El Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó, en uso legítimo de nuestro derecho y deber de defender y exigir la protección, cumplimiento, respeto y garantía de los Derechos Humanos denunciamos la la vulneración reiterada de tales derechos y del Derecho de Ginebra, cometidos en contra de la comunidad campesina del Corregimiento de San José de Apartadó por parte de la Brigada XXII del Ejército Nacional.

 

El Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó, en uso legítimo de nuestro derecho y deber de defender y exigir la protección, cumplimiento, respeto y garantía de los Derechos Humanos, ante la vulneración reiterada de tales derechos y del Derecho de Ginebra, cometidas en contra de la comunidad campesina del Corregimiento de San José de Apartadó por parte de la Brigada XXII del Ejército Nacional:
DENUNCIAMOS PÚBLICAMENTE
Que muy a pesar de nuestros clamores a las instituciones para solicitar y/o exigir legítimamente el cumplimiento estricto de las leyes, de los acuerdos internacionales suscritos por el Estado colombiano en materia de derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y demás obligaciones de carácter jurídico-internacional, tales como las medidas cautelares ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de la Comunidad de Paz y de la comunidad en general del Corregimiento de San José de Apartadó. Las recomendaciones en materia de protección, respeto, garantía y cumplimiento de los derechos humanos hechas desde las diferentes Oficinas delegadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como los compromisos asumidos por la institucionalidad de cara ante la misma comunidad en los diferentes espacios de interlocución, el día 21 de noviembre, fuimos de nuevo expuestos a la violencia y a la guerra, por parte del ejército nacional, demostrándose así, el desprecio de la institucionalidad hacia nuestras vidas siendo utilizados como escudos humanos, en una operación cívico militar con presencia de personal uniformado y armado dentro de nuestro casco urbano en momentos en que la comunidad se reunía con autoridades civiles del orden departamental. En esta ocasión, el ejército nutrió su jornada o acción cívico-militar trayendo personas ajenas a la comunidad.
Luego de terminada la jornada, en el medio radial Antena Estéreo de Urabá, el coronel Germán Rojas de la Brigada XVII, hizo una serie de declaraciones en las que descalificó, señaló y estigmatizó en un intento de deslegitimar al Comité de y para los derechos Humanos de San José de Apartadó. En esas declaraciones dice el coronel: “(…) ese Comité y los que dicen ser Defensores de Derechos Humanos son unos aparecidos… no representan la comunidad… no son los líderes de las comunidades… son 5 personas que llevan 2 o 3 años en la región, el que más lleva 4 años… que son los que especulan y los que mal informan a la comunidad (…)”. Luego, a la pregunta que le hace el periodista sobre si se levantan los líderes de la Mesa Regional con la Gobernación, el coronel de la brigada XVII responde: “(…) que es que allí no hay una mesa… que solo son unos 4 o 5 que dicen ser líderes… que no representan la comunidad… son personas que no viven hace mucho en San José…”. Por su parte, el comandante del batallón voltigeros de apellido Rojas dice: “(…) que no era una jornada cívico militar sino una jornada de apoyo al desarrollo…que la actividad fue exclusivamente para los niños… esperábamos mucha participación pero que algunos líderes mal informaban para que no asistieran la gente de las veredas”. Por otra parte, el secretario de Gobierno Fredy Largo aseguró que sí era una jornada cívico-militar pero que el ejército tiene todo el derecho a realizar dichas jornadas, que lamentaba mucho que habían 5 líderes que mal informaban a las personas para que no asistieran a dicha jornada.
ANTECEDENTES
El día 26 de octubre, unas doscientas personas de la comunidad de manera espontánea y pacífica, realizaron una marcha de protesta contra una operación cívico-militar que realizaría la Brigada XVII en el casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó, acción militar que no pudo llevarse a cabo por la oposición de la comunidad.
Ese mismo día y el día siguiente (26 y 27 de octubre), el coronel German Rojas y el teniente Javier Rojas adscritos a la Brigada XVII, hicieron declaraciones públicas ante diferentes medios de comunicación local (La Chiva de Urabá y Antena Estéreo, entre otros) en las que dijeron que la protesta había estado dirigida por cuatro personas que eran colaboradores del 5º frente de las Farc, que había encapuchados, que se había obligado y utilizado a niños como escudos humanos y anunciaron que presentarían denuncias penales ante la Fiscalía. Todo lo cual refirió igualmente ante el periódico El Heraldo de Urabá, el secretario de gobierno local.
El día 6 de noviembre en un espacio de interlocución y aclaración entre el ejército y la comunidad (representada con la asistencia de 40 líderes de todas la veredas del corregimiento) propiciado por la Oficina de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia y la Pastoral Social, en la que hicieron presencia además, la Procuraduría Regional, la Personería y la Defensoría Local; el General Brigadier Leonel Pinto, de la Séptima División, pidió disculpas a la comunidad y se comprometió a rectificar públicamente las declaraciones rendidas en medios por sus subalternos, compromiso que hasta la actualidad no ha sido cumplido.

