París, Bogotá, México — La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) e IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos han decidido unir fuerzas para contribuir en la lucha contra la impunidad de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada en Colombia y México.
Este trabajo se realizará a través de la documentación y de acciones de movilización para dar a conocer la existencia de crímenes de lesa humanidad en ambos países, del litigio a nivel local acerca de estos crímenes, intercambiando experiencias entre abogados sobre las estrategias y, finalmente, de la creación de espacios de intercambio de experiencias entre los colectivos de víctimas de Colombia y México. Con la campaña #JuntasContraLaImpunidad esperamos lograr la puesta en marcha de políticas públicas de justicia que rompan con los esquemas de impunidad y pongan a las víctimas en su centro, y con avances en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas que se viene dando en el contexto de cada país.
La primera etapa pública de esta iniciativa se llevó a cabo ayer, donde tras un año de monitoreo del funcionamiento de los nuevos mecanismos de justicia y atención a víctimas creados recientemente en ambos países, se presentaron en el webinar “¿Y la impunidad? Situación de México y Colombia” los principales obstáculos para investigar y sancionar casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia y México, respectivamente, en una discusión con organizaciones, víctimas y una delegada de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
Sobre la situación de México, se develaron las cifras de la violencia y la impunidad estructural en el país; asimismo, se expuso la falta de voluntad y capacidad de la justicia mexicana para investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, las organizaciones convocantes demandaron al Estado mexicano remitir la situación de México a la CPI y reconocer la existencia de crímenes de lesa humanidad. De igual forma, señalaron que la apertura de un examen preliminar en México implicaría un giro indispensable en las investigaciones para que se incorporen metodologías de análisis de contexto, se esclarezcan los hechos y se sancione a los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país.
Acerca de Colombia, a lo largo del webinar se resaltó que si bien hay avances en términos de verdad y participación de víctimas dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), todavía es muy temprano para evaluar que se ha superado la impunidad. Al contrario, la Justicia Transicional sigue siendo frágil ante la falta de colaboración de entes de la Justicia Ordinaria, como la Fiscalía General de la Nación o la Justicia Penal Militar, así como por los continuos intentos por modificar su marco normativo. Se reconoció que el monitoreo de la CPI debería continuar, en particular para que las víctimas logren saber quiénes dieron las órdenes y que los más altos responsables sean sancionados.
