Defensores y defensoras del territorio se encontraron en ‘Maestra Vida’, El Tambo, Cauca

Defensores y defensoras del territorio se encontraron en ‘Maestra Vida’, El Tambo, Cauca

Para analizar posibles caminos para gestionar los conflictos socio-ambientales de las regiones colombianas, del 12 al 16 de Noviembre de 2015 se llevó a cabo en el Suroccidente el taller final del curso: ’Justicia Ambiental para la Protección y la Permanencia en el Territorio’

 

“La montaña aprovecha un momento de distracción para sacudirse de la bruma”
Salim Bellen

Para analizar posibles caminos para gestionar los conflictos socio-ambientales de las regiones colombianas, del 12 al 16 de Noviembre de 2015 se llevó a cabo en el Suroccidente el taller final del curso: ‘Justicia Ambiental para la Protección y la Permanencia en el Territorio’ (1) con una propuesta pedagógica ambiental alternativa. Nos reunimos en ‘Maestra Vida’, Fueron intensos días de trabajo en los que se afianzaron lazos organizativos de líderes y lideresas del territorio y el ambiente de Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Huila.

Este curso hace parte de la Escuela de Facilitadores jurídicos que realiza el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo desde el año 2002, como parte de su permanente compromiso por acompañar a las comunidades en la protección del territorio. Desde entonces, integrantes de diferentes organizaciones sociales del país han participado de procesos de reflexión y análisis sobre derechos humanos, económicos sociales, culturales y ambientales, el acceso a la justicia y la aplicación concreta de las normas para su protección.

En el taller se reencontraron las organizaciones: Cabildo Inda Sabaleta, Cabildo Inda Guacaray y Resguardo Santa Rosita que son parte de UNIPA en Tumaco (Unidad Indígena del Pueblo Awa), Red de Guardianes de Semillas de Vida – RGSV en Pasto, Asociación Campesina de Inzá, Tierradentro – ACIT, Cabildo Indígena Yakuas del pueblo Yanakona en Palestina, Huila, Colectivo ‘Entrecalles’ de Congreso de los Pueblos en Popayán, Comité e Integración del Macizo Colombiano – CIMA, Proceso Campesino y Popular del municipio de La Vega – PCPV, Movimiento Ríos Vivos con el Consejo Comunitario de Las Brisas en Suarez, Cabildo Cerro Tijeras en Suarez, Ecolprovys en Cali, el Proceso de Comunidades Negras – PCN en Buenaventura con los Ríos Yurumangui y Anchicayá y Asonaret de la Vereda de Paraguay en Oporapa, Huila, teniendo el acompañamiento de invitados especiales de la Fundación Bertha.
En las jornadas de trabajo se reflexionaron elementos conceptuales y prácticos de la Justicia Ambiental y su aplicación real y estratégica en los territorios a través de actividades como una ‘Audiencia Simulada’ o una ‘Asamblea Comunitaria’.

También se realizaron visitas de incidencia a instituciones en la ciudad de Popayán, como: Secretarías de la Mujer, Gobierno y Educación de la Gobernación, Defensoría Regional del Pueblo, PNUD – Naciones Unidas, Juzgado Primero Administrativo de Popayán, Corporación Regional del Cauca: de las cuales se concluyeron los alcances y las limitaciones de estas entidades en relación con sus contextos sociales y políticos de sus regiones.

Además se afianzaron saberes a través de talleres sobre diseño de planes de incidencia, protección y seguridad brindado por compañeros PBI -Brigadas de Paz Internacional- y un conversatorio sobre la aplicación de Justicia Autónoma desde enfoques de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas para la resolución de conflictos internos y con la institucionalidad del Estado, valorando siempre el intercambio de prácticas como el ejercicio de hacer seguimiento a las semillas intercambiadas en el primer encuentro.

Por otra parte abordando las temáticas jurídicas sobre principios internacionales ambientales de la justicia ambiental en Colombia y Suroccidente se analizó el tema de las licencias ambientales, desde la experiencia de una acción popular interpuesta a favor de mantener la moratoria minera y de cuestionar la apertura de la ventanilla minera para licencias ‘express’; se comprobó que es fundamental que los procesos organizativos tengan una buena capacidad argumentativa y probatoria para aprovechar al máximo posible el uso de herramientas jurídicas de protección territorial y ambiental como acciones administrativas, constitucionales, populares o de control político.

Finalmente se generó el acuerdo de fortalecer una articulación y hermanamiento de las organizaciones para darle continuidad al proceso y al tejido en red, con el ánimo de encontrarnos en acciones del presente año y del 2016.

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