Que algunas empresas floricultoras destinaron los créditos del Banco Agrario a cultivos de tomate o de papa en lugar de invertirlos en la producción de flores; que algunos empresarios sencillamente cerraron su unidad productiva para luego abrirla en otro municipio de la Sabana de Bogotá; que el Grupo Nanneti mayor beneficiario de los créditos con más de 80.000 millones de pesos, invirtió el capital en industrias de su propiedad ubicadas en México o Ecuador, son hechos apenas anecdóticos que forman parte de los desastrosos resultados de las “ayudas” que desde hace no poco tiempo el gobierno ha venido dando a los floricultores.

La obligación del Estado colombiano de cubrir las deudas de los floricultores por 68 mil millones de pesos ante el Banco Agrario motivaron la sesión de control político de los subsidios a la floricultura promovida por el senador Enrique Robledo. Sin embargo, el debate acerca de los subsidios estaba en mora tras la constatación de que los cuantiosísimos subsidios a los floricultores y que desde 2004 han venido aumentando, no han servido para mejorar las condiciones de trabajo ni para conservar el empleo, tampoco han detenido la liquidación de varias decenas de empresas.

Había que esperar a que los empresarios llegaran a conductas claramente ilegales, al lograr la modificación de las normas del Fondo Agropecuario de Garantías, para que el Estado garantizara al 100% sus créditos y luego retribuyeran a Andrés Felipe Arias, artífice de estos cambios con dineros para su campaña política para que al menos los medios de comunicación y algunos pocos senadores, expusieran la gravedad del tema frente a la opinión pública.

Antes de que refulgiera este escándalo, los subsidios del gobierno a los floricultores reportados por la prensa en el periodo 2005- 2008, se distribuyeron así: 84.000 millones en calidad de Incentivo de Cobertura Cambiaria, 10.000 millones de pesos (5 millones de USD) para contrarrestar las pérdidas por bajas temperaturas, en 2008 otros 150.000 millones de pesos (7.5 millones de USD) para flores, follajes y banano, anunciados por el entonces ministro de agricultura Andrés Felipe Arias, “que buscan apoyar el adecuado manejo sanitario de los cultivos y el mantenimiento del empleo”.

Además, el gobierno otorgó en 2008, 3,5 millones de USD al Fondo de promoción a las exportaciones de flores para la realización de campañas publicitarias “tendientes a consolidar a Colombia como el primer exportador mundial de flores y promover el consumo”.

De esta manera, los más de 250 mil millones de pesos, que pasaron del Estado colombiano a los bolsillos de los floricultores entre 2004 y 2008, no evitaron la pérdida de más de 12.000 empleos como lo reportó Asocolflores este último año. Siendo que todos se justificaron en la necesidad de que este sector conservara los empleos, nada se dijo en este momento acerca de hacer un control al uso de estos incentivos.

La revaluación del peso, que al parecer no podrá frenarse por expresa decisión de los Estados Unidos de devaluar su moneda, no es el único obstáculo al que se enfrenta la floricultura de exportación en Colombia. La elevación de los costos de insumos, transportes y las medidas de control, así como la sobreoferta del producto y saturación de la demanda en los mercados internacionales por el exceso de competidores, ofreciendo producto de similares calidades y precios, han determinado el desplome del sector más favorecido por los subsidios y favores del actual gobierno.

Sin embargo, el mayor obstáculo para el sostenimiento y proyección del sector floricultor, son los mismos productores. Tras las graves denuncias hechas por el senador Robledo y la senadora Daira de Jesús Galvis, todo indica que a los floricultores, por lo menos a los más grandes y los mayores beneficiarios de los subsidios y dineros públicos no les interesa que el sector salga avante de la crisis y mucho menos la conservación del empleo.

La senadora del partido Cambio Radical anotó “la Superintendencia de Sociedades ni siquiera se ha pellizcado en entender que está frente a un fraude procesal, que hay un grupo de empresas que se declara insolvente para ser liquidadas y ese procedimiento torticero es para burlar las obligaciones contraídas, tanto con los proveedores como con los sueldos de los trabajadores. Este debate tiene dos sentidos, no solamente la plata que se le ha peculado al Estado Colombiano, sino también cómo es que estas mismas empresas se burlaban de los trabajadores desconociéndoles sus derechos”.

A pesar de los ingentes recursos otorgados por el Estado para que los floricultores superaran la crisis, los Informes de Floricultura de 2008 y de Febrero de 2010 presentados por la Corporación Cactus[1], dan cuenta de cómo la crisis la han pagado los trabajadores y trabajadoras. La imposición de topes de rendimiento inhumanas, tras la reducción de la planta de personal ha aumentado la incidencia de enfermedades profesionales, por sólo mencionar uno de los impactos de la crisis. Robledo en su intervención anotaba que el crecimiento de la productividad en dinero por cada trabajador ha aumentado 36% en los últimos siete años.

Los informes mencionados también sustentan cómo la crisis ha sido el argumento que ha justificado una mayor degradación de las condiciones laborales. En los últimos años bajo la excusa de la crisis se desconocen los derechos mínimos fundamentales en el trabajo, la situación económica justifica desde la no entrega de las dotaciones (vestido y calzado de labor), hasta la supresión de las prestaciones extralegales y los despidos colectivos realizados de manera ilegal.

Inquieta que los recursos entregados a varios empresarios, no se hayan destinado por lo menos al pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud y pensiones de las trabajadoras y trabajadores. Tal es el caso de las y los empleados del grupo Nanneti, beneficiario de 80 mil millones de pesos, el 40% de los créditos otorgantes y cuyos dueños fueron aportantes a la campaña de Andrés Felipe Arias.

Aunque el ministro Juan Camilo Restrepo advirtió que el Estado demandará a los floricultores morosos, por la falta de idoneidad de las garantías será difícil que se logre reembolsar la plata del Banco Agrario y seguramente el Estado tendrá que pagar estos créditos. Es muy posible que como dijo el senador Robledo, aunque estos hechos sean más graves que los ocurridos con el Agro Ingreso Seguro, no haya más efectos que los discursos de los senadores interesados en el control político.

Sin embargo, la pérdida de estos recursos, de los créditos del Banco Agrario, del Agro Ingreso Seguro, las conductas delictivas de algunos de los floricultores y en general los resultados del modelo agroexportador, que el gobierno colombiano insiste en apoyar, nos debe dirigir a construir otro modelo que parta de la equidad en la distribución de la tierra, reconfigurar las políticas del agro, el modelo de producción, distribución y acceso a las ayudas del gobierno.

Esto implica que las y los habitantes de las regiones tengan la posibilidad de pensar y decidir sobre el campo y su propio modelo de desarrollo. Implica también repensar la famosa frase de “exportar es la salida” más en un contexto de corrupción y descaro del que hoy hacen gala algunos floricultores.

Corporación Cactus