La ONG estadounidense demostró como en la mayoría de los batallones en los que incremento la “ayuda” norteamericana aumentaron el número de ejecuciones extrajudiciales y de violaciones a los derechos humanos.
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El informe fue presentado públicamente en un evento que conto con la presencia de una delegación de organizaciones Estadounidenses e importantes figuras sociales y políticas nacionales. John Lindsay Poland, de Fellowship of Reconciliation, presentó el informe. Alberto Yepez de la coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, denuncio que el estado actual de los casos de “Falsos Positivos” es el de la impunidad y el ocultamiento. El ex viceministro y académico, coordinador de la Coalición No Bases, Diego Otero enfatizó que el acuerdo militar que permite utilizar siete bases colombianas es parte de la estrategia de dominación de los Estados Unidos.
La conclusión entre las organizaciones asistentes es la de fortalecer la Coalición Colombia No Bases para unir la sociedad civil en defensa de la soberanía y la democracia.
Entrevista con John Lindsay-Poland, director para América Latina de la organización no gubernamental Fellowship of Reconciliation (Confraternidad de Reconciliación, FOR USA), quien presentó en la universidad Libre de Bogotá a instancias de la Coalición Colombia No Bases, el informe “Asistencia Militar y Derechos Humanos: Colombia, responsabilidad de EE.UU. y consecuencias a nivel mundial”
Por: Fernando Arellano Ortiz
Durante la presentación del informe en el auditorio Benjamín Herrera de la Universidad Libre, el pasado jueves 29 de julio, Lindsay-Poland, coordinador de la investigación, dijo que son evidentes y preocupantes los vínculos entre el aumento de denuncias por ejecuciones extrajudiciales y las unidades militares colombianas asistidas con financiamiento militar estadounidense”.
El Informe FOR analiza la aplicación en los acuerdos Bogotá-Washington de la Enmienda Leahy, vigente desde 1996 y en virtud de la cual se fijan las pautas de la ayuda militar norteamericana en el extranjero.
“Si se cumpliera el sentido de la Ley Leahy, habría que suspender la asistencia a casi todas las brigadas territoriales, y a la mayoría de brigadas móviles del Ejército colombiano”, aseguró Lindsay-Poland.
La investigación incluyó la revisión de información en casi 500 unidades asistidas por Estados Unidos en Colombia desde el año 2000, así como de las más de 3.000 ejecuciones extrajudiciales, en las que fueron identificados como autores miembros de las Fuerzas Militares.
“Encontramos que en muchas unidades militares aumentaron las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales durante y después de altos niveles de asistencia estadounidense”, sostuvo el investigador.
El resultado se obtuvo comparando el número de denuncias presentadas en los dos años anteriores al comienzo en 2000 del Plan Colombia de asistencia militar estadounidense, con lo sucedido posteriormente. Al mismo tiempo, se constató que las denuncias cayeron al recortarse la asistencia.
El gobierno de Washington deberá responder porque “sus funcionarios descuidan las obligaciones que ordena la Ley Leahy”, dijo Lindsay-Poland, “no solo en Colombia sino en países como Paquistán, donde la situación es muy compleja”.
Pese a la violación constante de derechos humanos en Colombia, el gobierno de Washington quiere mostrar a este país andino como modelo de respeto de éstos y como paradigma de contrainsurgencia, sostuvo el vocero de FOR USA.
En el mercado de entrenamiento militar
Será por ello, dijo Lindsay-Poland, que hoy las Fuerzas Armadas de Colombia han entrado “en el mercado de entrenamiento militar como expertos en seguridad, envía soldados a Afganistán, entrena pilotos mexicanos, asiste a unidades castrenses en Paraguay y a algunas fuerzas de la OTAN en combate de selva”.
POLO lo entrevistó para indagar sobre las conclusiones principales de su investigación.
– ¿Cuál es en su concepto la principal conclusión del informe realizado por Fellowship of Reconciliation sobre responsabilidad de Estados Unidos en materia de derechos humanos en Colombia?
– Una de las conclusiones de este informe en el que analizamos la política de derechos humanos de Estados Unidos en Colombia, es que si se aplicara la Enmienda Lehy, que es una ley norteamericana en la que se fijan las pautas de ayuda militar en el extranjero, se tendría que suspender toda la asistencia a las unidades territoriales y a casi todas las unidades móviles del Ejército colombiano, porque hay una relación directa entre el aumento de los casos de ejecuciones extrajudiciales denunciados y el incremento de la ayuda económica estadounidense. Al mismo tiempo, se puede observar en la investigación que cuando hay recortes en la asistencia militar hay reducción de violaciones de derechos humanos en el Ejército de Colombia.
– ¿Eso compromete a Estados Unidos penal y políticamente en violación de derechos humanos en Colombia?
– Yo no sé si penalmente, pero sí política y moralmente compromete a Estados Unidos. Implica que Estados Unidos tiene una responsabilidad y por eso recomendamos que el gobierno de Washington tome medidas para que haya justicia en los más de tres mil casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia que pudimos constatar.
– Pero es claro como dicen ustedes en su informe que se está violando la Enmienda Leahy…
– Sí, en Colombia no se está aplicando la Enmienda Leahy que el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa están obligados a cumplir en cuanto a asistencia militar norteamericana. Pero es más, curiosamente el Departamento de Estado dice que esta ley se está aplicando mejor en Colombia que en otros países en los que hay muy graves implicaciones de violaciones de derechos humanos por asistencia militar norteamericana.
– ¿Es muy alto el porcentaje de violación de derechos humanos por la ayuda de asistencia militar norteamericana?
– Hay actualmente 19 brigadas móviles del Ejército colombiano que son apoyadas por Estados Unidos, de las cuales en 11 de ellas hay denuncias de violación de derechos humanos cometidas por sus miembros.
– ¿Sobre los mal llamados “falsos positivos”, qué trae la investigación que ustedes realizaron?
– La mayoría de los 3014 casos de desapariciones que investigamos son falsos positivos. Las unidades militares comprometidas con estos casos fueron apoyadas con asistencia por Estados Unidos.
– ¿Qué respuesta aspiran a obtener luego de haber presentado este informe?
– Nuestro enfoque está en Estados Unidos y esperamos que el gobierno de Washington tome en serio nuestras conclusiones, condicione la asistencia a los órganos de control al avance de las investigaciones y aplique la ley, ello tendría consecuencias en las relaciones entre los gobiernos colombiano y norteamericano. Desde nuestro punto de vista pensamos que Estados Unidos debería privilegiar una solución negociada al conflicto colombiano, porque con los conflictos armados necesariamente hay violación de derechos humanos, no hay excepción.
– ¿Ustedes ya socializaron el informe en el Congreso de Estados Unidos y sí es así, qué respuesta han obtenido?
– En el mes abril circulamos un estudio preliminar y resumido que fue de interés. Ahora estamos trabajando con algunos congresistas para que se formule un interrogatorio riguroso a los Departamentos de Estado y de Defensa sobre la responsabilidad de Estados Unidos en la violación de derechos humanos en Colombia.