Justicia Especial para la Paz, JEP. La JEP se encarga, entonces, de los procesos en relación a los crímenes que se cometieron con ocasión del conflicto. Significa lo anterior que la competencia de la JEP es limitada y no se ocupa de todos los crímenes internacionales que han ocurrido en Colombia. Aún frente a los casos de la JEP, las víctimas siguen que esperando que los máximos responsables acudan o sean llamados por esta jurisdicción y algunos que ya están en ella, han llegado a negar la comisión de esos crímenes.

Entre tanto, agentes del Estado que no hacen parte de la Fuerza Pública y terceros, por ejemplo financiadores en el marco del conflicto, solamente acuden a la JEP si lo desean, si es su voluntad.

Por todo lo anterior, la Corte Penal Internacional debió abrir investigación en Colombia frente a todos estos crímenes que se encuentran en la impunidad. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que ha optado por cerrar el examen preliminar que se llevaba a cabo desde 2004.

Lamentamos profundamente esa decisión pues las víctimas tenían expectativa, ante la impunidad en Colombia, de obtener justicia a través de la Corte Penal Internacional. En definitiva ganan los autores de esos crímenes, de esas violaciones graves a los Derechos Humanos, de esos crímenes de lesa humanidad y pierde Colombia, pierde la Justicia y pierden las víctimas que tenían cifradas las esperanzas en la intervención de la Corte Penal Internacional.