Bogotá, 9 de agosto de 2025. Hoy se conmemoran 31 años del magnicidio de Manuel Cepeda Vargas, senador de la República, comunicador, columnista del Semanario Voz, dirigente político de la Unión Patriótica (UP) y del Partido Comunista Colombiano.
Manuel Cepeda Vargas fue defensor incansable de la paz, la justicia social y la democracia. Su palabra se volvió resistencia y su vida, símbolo de dignidad frente a la violencia política que aún persiste en Colombia.
El 9 de agosto de 1994 fue asesinado mientras se dirigía al Congreso, donde buscaba impulsar distintos proyectos de ley que protegieran los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. No se trató de un hecho aislado, sino que se inscribe en el genocidio por motivos políticos contra la UP, que generó más de 6.000 víctimas. Se trató de una sistemática persecución política por parte del Estado, en alianza con estructuras paramilitares, con el objetivo de eliminar toda oposición política y silenciar voces que defendían la paz y la justicia social.
A más de tres décadas, el crimen de Manuel Cepeda sigue en la impunidad. La Fiscalía General de la Nación no ha logrado avances significativos en la investigación y el esclarecimiento del caso ha sido obstaculizado mediante estrategias dilatorias como el cambio reiterado de fiscales, impidiendo el acceso a la verdad y la justicia.
Si bien algunos autores materiales han sido condenados, los autores intelectuales y determinadores, que se encontraban en altos mandos de la inteligencia militar de la época, siguen sin ser identificados y juzgados.
Conmemorar la memoria de Manuel Cepeda Vargas es dignificar y honrar la memoria de todas las víctimas de violencia política en Colombia. Hoy seguimos exigiendo justicia, verdad y garantías de no repetición. Su legado sigue inspirando a quienes persisten en la construcción de democracia real y con participación, la paz y los derechos humanos.
A 15 años de la sentencia de la Corte IDH sobre el caso
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y la Fundación Manuel Cepeda Vargas llevaron el caso ante la Corte IDH como representantes de las víctimas. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado colombiano responsable internacionalmente, destacando la complicidad estatal con paramilitares. Además, estableció que el magnicidio no habría ocurrido sin la participación de mandos superiores militares y que se instrumentalizó la institucionalidad para facilitar el crimen.
El Tribunal internacional ordenó al Estado colombiano investigar para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la identificación y sanción de todos los responsables, así como brindar garantías para proteger a su familia, quienes se han visto expuestos a diversas tácticas de desprestigio, estigmatización y ataques a su integridad.
El Estado colombiano tiene la obligación de cumplir plenamente lo ordenado por la Corte IDH, especialmente en investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables materiales, intelectuales y determinadores. La impunidad no puede ser una opción.
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