Las operaciones tácticas de cooptación denominadas “acciones cívico militares”, violan la legislación nacional que protege los derechos de los niños, las niñas y la adolescencia. La Ley 1098 del 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) en su artículo 41, numeral 29 prescribe: “Asegurar que no sean expuestos a ninguna forma de explotación económica o a la mendicidad y abstenerse de utilizarlos en actividades militares, operaciones psicológicas, campañas cívico-militares y similares”.
En ese sentido, el estado colombiano el 11 de junio de 2010, recibió recomendaciones del Comité Internacional de los Derechos de los niños, definiendo que las operaciones cívico-militares violan el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.
Las operaciones cívico-militares van en contravía de los principios declarados en el Derecho Internacional Humanitario, en particular violan los principios de Prevención y de Distinción ya que se utiliza a la población civil con fines estratégico-militares y los exponen al peligro de la confrontación armada; obedecen a estrategias de consolidación militar con fines de ventaja táctica no legítima, por cuanto pretenden vincular a las personas no combatientes a las dinámicas de la guerra, lo cual reiteramos, se encuentra proscrito por las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Esto implica que tales prácticas constituyen un verdadero crimen de guerra cometido por el propio estado colombiano a través de su fuerza pública porque violan de manera directa el deber de protección que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos, de manera especial el de la población civil que vive en zonas de conflicto social y armado como la nuestra.
De otro lado, estas operaciones de cooptación civil para fines militares u operaciones cívico militares, tampoco responden a los principios ni a las funciones constitucionales de la fuerza pública que está instituida para proteger la soberanía nacional y no para hacer obras de caridad o suplantar las obligaciones, que en materia de inversión social le corresponde a las autoridades administrativas y civiles del Estado.

Entonces nos preguntamos, ¿para qué sirven las leyes? Si por encima de ellas está la actitud desafiante de funcionarios que conscientes e impunemente las violan. ¿Quién nos protege como comunidad? Si son las mismas instituciones y funcionarios responsables de nuestra protección, quienes históricamente nos vienen agrediendo.
Así, con los anteriores argumentos fundamentados y amparados en la ley, la comunidad ha rechazado de manera pública, en espacios de interlocución, mediante diversos tipos de manifestaciones públicas y de manera pacífica, la presencia de armas de cualquier actor del conflicto, sea legal o ilegal, porque constituye un riesgo para la vida de la población civil.
Las comunidades tienen razones históricas para rechazar la exagerada e irrespetuosa cercanía de la fuerza pública con los civiles. No olvidamos y nunca lo haremos a las víctimas inocentes de nuestro corregimiento, como el caso de la muerte de CARLOS TORRES el día 9 de abril del año 2013, DEIMER GUACA en octubre del 2012, el asesinato vil cometido contra la niña YERIT MAGALI MUÑOZ el pasado 2 de julio de 2014 por soldados del ejército nacional y que luego presentaron como una guerrillera dada de baja en combate (falso positivo). También recordamos con consternación las veces en que han sido ametrallados y bombardeados de manera indiscriminada nuestros hogares por la fuerza pública.
Amparados en la Ley y en nuestros Derechos:
RECHAZAMOS:
La militarización de los espacios en los que juegan y se educan los niños y las niñas.
Los señalamientos, las estigmatizaciones e intentos de deslegitimar a las misiones del Comité de y para los Derechos Humanos.
Todas las formas en las que son vulnerados los derechos humanos en San José.
Por todo lo anterior:
EXIGIMOS
Que cesen estas estrategias de vinculación y articulación a las dinámicas de una guerra de la que en nuestra calidad de población civil nos resistimos a hacer parte, en las que se aprovechan de nuestras necesidades más sentidas y urgentes como la salud. Exigimos además, que cesen las estigmatizaciones contra los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos que sólo reclamamos para nuestro territorio vida en vez de guerra.

Al Presidente Juan Manuel Santos y al Gobernador de Antioquia Sergio Fajardo:

Que adopte las medidas inaplazables contempladas en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, ordenando instrucciones y mecanismos claros que busquen prevenir los riesgos que puedan afectar a la población civil.

