Los impactos de la rápida expansión del COVID-19 y los mecanismos que han utilizado los Estados del mundo para enfrentar el virus deben llamar la atención sobre la necesidad de que los gobiernos formulen políticas estructurales en las que los derechos humanos económicos, sociales culturales y ambientales sean la guía.

Escucha en MP3 – Una coproducción con Banca del Parque Radio

Urge nuevamente recordar que la salud, la alimentación y una vivienda adecuada son derechos y no mercancías y que su garantía es necesaria tanto para prevenir, como para responder a crisis sanitarias como las que vivimos en estos días.

En este sentido, queda claro que para luchar contra una pandemia se requiere contar con sistemas de salud públicos que cumplan con las 4 características que ha señalado Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación general No. 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, artículo 12.

1) disponibilidad de hospitales, medicinas, vacunas, profesionales en salud capacitados y programas públicos; 2) accesibilidad principalmente física y económica para que todas las personas puedan acceder a los programas, servicios en salud; 3) aceptabilidad que implica que el sistema en su conjunto debe respetar estándares éticos y culturales y 4) calidad.

Es evidente que en Colombia y en el mundo hay personas que tienen mayor vulnerabilidad al virus ya sea por su condición económica, por su ubicación geográfica, por su edad u ocupación. Como ha señalado el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -Cejil “es responsabilidad de las autoridades a nivel local y nacional evaluar cada una de las medidas adoptando aquellas que mitiguen los impactos diferenciados sobre las personas en dichas circunstancias”.

Revive la sesión de la Escuela virtual COVID19 y Derechos Humanos sobre este tema

La salud debe ser entendida como un derecho y no como un negocio, y los Estados deben garantizar que todas las personas especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad como población migrante, población carcelaria, mujeres en condición de prostitución, habitantes de calle, personas sin empleo, accedan a medidas preventivas y de atención del COVID- 19.

Por ejemplo, las personas en las ciudades pueden atender la recomendación de lavar sus manos cada dos o tres horas, pero ¿qué pasa con los más de 3.7 millones de colombianos y colombianas que no tienen acceso a agua potable y saneamiento básico? Es importante que se identifiquen las regiones más vulnerables para garantizar una respuesta adecuada en este sentido.

¿Qué pasará en las cárceles donde las personas privadas de la libertad han denunciado hacinamiento, la falta de salubridad y ausencia de planes de contingencia? No es suficiente con la restricción de visitas que ha definido el Gobierno colombiano, se requiere personal sanitario, suministro de elementos de protección e higiene y provisión de agua potable.

El Comité de Solidaridad con Presos Políticos ha hecho eco de las denuncias de personas detenidas en diferentes cárceles del país que exigen que el personal de guardia penitenciaria cumpla con los protocolos sanitarios: “los presos no tenemos acceso a tapabocas, jabón antibacterial, creolina, ni cloro para el lavado de patios, pasillos, celdas y calabozos”. Pero más allá de la coyuntura, se requiere responder al hacinamiento del 55 % que se presenta en el sistema carcelario, debido al cual el aislamiento preventivo frente al COVID-19 es imposible ya que por ejemplo hay celdas para dos personas donde duermen hasta siete internos.

No todas las personas tienen un ingreso asegurado. Si está dentro de sus posibilidades participe en las redes y cadenas solidarias de recolección de alimentos o donación de días de salario para quienes no cuentan con empleos, dependen del comercio o viven de las ventas ambulantes por lo que la cuarentena afecta sus ingresos familiares. Apoye la adopción de medidas encaminadas a que nadie se quede sin vivienda, alimentación o empleo como consecuencia de la pérdida de ingresos: prohibición de desalojos y despidos, congelamiento de deudas hipotecarias, suspensión de pago de los servicios públicos básicos como energía, acueducto y alcantarillado.

En tiempos de cuarentena la solidaridad es decisiva.

