Un grupo de organizaciones ambientales y de derechos humanos de la sociedad civil encuentra muy preocupante el trámite acelerado y la aprobación del proyecto de Ley 365 de 2020 de Senado, 565 de Cámara por razones tanto de forma como de fondo. Si bien todas las organizaciones que suscriben este texto consideran prioritario tomar medidas legislativas para una transición energética que enfrente efectivamente la crisis climática, nos preocupa enormemente que esta norma avance con mensaje de urgencia del Gobierno Nacional y con el apoyo de la mayor parte del Congreso, pero con nulo debate público, ni participación de organizaciones y comunidades.
El proyecto ya fue aprobado por Comisiones V de Cámara y Senado y todo indica que lo será en plenaria en esta legislatura.

Desde nuestras organizaciones y plataformas, queremos aportar a reflexiones y cuestionamientos sobre esta propuesta legislativa. Presentamos este análisis con base en criterios que hemos reflexionado debe considerar una transición nergética efectiva, justa y democrática. Consideramos que cualquier medida de transición energética debe evaluarse a la luz de su capacidad de enfrentar en la práctica la crisis climática, tanto en términos de adaptación como de mitigación; al mismo tiempo, ser diseñada, decidida e implementada de manera democrática y justa, es decir, con una distribución equitativa de cargas y beneficios, y sin profundizar o generar conflictos socioambientales en los territorios.

Con base en esta mirada integral de la transición energética, proponemos 10 inquietudes frente a esta propuesta legislativa:

1. Perpetúa y viste de verde la extracción de energías fósiles y de esa manera no enfrenta efectivamente la crisis climática.

2. Hidrógeno, fracking, captura de carbono y uso intensivo de agua: el peligroso disfraz de renovables.

3. Un trámite a espaldas de la ciudadanía muestra el carácter antidemocrático que se le quiere imprimir a la transición energética.

4. No contiene un enfoque de derechos, ni de de justicia climática, ambiental y social.

5. El abuso de la declaración de utilidad pública y proyectos PINES sin criterios ambientales ni sociales.

6. Ausencia de enfoques diferenciales étnicos y de género.

7. El Ministerio de Minas se vuelve juez y parte en regulación y seguimiento.

8. Flexibilización de trámites ambientales.

9. Revive temas tributarios que debieron quedarse enterrados con la reforma.

10.Se fortalece la centralización en la distribución de la energía.

 

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concepto organizaciones de sociedad civil a Proyecto de Ley 335 de Senado, 565 de Cámara