Que no permita estos comportamientos dentro de las instituciones del Estado, pues ponen en peligro a la población y no están acordes a las funciones constitucionales de la Patria.

Que se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de líderes y lideresas defensores y defensoras de derechos humanos y demás personas protegidas por el Derecho de Ginebra.

Que reprochen, rechacen y desautoricen públicamente las lamentables declaraciones del coronel GERMAN ROJAS Y EL TENIENTE JAVIER ROJAS contra los manifestantes en uso legítimo, constitucional y legal de su derecho  a la protesta pacífica.

A la Fiscalía General de la Nación:

Que investigue, identifique e inicie los respectivos procedimientos de carácter jurídico penal a que haya lugar en contra de los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y accione todas las medidas que permitan reducir los riesgos y las amenazas que ponen en peligro a la población civil por hechos que constituyen crímenes de guerra sancionables por el Estatuto Penal Colombiano.

Investigue y sancione los señalamientos, estigmatizaciones realizadas en las declaraciones que violan principios de nuestra democracia y ponen en peligro a los manifestantes legitimados por nuestro Estado Social de Derecho y que constituyen conductas penales descritas en el Estatuto Penal como injuria y calumnia.

Que cumpla las funciones establecidas en la ley para investigar las afectaciones a la población y determinar  las responsabilidades individuales de los infractores en la clara violación a los Derechos Humanos y al Derecho internacional Humanitario, así estas responsabilidades sean cometidas por el  mismo Estado.

A la Procuraduría General de la Nación:

Que investigue, sancione, e inicie los respectivos procedimientos de carácter jurídico-disciplinarios a los que haya lugar contra los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y accione todas las medidas que permitan reducir los riesgos y las amenazas que ponen en peligro a la población civil.
Investigue y sancione los señalamientos, estigmatizaciones realizadas por las declaraciones que violan principios de nuestra democracia y ponen en peligro a los manifestantes legitimados por nuestro Estado Social de Derecho.

Que cumpla las funciones establecidas en la ley para investigar, sancionar y determinar las responsabilidades individuales de los infractores en la clara violación a los Derechos Humanos y al Derecho internacional Humanitario.

A la Personería Municipal de Apartadó:

Que basados en las funciones constitucionales de las Personerías en Colombia brinde y defienda las garantías a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, aunque esas violaciones provengan incluso de instituciones del mismo Estado como la fuerza pública.

Que en derecho, y en uso de sus funciones realice lo concerniente para no permitir los señalamientos y las estigmatizaciones pues estás lamentables e ilegales prácticas no deben ser permitidas a los funcionarios públicos y van en contravía de las leyes de nuestro país y contra las obligaciones adquiridas mediante los acuerdos suscritos por el Estado colombiano en materia de Derechos Humanos.

A la Defensoría del Pueblo:

Para que en consecuencia de sus funciones claramente establecidas en la constitución y la ley, defienda y no descanse hasta garantizar el cumplimiento de  Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, el Código de Infancia y Adolescencia, los Derechos Internacionales de los Niños y los demás a los que haya lugar.

LLAMAMOS

A la Opinión Pública nacional e internacional, a los Organismos de protección y defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, a todas las organizaciones y personas sensibles al dolor humano cercano y lejano a que suscriban nuestras sentidas, urgentes y justas demandas al Estado colombiano.

Posad vuestros ojos sobre nuestras heridas, reconoced y señalad a nuestros verdugos, hasta que sepan que no somos pocos, que no estamos solos y que están perdidos.

Con copia:

·                   JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República

·                   JUAN CARLOS PINZÓN
Ministro de la Defensa

·                   JUAN FERNANDO CRISTO.
Ministro del Interior

·                   MINISTERIO DE JUSTICIA.

·                   LUIS EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación

·                   JORGE ARMANDO OTALORA
Defensor del Pueblo

·                   ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación

·                   Secretaría de Gobierno de Antioquia
Santiago Londoño Uribe (Secretario)
·                   Secretaría General De Antioquia Clara Luz Mejía Vélez (Secretaria)
·                   JORGE ENRIQUE CALERO CHACÓN – Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de Violaciones de DDHH y DIH.
·                   Defensoría Regional de Urabá
·                   Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
·                   Organización Nizkor para los Derechos Humanos. [email protected]
·                   Federación Internacional de Defensores de Derechos Humanos (FIDH).
·                   Corporación Jurídica José Alvear Restrepo
·                   Corporación Jurídica Libertad.
·                   Comité Permanente para los Derechos Humanos de Antioquia.
·                   Coordinación Colombia Europa Estados Unidos COOEUROPA Nodo Antioquia.
·                   Corporación REINICIAR
·                   Entre otras…