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Anexo: Planes de Desarrollo y COVID19

Coronavirus y el Plan Distrital de Desarrollo

Viva la ciudadanía, regional Bogotá

Las consecuencias sociales y económicas de la crisis propiciada por el brote de coronavirus se empiezan a vislumbrar, por lo cual es necesario que el Plan Distrital de Desarrollo contemple medidas para enfrentarlas y para prevenir otras posibles epidemias similares.

Un informe reciente de Corficolombiana señala que la reducción del gasto de los hogares, que comenzó a afectar a sectores como hoteles, restaurantes, cines, bares, centros comerciales, entretenimiento fuera del hogar, se extenderá a otros sectores, lo cual podría significar disminuciones importantes del consumo interno y afectar el producto interno bruto .

En relación con el mundo del trabajo, la Organización Internacional del Trabajo ha planteado que en el marco de la crisis se incrementarán el desempleo y el subempleo, disminuirá la calidad del empleo (en términos de monto de los salarios y acceso a sistemas de protección social), y algunos grupos resultarán más perjudicados que otros, como las personas jóvenes que ya enfrentan muchas barreras para ingresar y mantenerse en el mundo del trabajo; las mujeres, que se encuentran ocupadas principalmente en los sectores de manufactura y servicios; los trabajadores por cuenta propia y los informales, al igual que los trabajadores migrantes .

De manera simultánea con el brote del virus, Colombia se encuentra en un momento clave en materia de políticas públicas, toda vez que se están surtiendo los trámites de formulación y aprobación de los planes territoriales de desarrollo. De acuerdo con la Ley 152 de 1994, durante este mes los consejos territoriales de planeación deberían estar construyendo el concepto sobre el proyecto de plan presentado por las y los gobernadores y alcaldes. Más allá de las dificultades para la participación de la ciudadanía en estas discusiones que se derivan naturalmente de la coyuntura actual, es necesario considerar algunas medidas que deberían ser incluidas en los planes de desarrollo, muchas de las cuales se corresponden con avances en la implementación territorial del Acuerdo de Paz.

Algunas medidas:

• En materia de generación de ingresos, los gobiernos locales deben formular políticas de trabajo decente y digno que contemplen garantías para la formalización laboral, contemplando el teletrabajo, el pago de incapacidades, mecanismos remotos de promoción de salud ocupacional. También se requieren políticas para la creación y fortalecimiento de sistemas de economía del cuidado, que no refuercen estereotipos asociados a la feminización del cuidado pero que reconozcan el aporte económico de estas labores. También se requiere una renta básica universal.

• Frente al abastecimiento, un escenario de cuarentena prolongada genera rupturas en las cadenas de suministro de distintas industrias y en las de comercialización de distintos bienes primarios. Esto, sumado al acaparamiento y a prácticas especulativas, puede tener graves consecuencias en los precios de los bienes de la canasta básica de alimentos, como ha ocurrido en Wuhan, epicentro de la pandemia . Por lo anterior, es necesario identificar en cada municipio y departamento el estado de avance y articulación con el Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación, incluido en el numeral 1.3.4. del Acuerdo Final de Paz, que contempla la formulación de planes para la alimentación y nutrición culturalmente apropiadas y el desarrollo de programas contra el hambre y la desnutrición.

• Políticas de salud: La crisis propiciada por el brote del coronavirus ha mostrado la importancia de los modelos de salud pública. La privatización ha disminuido el número de camas disponibles y ha modificado las prioridades, dejando de lado los enfoques preventivos de salud pública para privilegiar los tratamientos de algunas enfermedades que pueden resultar más rentables. Adicionalmente, la problemática del coronavirus se suma al brote de dengue que durante 2020 ya ha dejado más de 33.000 contagiados y 62 muertos . En esa medida, a pesar de que la política de salud es un asunto del nivel nacional, los gobiernos locales tienen la potestad y la obligación de propiciar políticas de salud tendientes al fortalecimiento de la infraestructura y la calidad de la red pública en las zonas rurales y urbanas y mejorar la oportunidad y la pertinencia de la prestación del servicio.