… de los cuales, cerca del 44%, cifra próxima a las 800.000 personas, se encuentran en condición regular, mientras que el 56% restante, cerca de 1.025.000 habita el país sin documentos o permiso de trabajo. De éstos, hay unos 357.667 viviendo en Bogotá, es decir el 19,9 %, según cifras del 29 de febrero del año en curso.
Las anteriores cifras ilustran la importancia de tratar adecuadamente esta población migrante, si partimos de la base de que un amplio porcentaje de la población venezolana en el país se encuentran en condiciones de pobreza o extrema pobreza. Esto reafirma nuestra primera preocupación; la segregación social que, en muchos casos aunada a la aporofobia, es decir el odio a las personas en situación de pobreza, culmina en la radicalización de dicha xenofobia.
Vuelve a ver la sesión de la escuela virtual sobre este tema
Una primera ilustración del trato dado por nuestro país a esta población vulnerable puede verse en alocuciones recientes del Presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, quien ha manifestado ante la decisión de cerrar las fronteras con la República de Venezuela que “El cierre de fronteras es preventivo, pero ni más faltaba que vamos a actuar con mezquindad”. La afirmación anterior merece especial atención, pues no es claro cómo está actuando el Gobierno, ni qué estrategias implementaría para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes.
Por el contrario, tan sólo dos decretos presidenciales plantean retos en razón a esta población; el Decreto 419 de 2020, de compensación del Impuesto sobre las Ventas, y el Decreto 402 de 2020 de cierre de la frontera con Venezuela, siendo estos insuficientes, segregadores y si se quiere, conflictivos, pues en medio de la crisis de salud, se reafirman los conflictos diplomáticos por encima de las vidas humanas.
Esto también se expresa en consideraciones ideológicas como las que llevaron al gobierno colombiano a rechazar la cooperación con el vecino país para enfrentar la pandemia o a involucrarse en posibles intentos de agresión en las fronteras por iniciativa de Estados Unidos.
Volviendo a la atención de las personas migrantes venezolanas, la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, emitida por el Ministerio de Salud, en su artículo 2.12, establece como medida: “Ordenar a las EPS, entidades territoriales e IPS facilitar la afiliación de oficio al Sistema General de Seguridad Social en Salud de la población colombiana y de los migrantes regulares, utilizando los canales virtuales que este Ministerio ha dispuesto”. Tal normativa deja en desamparo absoluto a aquellos migrantes cuya condición actual es de irregularidad.
Sin embargo, el panorama nacional no es el único desalentador. Al analizar medidas de corte regional, encontramos decisiones municipales como la del Alcalde de Pamplona, Norte de Santander, que son un mayor reflejo de la actitud para afrontar la situación de la Administración. El mandatario local Humberto Quintero, mediante Decreto 0032 del 17 de marzo de 2020, permitió la intervención de la policía para prohibir el ingreso y permanencia de migrantes en condición de irregularidad como medida de contención del COVID-19, lo que ha elevado las denuncias de agresiones y persecuciones de la población venezolana en el Municipio de Pamplona, y en todo Norte de Santander. Al respecto, deberá pronunciarse el juez administrativo del circuito, al tratarse de normas que violan a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos.
En Bogotá, por otra parte, si bien el Distrito presta atención a esta población desde las Secretarías de Integración Social y de Gobierno, polémicas resultaron las declaraciones de la mandataria Distrital de Bogotá, quien manifestó recientemente que los inmigrantes venezolanos en Bogotá no eran su responsabilidad, sino de Migración Colombia.
Entendiendo que los deberes del gobierno nacional en esta materia no excluyen los del distrito, no solo de la atención sino del reconocimiento de la población migrante venezolana, es necesario que las políticas y las declaraciones públicas se orienten siempre por los principios de solidaridad y hermandad entre los pueblos.
En definitiva, y en virtud de los diferentes pronunciamientos de instancias internacionales, como la OMS y la OPS, que confluyen en la preocupación por la población migrante, vulnerable en circunstancias de normalidad y mucho más ante una pandemia, así como de los diferentes tratados internacionales que consagran derechos humanos a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, es evidente que nos encontramos ante una problemática de corte político-humanitario, que exige salud pública universal y ayuda efectiva a la población migrante en todas las latitudes, evitando todas las formas de segregación social y xenofobia. Ante lo anterior, el llamado al Gobierno Nacional es a que cumpla con las ayudas y solidaridad prometidas, pues hasta hoy, no se ven siquiera a la distancia.
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